El Hotel Martianez saluda a los marinos alemanes que desembarcaban en Puerto de la Cruz.
Llevo tantos años escribiendo sobre la memoria histórica (después democrática), sobre estatuas, cruces, calles, placas y los huesos de Franco, que confieso haber llegado al hartazgo. Hace tiempo que esta dejó de ser una discusión sobre cómo reparar una injusticia, para convertirse en confrontación política, empeñada en dividir otra vez a los españoles entre fascistas y antifascistas, entre buenos y malos, entre herederos de una memoria legítima y sospechosos de conservar otra ilegítima. Es una historia tan usada, tan exprimida y tan podrida que cuesta encontrar una razón para volver sobre ella.
Pero vuelvo a hacerlo: el ministro Torres ha decidido convertir la retirada del monumento a Franco en Santa Cruz en una prioridad política de primera magnitud. No discutiré aquí si la escultura debe permanecer o desaparecer, a estas alturas me importa un bledo. O sea, bastante menos de lo que parece importarles a quienes han hecho del asunto bandera. Lo que de verdad me interesa aún es la manera en que una democracia decide relacionarse con su pasado. En España nos preocupan mucho más las piedras que las personas, hemos dedicado más energía a discutir estatuas que a reparar de verdad a quienes padecieron la represión. Mucho más esfuerzo a decidir qué símbolos ocultar, que a explicar a las nuevas generaciones por qué sufrimos la Guerra Civil, por qué parte del Ejército se levantó contra la República, por qué tantos españoles acabaron matándose entre sí y por qué aquella tragedia trajo cuarenta años de dictadura.
Explicarlo es, a mi juicio, la gran deuda moral de la democracia. Y ayudar a las familias que todavía buscan a sus muertos, identificar a quienes fueron arrojados a las cunetas o enterrados en fosas comunes, restituir su dignidad y la de sus descendientes. Porque las leyes deben cumplirse en todos sus aspectos, no sólo en los que ofrecen una fotografía vistosa o un titular rentable. Todo lo demás pertenece al terreno de los símbolos. Y ahí es donde empieza mi discrepancia: siempre he creído que es un contrasentido legislar sobre la memoria. La memoria pertenece a las personas, no a los Estados. Es tan íntima como el pensamiento. Ningún Gobierno puede decirnos qué debemos recordar, igual que no puede decidir qué debemos sentir. Lo que sí puede hacer la democracia es prohibir la exaltación de la dictadura, retirar los homenajes públicos a quienes destruyeron las libertades y explicar qué hizo posible nuestra desgracia como nación.
Pero explicar no es ocultar. Una democracia fuerte no necesita fabricar memoria. Necesita enseñar historia. Y ahí es donde creo que hemos fracasado, sustituyendo la necesaria pedagogía sobre nuestro pasado por la ingeniería del recuerdo. En lugar de comprender el franquismo, sus causas, su evolución y su final, preferimos librar una interminable y agotadora batalla cultural alrededor de las estatuas. monumentos y vestigios, como si retirando un monumento desapareciera también la dictadura que lo levantó.
Franco ganó una guerra civil y gobernó España durante cuarenta años sin demasiada oposición interior. Ocurrió, es un hecho histórico, no una opinión que pueda ser discutida o confrontada. La mejor manera de impedir que vuelva a repetirse algo así no es esconder vestigios, sino explicar por qué llegaron a existir. Que se entienda porque miles de ciudadanos anónimos de la isla de Tenerife financiaron de sus propios bolsillos la escultura de Juan de Ávalos. Por qué lo hicieron.
Cada país ha afrontado el problema de la memoria de manera diferente. Italia conserva numerosos monumentos levantados durante el fascismo. Alemania no: la guerra arrasó físicamente el país. Pero los alemanes tardaron décadas en enfrentarse a la realidad del Holocausto. Rusia ha metido en sus parques del recuerdo las estatuas de Lenin y Stalin y muchas repúblicas exsoviéticas han resignificado los edificios y monumentos del pasado. Sudáfrica ha mantenido las cárceles del apartheid, convirtiendo en iglesias civiles las celdas donde vivió Mandela. Ninguna de esas sociedades enfrentó su pasado simplemente retirando esculturas. Lo enfrentaron enseñando historia.
España llegó tarde al debate sobre su pasado y, cuando llegó, lo hizo contaminado por prejuicios e intereses partidistas. La memoria dejó de ser un ejercicio de justicia para convertirse en instrumento para alentar el conflicto político. Pero el patrimonio no existe para halagar nuestro presente, sino para recordarnos nuestro pasado, incluso cuando ese pasado resulta tóxico y destructivo. No tiramos los edificios donde se dictaron sentencias de muerte durante el franquismo. No demolimos las cárceles. No derribamos los cuarteles. ¿Por qué habría de ser distinto con una escultura? ¿De verdad creemos que ocultarla hará desaparecer aquello que representa?
Las piedras carecen de memoria. La memoria somos nosotros.
