Se están volviendo chiflados: toda la atención informativa quedó ayer secuestrada por el abracadabrante episodio del espray de gas pimienta que una diputada del PP uso para llamar la atención sobre el miedo en Ceuta. La diputada entró en la cámara con su artefacto, lo enseñó, fue expulsada por la presidenta Armengol, intentó ocultar que estaba cargado y acabó por provocar un accidente en un cuarto de baño, con la consiguiente agitación, acusaciones e inevitable espectáculo. Una historia perfecta para estos tiempos: mucho ruido, bastante estupidez y ninguna consecuencia útil. Por supuesto, no era preciso expulsar a la diputada, ni necesario montar el pollo que se montó. Bastaba con requisar el espray, aplicar las normas de seguridad y recordar a sus señorías que el Congreso no es lugar para esgrimir armas, aunque sean defensivas. Convertir cualquier incidente en batalla política forma ya parte de la liturgia parlamentaria. Nada se resuelve sensatamente, si existe la posibilidad de organizar un escándalo, grabar un vídeo y repartir indignaciones enfrentadas en las redes sociales. La anécdota del espray ocupó ayer titulares, tertulias y comentarios. Entretanto, y sin estrépito alguno, Canarias lograba algo inaudito: que la mayoría del Congreso se pusiera de acuerdo en algo.
El llamado decreto Canarias –el decretito– fue convalidado por 300 votos a favor, 38 en contra y diez abstenciones. Lo apoyaron todos los partidos, menos Junts y Vox, que votaron en contra y ERC, que se abstuvo. Eso supone una mayoría abrumadora, formada por partidos que rara vez coinciden y que se la pasan acusándose mutuamente de poner en peligro la democracia, las pensiones, la convivencia y el futuro de nuestros hijos.
No conviene exagerar lo que el decreto representa: no estamos ante una lluvia de millones, ni ante la reparación de las deudas del Estado con Canarias. El texto prorroga en 2026 la deducción del 60 por ciento del IRPF para los residentes en La Palma y permite al Gobierno regional usar cien millones de su propio superávit para afrontar pérdidas de los agricultores, reconstruir infraestructuras y atender daños provocados por el volcán. Con dinero de Canarias, no con una aportación adicional del Estado. El decreto amplía además -durante seis meses- la suspensión del pago de determinados préstamos de campesinos de El Paso, Los Llanos y Tazacorte, desvincula las ayudas del Posei del cálculo del cese de actividad de los autónomos y añade 33 millones a convenios con el Cabildo y los ayuntamientos palmeros. También autoriza a ocho regiones con un nivel reducido de endeudamiento a emplear sus superávits en vivienda pública, sanidad y servicios sociales entre 2026 y 2028. En el caso de Canarias, eso puede movilizar unos 600 millones de euros.
No es para tirar voladores. El decreto llega tarde, se queda corto y permite al Gobierno central presentar como ayuda estatal que Canarias se gaste sus propias perras. Siguen pendientes, además, otros cien millones comprometidos con La Palma en los Presupuestos de 2023 y de los que no se sabe nada. La diputada Valido y el PP apoyaron la norma, pero recordaron esas carencias: votar a favor de una medida útil no obliga a nadie a fingir que sea suficiente. Y ahí reside precisamente lo extraordinario de la votación: los partidos fueron capaces de respaldar lo que consideraban conveniente y criticar al mismo tiempo lo que juzgaban insuficiente. Parece una obviedad, pero en la política española, hacer eso se ha convertido en algo extravagante. Lo habitual es rechazar una propuesta razonable porque la presenta el adversario, o defender una propuesta mediocre o absurda porque la promueve uno de los nuestros.
El decreto demuestra que todavía es posible una política basada en la voluntad de alcanzar acuerdos. PSOE y PP dejaron a un lado sus diferencias. Coalición consiguió reunir apoyos muy alejados entre sí. Partidos situados en extremos ideológicos opuestos coincidieron en que La Palma merece atención y en que las regiones cumplidoras deben poder utilizar sus recursos. Nadie tuvo que renunciar a sus principios ni abrazar al enemigo. Simplemente se votó una norma atendiendo a su contenido.
Junts se opuso porque Cataluña queda fuera del mecanismo diseñado para utilizar el superávit. Vox también votó en contra, alineándose esta vez con el independentismo, al que considera habitualmente causa de todos los males nacionales. Cada cual tendrá que explicar sus razones. Lo relevante es que su rechazo no impidió una mayoría de 300 diputados, una cifra inusual en una Cámara acostumbrada a votaciones agónicas, derrotas calculadas y negociaciones al límite.
Quizá eso sea el “modo canario”: discutir, protestar, reclamar más y, finalmente, ponerse de acuerdo en aquello que puede resultar útil. No es una virtud genética isleña, ni una costumbre demasiado frecuente en nuestra política, pero funcionó. El episodio del espray demuestra que la estupidez nos gobierna. La votación del decreto Canarias que no tiene por qué gobernar todo. Mientras media España discutía sobre un bote de gas pimienta, 300 diputados recordaron que el Parlamento también sirve para ponerse de acuerdo. No es una hazaña, debería ser lo normal. Pero en estos tiempos, evitar durante unos minutos que el odio lo contamine todo, se parece bastante a un milagro.
