Vidina Espino pidió ayer a la Mesa del Parlamento que cancele la compra de los nuevos sillones para los diputados, en los que el Parlamento va a gastar algo más de cien mil euros. La diputada ha recordado que la ley de contratos del sector público contempla la cancelación de una adjudicación cuando no es de interés público. Es opinable que el confort de los traseros de los diputados sea de interés general, pero el hecho es que la compra podría ser suspendida, porque aún quedan más de dos meses para que los sillones sean entregados y aún no se ha pagado ni un euro. Espino se ha significado en este asunto, denunciando el silencio del resto de miembros de la Junta de Portavoces del Parlamento ante una compra planteada hace ya varios meses, pero de la que se tuvo conocimiento público la pasada semana y que ha resultado muy polémica.
La diputada emitió ayer una nota de prensa en la que asegura que tras incorporarse la polémica sobre el encargo de los sillones al orden del día de la Junta de Portavoces del Parlamento –un organismo en el que están representados todos los grupos parlamentarios, y que comparte con la Mesa de la cámara la organización de la agenda parlamentaria- ninguno de los portavoces quiso pronunciarse ni pidió intervenir sobre este asunto, ni siquiera el representante de Podemos, Manuel Marrero, que hace unos días fue muy crítico con la compra.
Lo cierto es que este asunto de los sillones –cuyo cambio sde justifica en la comodidad de Sus Señorías después de casi tres décadas de usar los mismos- se ha convertido en muy incómodo para los diputados. Los cuatro grandes partidos presentes en la Mesa de la Cámara –el PSOE, Coalición, el PP y Nueva Canarias- apoyaron en su día el gasto, aunque desde que ésta compra se hizo pública nadie se ha pronunciado defendiéndola abiertamente. Es un asunto que se presta a su utilización demagógica, como la mayoría de los que tienen que ver con los privilegios y canonjías de la clase política. Pero también es cierto que esta compra ha provocado un enorme rechazo en la ciudadanía. Espino ha recordado que cien mil euros, es lo que el Gobierno de Canarias se gasta anualmente a los Bancos de Alimentos de las capitales canarias. La comparación da que pensar.
