Sánchez y Torres abandonan el Congreso tras perder el Gobierno la votación de los decretos de la Vivienda
Rotundo fracaso: el Gobierno perdió la votación de los dos decretos de vivienda. Había dividido el voto en dos textos para facilitar que al menos uno de los decretos pudiera ser aprobado en el Congreso. Y la izquierda –la que sostiene al Gobierno en el Congreso y la que lo insulta en la calle- había aceptado esa trampa. Pero no ha sobrevivido ninguno de losdos. El primer decreto recibió 172 votos favorables y 178 contrarios. El segundo amplió la derrota: 166 frente a 184. La urgencia, las apelaciones a la conciencia o la humanidad, y la presión política de miles de ciudadanos frente al Congreso, no consiguieron producir la mayoría para el Gobierno. Después de tanto ruido, la aritmética vuelve a poner las cosas en su sitio.
Perder una votación parlamentaria no obliga a convocar elecciones; un gobierno en minoría puede sufrir derrotas y seguir gobernando, siempre que conserve capacidad para negociar, aprobar sus principales iniciativas y ofrecer una dirección reconocible al país. El problema de Sánchez es la dificultad creciente para cumplir con alguna de esas condiciones. Esta derrota importa porque nos desvela sin velo de relato, la inconsistencia un Ejecutivo que puede reunirse, anunciar medidas y publicarlas, pero no consigue asegurar su continuidad cuando esas medidas llegan al Parlamento.
El Consejo de Ministros aprueba decretos, pero para mantenerlos necesita al Congreso. Es una circunstancia bastante elemental que se ha convertido en inconveniente intolerable para el Gobierno sanchista. La democracia exige reunir votos, aceptar límites y negociar con quienes piensan de otra manera. Si los apoyos que hicieron posible una investidura dejan de servir para desarrollar la continuidad de un Gobierno en condiciones de gobernar, corresponde reconstruirlos o devolver la decisión a los ciudadanos. Mantener el despacho no resuelve la ausencia de mayoría, solo es una ficción de poder, una mentira. Un gobierno que no cuenta con apoyos suficientes para gobernar debe irse.
La solución a la crisis de la vivienda merece algo mejor que el lamentable espectáculo de estos días. Quienes no pueden pagar un alquiler necesitan soluciones que duren, administraciones que cooperen y normas cuya aplicación se pueda comprender. Convertir una emergencia social en una sucesión de anuncios, negociaciones agónicas y derrotas parlamentarias añade incertidumbre a la angustia de quedarse en la calle. La gravedad del problema obliga a trabajar con más rigor; no concede al Gobierno el derecho automático a que los demás aprueben cualquier iniciativa que presente. Hay algo particularmente perverso en la pretensión de trasladar la responsabilidad a quienes votan en contra. La ministra de Vivienda llegó a atribuir al Congreso la responsabilidad de los próximos desahucios. El Gobierno pretende establecer así una frontera moral: quienes han respaldado sus decretos defienden a los ciudadanos; quienes los han rechazado son culpables del sufrimiento. Es una forma de discutir que ahorra explicaciones sobre el contenido de las medidas, sus posibles efectos y la gestión anterior de quienes ahora exigen adhesiones.
Cada partido debe responder por su voto, pero también por las alternativas que propone y por las consecuencias previsibles de sus decisiones. Y el Gobierno debe responder por su capacidad para convertir sus propuestas en políticas efectivas. Llevar al Congreso dos decretos sin los apoyos necesarios no constituye ninguna solución al problema de la vivienda. Puede servirle a Sánchez para repartir culpas, organizar la campaña o señalar adversarios, pero para gobernar hace falta completar el trabajo.
La votación también reduce a sus dimensiones el debate sobre el valor del voto de la diputada Valido. Coalición apoyó el primer texto y rechazó el segundo, acompañando en ambas ocasiones al PNV. Ninguna de las dos posiciones decidió el desenlace. La decisión de Junts dejó a Coalición sin utilidad aritmética.
El asunto trasciende ya los decretos. Un Gobierno que no consigue sacar adelante sus propuestas y prolonga su vida sin ser capaz siquiera de aprobar nuevos presupuestos, debería explicarnos para qué quiere seguir. La permanencia necesita un propósito político que pueda ejecutarse. Si cada iniciativa depende de una negociación desesperada y cada fracaso termina en una acusación contra el Parlamento, la legislatura consume tiempo mientras los problemas que justifican la existencia del Gobierno siguen esperando respuesta.
Convocar elecciones tampoco garantiza que aparezca una mayoría. Los ciudadanos pueden producir otro Parlamento fragmentado y obligar de nuevo a pactar. Ese riesgo forma parte de la democracia. Nadie puede exigir a los electores que simplifiquen sus preferencias para facilitarle el trabajo. Pero sí puede pedírsele a un presidente que reconozca cuándo los instrumentos de los que dispone han dejado de permitirle gobernar y que someta su proyecto a una nueva decisión pública. Sánchez debe adelantar las elecciones. La legislatura se ha agotado.
