Sobre las prisas de última hora…

por | 25 mayo, 2023 | El enfoque

José Julián Mena durante una visita a las instalaciones de depuración de aguas de Canaragua en Arona, acompañado por el director de zona de la empresa en Tenerife, Daniel Martín

Es frecuente en política aprovechar hasta el último minuto, sobre todo si uno no sabe si va a seguir o no en el machito. Las elecciones las carga el diablo, y en una región como la nuestra, donde en cada ayuntamiento se fraguan tres o cuatro mayorías distintas, es frecuente que muchas administraciones aprieten el acelerador en los últimos meses del mandato, para dejar atado y bien atado todo lo que se pueda. Y es aún más frecuente que eso ocurra en esos ayuntamientos de los sures, donde muchas veces no llegan o llegan mal los medios, donde los alcaldes se perpetúan durante décadas y décadas como si nada, y donde la vigilancia de las decisiones políticas se encomienda a otros políticos, en algunos casos dispuestos a mirar para otro lado, porque ya hicieron cosas parecidas o aspiran a hacerlo.    

Así ocurren cosas parecidas a la que va a suceder hoy en Arona, donde pareciera que se les ha pasado el arroz y han tenido que convocar Ayuntamiento pleno en primera convocatoria a celebrar hoy a las nueve de la mañana, y en el hipotético y poco probable caso de falta de quorum, este próximo sábado, jornada de reflexión electoral, a la misma hora.

Uno se pregunta qué prisas puede haber para meter así, con calzador, un pleno cuando uno está ya en la misma puerta de salida de su mandato. Revisando el orden del día no se percibe nada, hasta que salta un gazapo en letra pequeña después de mucha mayúscula que suena a blablablá administrativo. Parece que la cosa va de resolver discrepancias pendientes en relación con “el servicio público de gestión del abastecimiento domiciliario de agua potable y del alcantarillado”. ¿Discrepancias? ¿Qué discrepancias serán esas? Y entonces, al final mismo del largo párrafo en mayúsculas, te encuentras con la clave del asunto: hay discrepancias en cuanto a la prórroga del contrato: un contrato de abastecimiento de agua potable adjudicado en 1988 a la empresa Aquagest, que fue subrogado doce años después con todos los derechos y obligaciones a Canaragua, la mayor prestataria de servicios públicos vinculados al agua en Canarias, con 800 trabajadores en las islas, 283.000 clientes y 150 millones de euros de facturación. Canaragua es propiedad indirecta de Veolia, uno de los mayores holding de infraestructuras y servicios de Europa, con una facturación anual que ronda los 37.000 millones de euros y una plantilla de 230.000 personas. Hace unos meses, en una operación hostil de absorción, que acabó con varios litigios, Veolia se hizo con el control del 90 por ciento Suez, la gigantesca y legendaria multinacional de servicios públicos, propietaria a su vez del Grupo Agbar y de Aguas de Barcelona, la madre de las aguas municipales de España, que es a su vez dueña de Canaragua.​ Puro poderío. 

Pero a lo nuestro: en 2012, cuando venció aquél contrato original por veinticinco años, el Ayuntamiento acordó una prórroga de cinco años más, hasta 2018, condicionada –como suele hacerse- a la ejecución de un plan de actuaciones para la mejora del servicio. Un plan que incluía la eliminación de pérdidas en la red de tuberías, la renovación de oficinas y vehículos en Arona, la mejora en la respuesta en las incidencias y la implantación de una gestión de calidad basada en la normativa ISO. El compromiso era invertir dos millones y medio de euros en esas medidas, una pequeña fortuna para un municipio como Arona. Sin embargo, los servicios técnicos del área y la intervención municipal, no lo vieron nada claro: emitieron informes en los que de manera reiterada advertían que el contrato era ya muy antiguo y poco preciso, y dictaminaron en contra de su prórroga. Aún así, no sólo se produjo la primera prórroga, sino que en 2018 volvió a producirse una segunda de forma tácita por otros cinco años, sorprendentemente sin existir siquiera informe oficial que avalara que las inversiones comprometidas se habían llegado a realizar. Y ya durante este mandato municipal, con todos los líos del gobierno municipal de José Julián Mena, y su turismo de ida y vuelta desde el PSOE al PSOE, nadie se ha preocupado por licitar el servicio. Han dejado pasar ya 35 años desde que se produjo la última adjudicación, sin que se materialicen inversiones -más allá de la reparación de averías con pérdida de agua, recurrentes por la antigüedad de la instalación- ni en la mejora de la red de distribución ni en los envejecidos depósitos. Quizá como resultado de eso, las tarifas que pagan los vecinos de Arona por el servicio de aguas son de las más caras de Canarias.

Y probablemente seguirán siéndolo: hoy, o a más tardar el próximo sábado si la oposición se planta y no acude al pleno, tendremos una tercera prórroga del que es probablemente uno de los contratos de servicio municipal más longevos de Canarias.

Todo a la zorruna y con prisas. Y es que hay en juego alrededor de cien millones de euros, repartidos en 20 millones por año, y con un beneficio global que podría alcanzar los diez millones.  Muchísimo dinero. Si fuera en metálico, pongamos que en billetes de 50 pavos, el total de la operación daría para llenar unas 200 bolsas de Mercadona. De esas que ha dicho la madre de Mena que en los buenos tiempos iban continuamente desde su casa al partido.