La pasada madrugada dejó en Santa Cruz un balance tan absurdo como desolador: catorce contenedores reducidos a cenizas, tres vehículos calcinados, otros tres seriamente dañados y varias palmeras destruidas por una cadena de incendios provocados que fue desplazándose por distintos barrios de la ciudad. No fue una protesta contra alguien o algo, ni hubo beneficio económico, ni un objetivo reconocible. Sólo destrozos. Y quizá sea precisamente esa ausencia de sentido lo más inquietante de todo.

El precio de la vivienda estalla en manifestaciones, la inmigración ocupa portadas casi a diario, el exceso de turismo se ha adueñado del debate político… Pero mientras discutimos sobre todo lo que va mal, dejamos de lado un cambio sustancial, el de una demografía completamente incapaz de sostener el reemplazo. Canarias está dejando de tener hijos. No de forma coyuntural. De forma estructural. Tan estructural que el Archipiélago sólo mantiene hoy su crecimiento demográfico gracias a la llegada...

La política tiene la capacidad de convertir las buenas intenciones en problemas. La ley que se aprobó ayer para iniciar el trámite de reforma de la Radiotelevisión Canaria nace envuelta en una polémica tan previsible como impostada: para la oposición supone un retroceso democrático; para el Gobierno y su tropa, la única manera de sacar al ente de la parálisis que arrastra desde hace más de una década. Como materia de litigio y confrontación, tiene un pase, pero –como suele ocurrir con frecuencia cuando de partidos se trata- el verdadero debate se hurta al Parlamento y la ciudadanía. Porque el asunto no es quién controlará la televisión pública –de eso se ocupa siempre y en cualquier lugar quien gobierna- sino por qué las instituciones intentan funcionar con reglas diseñadas para un sistema político que ya no existe.

Es frecuente en las investigaciones judiciales, que llegue un momento en el que el caso deja de depender únicamente de documentos, transferencias bancarias o informes policiales y empieza a sostenerse sobre algo distinto y mucho más peligroso para quienes están siendo investigados: las declaraciones de quienes participaron en los hechos. Y no porque esas declaraciones sean automáticamente ciertas, sino porque obligan a comprobarlas. Cuando varios protagonistas diferentes comienzan a cantar una melodía coincidente, el escenario tiende a vibrar. Y el público se entusiasma. A veces radicalmente.

Argentina ha dado en las últimas décadas algunos de los futbolistas más extraordinarios del mundo, pero también ha cultivado una idea muy particular de su viveza criolla: la convicción de que ganar justifica llevar el reglamento hasta sus límites. Esa cultura deportiva matonil y agresiva pone a prueba el autocontrol en la derrota. Cuando el esloveno Slavko Vinčić señaló el domingo el final del encuentro, el fútbol terminó. Ya no quedaba jugada alguna por disputar, balón que recuperar, o...

En estos últimos años, el debate sobre la memoria histórica se ha ido simplificando hasta extremos que a veces resultan casi caricaturescos. Es cierto que siempre habrá quienes presenten las iniciativas para recuperar las víctimas de la Guerra Civil, como un ejercicio de revancha ideológica, mientras otros consideran que cualquier crítica a la forma en que el Estado gestiona esa memoria, es una forma de negacionismo o nostalgia franquista. Entre ambas posiciones se va perdiendo la idea esencial: la memoria pertenece al ciudadano antes que al Estado.

Mientras los ojos del mundo siguen pendientes de los avances y retrocesos de la guerra con Rusia, Zelenski ha destituido a su ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, uno de los miembros más populares de su Gobierno y el principal impulsor de la modernización tecnológica del ejército ucraniano. Con solo 35 años, se había convertido en el símbolo de los cambios militares: impulsó el programa de drones, digitalizó buena parte de la gestión militar y era percibido, tanto dentro como fuera de Ucrania, como un reformista eficaz. La decisión de su cese parece responder al deterioro de la relación entre el ministro y la cúpula militar, hasta el punto de hacer imposible su continuidad.

Con la resolución de la Audiencia de Madrid, enviando a juicio con jurado popular a Begoña, la situación cambia de manera relevante, no tanto porque vaya a producirse un juicio de forma inmediata -todavía quedan tiempo y trámites- sino porque el principal tribunal revisor de la instrucción ha validado, en lo esencial, que existen indicios suficientes para continuar el procedimiento por la vía del Tribunal con Jurado por dos delitos: tráfico de influencias y malversación. La noticia tiene dos...

Los nueve años de inhabilitación de David Azagra  y los 18 de Gallardo, los despachan el PSOE y sus entregados socios con una serie de sorprendentes declaraciones para explicar la sentencia. Por ejemplo, que –a pesar de la condena- no existe un problema judicial del hermanísimo y compinches, sino una conspiración contra Sánchez. No hay indicios suficientes, pues. Hay lawfare: ocurre porque no hay jueces independientes, ni policías judiciales que investigaron lo ocurrido, sino magistrados...

La reacción socialista a la condena de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y de Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura, por la contratación del hermano en la Diputación de Badajoz, vuelve a poner de manifiesto que en política siempre hay a mano una respuesta defensiva cuando las cosas vienen mal dadas: la culpa es de los otros.