Prioridades

por | 09 noviembre, 2023 | A babor

El contexto: Más de cuarenta años después de la constitución de la Autonomía que tendría que haber resuelto algunos de los problemas estructurales más importantes que nos aquejan, Canarias sigue acumulando récords en el catálogo de las regiones con más déficits y problemas del país.  Nuestro sistema económico es desequilibrado, con un enorme peso del sector terciario, con dificultades para la distribución de riqueza y modelos sociales que parecen de una sociedad aún pendiente de abandonar el subdesarrollo. Infraestructuras antiguas, carreteras muy castigadas, incluso deficientes, energía generada quemando fuel, la mitad de electricidad procedente de renovables que en la media nacional, problemas gravísimos con el ciclo del agua, tanto en la obtención de agua potable como en su depuración…

Somos una de las regiones más pobres, con mayor desigualdad, más desequilibrio entre ricos muy ricos y o pobres muy pobres, pero al mismo tiempo una de las más desatendidas, una de las más maltratadas por la fortuna y por los presupuestos del Estado. Estamos entre las regiones con mayores índices de desempleo en todos los sectores y categorías -incluyendo por supuesto el desempleo juvenil, en el que somos campeones-, y somos el territorio español donde todo es más caro, desde los servicios hasta los zapatos, los vestidos y la cesta de la compra. Una de las regiones con peores redes de transporte, una inexistente política pública de vivienda, un muy insuficiente sistema de Salud, colegios públicos -algunos cochambrosos- con el porcentaje más alto de abandono o fracaso escolar, universidades en las que los alumnos tardan más en sacar sus carreras, peores datos sobre atención a mayores, a discapacitados, a personas con dificultades. Y también una región muy castigada por enfermedades sociales vinculadas a una alimentación deficiente, como la obesidad o la diabetes, donde se consumen más drogas, con altos niveles de alcoholismo, y millares de familias desestructuradas, niños entregados al cuidado público, divorcios a los pocos años del matrimonio, embarazos no deseados en jóvenes y adolescentes… si nos presentáramos al concurso de peor región del país, solo podríamos poner en el haber un clima en general envidiable. Y cierta tolerancia de carácter que la crispación de estos años también parece querer desterrar. Somos, en fin, una región que parece decidida a resignarse a no cumplir los sueños de progreso e ilustración que alumbraron nuestros mayores, que se acostumbra al fracaso y al desaliento, que acaba aceptando que las cosas son como son y no hay garantía alguna de poder cambiarlas. En ese contexto entre desastroso y catastrófico, uno se pregunta qué es lo que nueve a las administraciones cuando hablan de conquistar el futuro, que intenciones se ocultan tras las declaraciones grandilocuentes de nuestros dirigentes, las promesas electorales y los discursos triunfalistas de los de allá y los de aquí.

Y el lamento: hace una semana y algo, el Gobierno regional presentó sus Presupuestos para 2024, sacando pecho por el esfuerzo realizado para mantener el crecimiento en un once por ciento, superior incluso al presupuesto más expansivo del Gobierno de Torres.

Las políticas de los Gobiernos se definen por sus relatos y sus cuentas. Este de ahora es un Gobierno distinto al de Torres, menos dado al relato, menos preocupado por la imagen y la propaganda. Eso es de agradecer, pero uno esperaba encontrar en sus presupuestos un rastro claro de una sensibilidad distinta, una voluntad de atender a la gente que más sufre en los récords de nuestra vergüenza. Uno confiaba en ver en su política un deseo de hacer frente, al menos, al problema más obvio y evidente de la pasada legislatura, al desastre de las políticas sociales, el abandono de miles de personas sin recursos y sin opciones, mientras la propaganda insistía en el esfuerzo floral para crear escudo social en Canarias. Pamplinas: la región es hoy más pobre y más desigual que hace cuatro años, y el gasto social canario sigue siendo el más bajo del país, 277 euros por habitante, solo por encima de Baleares, un archipiélago tan rico que en él resulta infrecuente tropezarse con la pobreza. Nuestra referencia debería ser Extremadura -555 euros por habitante- la única región que está por detrás de nosotros en las colas de la miseria.

Pero cuarenta años después de Gobiernos de todo tipo y pelaje, con políticos que nos prometieron todo, el gasto social de Canarias condena a los más pobres, a los más ancianos, más dependientes y más vulnerables de las islas a seguir fuera del escudo prometido.

Y este Gobierno, que ha aumentado un once por ciento el gasto público, solo aplica una subida del 4,7 por ciento al gasto social. Menos de la mitad de la subida media. No hay forma -no puede haberla- de explicar eso. Quizá sí de cambiarlo