La fosa enontrada en 1994 en el Pino del Consuelo (La Palma) por Francisco Javier Rodríguez Magdalena, con los restos de su abuelo y otros cuatro compañeros.
En estos últimos años, el debate sobre la memoria histórica se ha ido simplificando hasta extremos que a veces resultan casi caricaturescos. Es cierto que siempre habrá quienes presenten las iniciativas para recuperar las víctimas de la Guerra Civil, como un ejercicio de revancha ideológica, mientras otros consideran que cualquier crítica a la forma en que el Estado gestiona esa memoria, es una forma de negacionismo o nostalgia franquista. Entre ambas posiciones se va perdiendo la idea esencial: la memoria pertenece al ciudadano antes que al Estado.
Durante la Transición predominó lo que Santos Juliá llamó la ‘política del olvido’. No fue el resultado de un pacto formal para olvidar, pero sí de una voluntad compartida de no reabrir las heridas de la Guerra Civil mientras se construía la democracia. La voluntad de reconciliar las dos Españas se impuso a lo que habría sido justo y correcto. En 2007, el Gobierno Zapatero aprobó la Ley de Memoria Histórica, destinada a reconocer y ampliar los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra y la dictadura. La ley declaraba ilegítimos los tribunales franquistas, impulsaba la retirada de los símbolos de la dictadura y facilitaba las exhumaciones, aunque seguía dejando buena parte de ellas en manos de familiares y asociaciones. La ley nació con el propósito –éticamente indiscutible- de reconocer a quienes sufrieron persecución y devolver memoria y dignidad a quienes por décadas habían permanecido de forma obligada en el olvido. Hace poco más de tres años se aprobó la Ley de Memoria Democrática, que supuso un cambio de filosofía: el Estado dejó de ser un mero facilitador y asumió el papel protagonista en la recuperación de la memoria. Pasó a dirigir las búsquedas de desaparecidos, creó una Fiscalía especializada, un banco nacional de ADN, un censo oficial de víctimas y se atribuyó una función activa y determinante en la dirección de algo parecido a una política pública de memoria, en la que es el Gobierno quien decide lo que hay que recordar y lo que no. El problema aparece cuando la memoria deja de ser instrumento de reparación y empieza a utilizarse como herramienta de confrontación política. Ahí surge la polémica: sobre la creación de comisiones políticas de memoria, la interpretación administrativa del pasado, la ampliación del concepto de víctima que ha provocado –por ejemplo- los excesos de la Ley de Nietos, o la sanción de comportamientos o discursos. Al margen del juicio que cada uno tenga sobre esas medidas, es indiscutible que la ley actual ha pasado de suscitar un consenso muy amplio sobre la dignidad de las víctimas a convertirse en otro de los campos de batalla de la política española.
Nada puede haber de objetable en que el Estado ayude a una familia a encontrar un padre, un abuelo o un hermano desaparecido. Al contrario. Difícilmente puede imaginarse una obligación pública más noble. El problema aparece cuando la memoria deja de entenderse como reparación y se convierte en parte de un relato oficial. Porque entonces deja de pertenecer a quienes perdieron a los suyos para convertirse en patrimonio del gobierno de turno.
Quizá por eso me impresionó tanto la lectura de Los dos entierros y pico de Paco, el libro de Francisco Javier Rodríguez Magdalena presentado este viernes en Los Llanos de Aridane. El libro cuenta la aventura humana del nieto del ultimo alcalde republicano de los Llanos, Francisco Rodríguez Betancor, buscando la tumba anónima de su abuelo, asesinado en los primeros días de la guerra. Rodríguez Magdalena no escribe para vendernos una tesis sobre la Guerra Civil, no pretende repartir culpas noventa años después, ni reescribir la historia de España. Lo que quiere es recuperar a su abuelo, devolverle su dignidad y devolvernos su biografía olvidada. Para poder despedirse de él. Nada más, y nada menos.
El amor por los huesos queridos es más antiguo que cualquiera de nuestras leyes. Desde que enterramos a nuestros semejantes, el respeto a los muertos es una frontera entre civilización y barbarie. Sófocles lo explicó hace veinticinco siglos en su Antígona: la joven desafía al rey Creonte porque considera que existe una obligación moral superior a cualquier decreto, y ningún poder puede impedir que ella entierre dignamente a su hermano. Han pasado dos mil quinientos años y seguimos pensando igual. Buscar los restos de un padre desaparecido es un acto de amor. Dar digna sepultura a un abuelo asesinado no es una revancha, sino una necesidad humana. Nadie debe verse obligado a renunciar a ese derecho porque uno de los suyos quedara atrapado por una guerra o una dictadura.
La memoria pública seguirá siendo objeto de controversia política, y lo será aún durante años. Pero existe otra memoria, mucho más antigua que cualquier gobierno y más sólida que cualquier ley, y es la memoria de los tuyos, la que pasa de padres a hijos y de abuelos a nietos. Las leyes cambian. Y los gobiernos también. La memoria de los muertos permanece.
