Reunión en la sede del Gobierno de Canariasen Bruselas, de la Conferencia de regiones periféricas y marítimas, en la que se planteó que las las regiones fronterizas tengan un papel más activo en la política migratoria
Canarias quiere que las regiones fronterizas tengan más voz en la política migratoria europea. La reclamación tiene sentido: resulta difícil organizar una respuesta eficaz prescindiendo de quienes reciben a los emigrantes, sostienen los servicios y afrontan las consecuencias de decisiones adoptadas lejos de sus costas. Pero reclamar presencia en las mesas de negociación no creo que sea suficiente: habría también que explicar qué se pretende hacer en ellas. A la política migratoria le sobran comparecencias y le faltan respuestas más allá de las notas de prensa.
La iniciativa anunciada por el Gobierno canario tiene recorrido: uno de sus antecedentes es POWGEN, un proyecto financiado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea, cuya conferencia de cierre se celebró en Bruselas el pasado septiembre. Durante treinta meses se desarrollaron cinco experiencias piloto en España, Portugal, Italia y Alemania, que combinaban formación certificada en instalación de sistemas solares y rehabilitación energética de edificios, con prácticas empresariales e intermediación laboral. Su propósito era abordar la necesidad de profesionales para la transición energética y los obstáculos que encuentran las personas migrantes para acceder a empleos cualificados y estables. Si una sociedad necesita trabajadores preparados y tiene personas dispuestas a formarse, conviene saber qué es lo que impide que ambas necesidades se encuentren, conocer las capacidades de cada persona, ofrecer formación adecuada y trabajar con empresas que puedan contratarla.
También exige evaluar resultados. La evaluación es el talón de Aquiles de casi todos los proyectos de la Administración. En este caso, hay que saber cuántos comenzaron, cuántos terminaron, cuántos consiguieron empleo y en qué condiciones. Un proyecto europeo puede ofrecer una experiencia útil, pero para convertir esa experiencia en política pública, hace falta demostrar que funciona y cómo extenderla.
El siguiente paso fue la reunión del grupo de trabajo sobre migraciones de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas, celebrada el pasado 16 de septiembre en la delegación canaria en Bruselas. Canarias lidera ese grupo con Valencia. Y de esa conferencia salió el catálogo de conclusiones que el Gobierno regional quiere convertir en posición de la organización para trasladarlas a las instituciones europeas. Conviene precisar que se trata de recomendaciones pendientes de traducirse en decisiones y actuaciones. ¿Qué proponen? Una integración temprana del emigrante, con aprendizaje de idiomas, orientación y acompañamiento hacia el empleo desde la llegada; procedimientos más ágiles para reconocer competencias profesionales; apoyo lingüístico y mentoría; y una coordinación que conecte la incorporación laboral con vivienda, sanidad, cuidado infantil y participación comunitaria. También se reclama una financiación estable y se advierte del peligro de incorporar a los inmigrantes a puestos para los que no estén preparados.
Es una idea que merece ser tomada en serio: la espera inútil tiene consecuencias. Cada mes sin aprender el idioma, sin recibir orientación o sin conocer las posibilidades de formación es una rémora para el futuro de los emigrantes. La integración se logra con políticas con continuidad, profesionales motivados que se lo curren y objetivos definidos y testados. Se trata de aumentar la capacidad para desenvolverse, formarse, encontrar un trabajo y participar en la sociedad que recibe al emigrante. Es un proceso exigente para él y para las instituciones.
Por eso es conveniente que el Gobierno regional nos explique qué está dispuesto a activar de sus competencias para respaldar lo que reclama en Bruselas. ¿Qué servicios educativos, sociales y laborales va a movilizar? ¿Cómo piensa coordinarlos? ¿Qué financiación aportará y qué resultados se compromete a publicar? Son preguntas elementales. Permiten saber si hay políticas detrás de las declaraciones.
También hay que precisar a quién se dirige cada actuación. Un menor exige respuestas diferentes de las que necesita una persona adulta, y los itinerarios deben ajustarse. La complejidad obliga a diseñar los programas. El Gobierno puede empezar por identificar qué hace ya, qué resultados logra y que vacíos quiere tapar. Después podrá reclamar al Estado y a Europa cambios y recursos con argumentos sólidos.
Canarias exige participar de forma efectiva en el diseño de la respuesta europea, nuestra posición fronteriza supone experiencia y nos impone responsabilidades que debemos compartir. Pero esa experiencia también debe ayudarnos a formular propuestas propias, con nombres, plazos y cuentas. El recorrido puede llegar a ser prometedor: experiencias prácticas, conclusiones compartidas y una iniciativa política para impulsarlas. Falta solo el trayecto decisivo, el que lleva esas propuestas hasta los servicios y las personas. Ese es el viaje que de verdad interesa. Si todo acaba en otra declaración más sobre la importancia de coordinarse, más una foto en Bruselas y otro compromiso sin ficha financiera, mejor podemos ahorrarnos la palabrería.
