César Toledo, actual Administrador General del Ente público Radio Televisión Canaria
La política tiene la capacidad de convertir las buenas intenciones en problemas. La ley para la reforma de la Radiotelevisión Canaria aprobada ayer, nace envuelta en una polémica tan previsible como impostada: para la oposición supone un retroceso democrático; para el Gobierno y su tropa, la única manera de sacar al Ente de la parálisis que arrastra desde hace más de una década. Como materia de litigio y confrontación, tiene un pase, pero –como suele ocurrir con frecuencia cuando de partidos se trata- el verdadero debate se hurta al Parlamento y a la ciudadanía. Porque el asunto no es quién controlará la televisión pública –de eso se ocupa siempre y en cualquier lugar quien gobierna- sino por quélas instituciones intentan funcionar con reglas diseñadas para un sistema político que ya no existe. Quizá la principal enseñanza de esta reforma sea precisamente que las leyes envejecen: fueron concebidas para otrarealidad política y, cuando esa realidad cambia, mantener las mismas reglas puede provocar lo contrario de lo que se perseguía.
Cuando el Parlamento aprobó en 2014 la ley de Radiotelevisión Canaria, lo hizo con un propósito democratizador: se salía de años de control férreo de la tele por Paulino Rivero y su director general, Willy García. Entre la inseguridad del uno y la incapacidad del otro,en ocho años convirtieron los informativos en un paseo de alcaldes afines al Gobierno, y el resto de la oferta en un paquete de zafiedades y chafarmejadas. La reforma de 2014 pretendía evitar la dependencia del Ente,obligando a que sus órganos de gobierno fueran elegidos mediante amplios consensos parlamentarios. La lógica parecía impecable: cuanto mayor fuera el acuerdo entre los partidos, menor sería el riesgo de que la telefuera un instrumento del Gobierno de turno.La miseria de la política acabó por desmontaresa ambiciosa arquitectura institucional, diseñada para lograr acuerdos de calado. La propuesta llegó tarde: el consenso había dejadode existir, la radicalización política y la fragmentación parlamentaria hicieron cada vez más difícil alcanzar las mayorías reforzadas exigidas por ley. El resultado fue justo el contrario del que perseguían sus redactores. En lugar de fortalecer los órganos de gobierno, selos condenó a un bloqueo permanente y el modelo previsto por la ley no pudo desarrollarse. Todos los intentos de aprobar órganos de dirección consensuados fracasaron una y otra vez, a veces por pura estupidez política, otras por las maniobras de las productoras con mejores contratos. Para que la tele no se fuera a negro hubo que recurrir a figuras transitorias que se eternizaron, Pacosmorenos que gastaron sin control y a manos llenas, administradores únicos y soluciones provisionales que terminaron siendo permanentes. La excepción pasó a ser la norma y –paradójicamente–, una ley concebida para garantizar la independencia acabó por entregar la tele a la trinchera.
Eso es lo que quiere corregir ahora lanueva regulación. Mantiene la exigencia inicial de una mayoría reforzada para elegir la Junta de Control, pero incorpora una segunda votación en la que bastará la mayoría absoluta,si el consenso resulta imposible. La oposición denuncia que eso facilita el control político del ente. Sería una legitima preocupación si los que la esgrimen revelaran la alternativa a una situación de bloqueo, durante la que se hace sólo lo que dice el Gobierno, porque los partidos no se ponen de acuerdo para elegir un consejo de administración, una junta de control o un sanedrín de sabios.
La cuestión trasciende a la Radiotelevisión Canaria: la democracia tropieza con una contradicción creciente. Hace décadas se diseñaron instituciones pensando que los partidos alcanzarían acuerdos de Estado. Hoy la polarización convierte los acuerdos en algo exótico. Las mayorías reforzadas, pensadas para fomentar el consenso, acaban otorgando a las minorías enfrentadas un poder de veto que paraliza la elección de órganos cuya estabilidad es esencial. Lo hemos visto en el Poder Judicial, en RTVE, y en tantas instituciones bloqueadas al concluir sus mandatos. Es cierto que rebajar las mayorías cualificadas no está exento de riesgos. Nadie desea organismos públicos sometidos al capricho de lo coyuntural. Pero tampoco parece razonable perpetuar modelos que les impiden funcionar. La independencia institucional no depende exclusivamente del sistema de elección de los dirigentes, exige también transparencia, controles efectivos, profesionalidad y una cultura política que aliente la lealtad y busque la autonomía de los organismos de control y no su sometimiento al poder.
Esta reforma permite impedir que la incapacidad de los partidos para alcanzar acuerdos convierta la excepción en regla y la parálisis en modelo de funcionamiento. Nuestra democracia, corrompida por los abusos partidarios, necesita instituciones independientes, pero también capaces de funcionar. Entre esas dos necesidades hay que buscar sin descanso un difícil punto de equilibrio.
