Zapatero ya ha dicho de dónde salieron las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho: se las regaló el rey saudí en 2007, durante una visita a España. Fueron, dice, una atención estrictamente personal. Las aceptó por educación, las guardó durante diecinueve años y no tenía conciencia de su valor. La explicación llegó al juzgado cuatro meses después de que la Policía encontrara las piezas y de que el juez tuviera que insistir en pedirle aclarar su origen. Algo que prometió hacer antes de que pasaran diez días. Zapatero ha solicitado que la Justicia española pida a la corte saudí la confirmación oficial del regalo: resulta asombroso que si recibió esas joyas de un monarca extranjero siendo presidente del Gobierno necesite, 20 años más tarde y con una investigación judicial abierta, que otro país le ayude a acreditar cómo llegaron a sus manos.
Las piezas han sido valoradas en más de 1,3 millones de euros. Puede que Zapatero ignorase su precio exacto; pero por si las moscas las guardó en la caja fuerte, no en el cajón de su mesilla de noche. Hay una distancia considerable entre desconocer el valor preciso de algo y no advertir que un conjunto de joyas entregado por el rey saudí merece alguna pregunta, algún registro o –al menos- alguna cautela. La de ceder el regalo al Patrimonio del Estado, como establece el código de buenas prácticas que Zapatero hizo aprobar, al parecer para que lo cumplieran otros y no él. Lo extraordinario de esta historia exige una explicación mínimamente sólida. Hasta ahora lo único que tenemos es un tardío recuerdo del interesado y dos cartas enviadas a la corte saudí este verano, sin conocerse respuesta alguna a las misivas.
La visita del rey Abdalá fue en 2007. El regalo, según Zapatero, se produjo en la vivienda familiar de La Moncloa. Es decir, el monarca habría entregado una fortuna en joyas a la persona que ocupaba la presidencia del Gobierno, en la residencia oficial del presidente, durante una visita oficial. Que el destinatario lo califique ahora de atención “estrictamente personal” no resuelve la diferencia entre un obsequio privado y uno recibido por razón del cargo. Zapatero se ha ido enredando en una historia cuyo único sentido es presentar una verdad alternativa que le ayuda a esquivar algunos delitos. El de contrabando, por ejemplo. Si no metió personalmente las joyas en España en una maleta, al estilo Delcy, pues no hay contrabando. En cuanto al delito fiscal lo habría en cualquier situación, pero está oportuna y preceptivamente prescrito porque han pasado ya 19 años desde que aceptó educadamente el inocente regalito. A Zapatero ya le da igual que la gente se crea su historia o no. Lo que le preocupa es no sumar más años de talego de los que podría ocasionarle la más presumible que presunta mordida en Plus Ultra. Porque –conviene recordarlo-, esto de las joyas es un asunto que viene de ahí. Fueron a buscar papeles sobre el rescate y encontraron una colección de joyones.
Y en estas apareció Ángel Víctor Torres para echarle una manita a su compañero. El ministro propone regular los regalos a los cargos públicos (otra vez) y, al preguntarle por las joyas, puso el ejemplo de una caja de productos típicos entregada a un representante para que los deguste. ¿Qué habría que hacer con ella? Eso preguntó Torres mientras hablaba de unas joyas tasadas en un millón trescientos mil euros.
Una caja de almendrados, un queso majorero o un bote de mojo se consumen, se comparten o se olvidan en la despensa. Las joyas pasan diecinueve años en una caja fuerte y conservan un valor que permite comprar queserías, bodegas y plantíos de almendros. La diferencia parece al alcance de cualquiera. Pero Cándido Torres, sin embargo, quiere convertir esto en un dilema a “arbitrar entre todos, sin populismo”. Cuando le preguntaron si él se habría quedado con las joyas, el ministro prefirió no responder. Cándido quizá, suicida no.
Ya existen normas sobre los regalos. La legislación de transparencia distingue entre obsequios acordes con los usos habituales de cortesía y los de mayor relevancia institucional, que deben incorporarse al patrimonio del Estado. Se puede discutir si esas reglas necesitan mayor precisión o mejores controles. Y ese debate no precisa fingir que una caja de productos de la tierra plantea el mismo dilema ético que una de piedras preciosas. Torres se expresa con claridad. Cuando quiere. Por eso desconcierta su propuesta. Tenía a mano esperar a que se compruebe el origen de las joyas, reconocer que su valor exige explicaciones y defender la transparencia que reclama. Eligió una comparación que ridiculiza el asunto y agranda la percepción de que el Gobierno solo persigue encontrar una salida verbal a cada problema. Los ministros se escuchan tanto entre sí que han dejado de oír cómo suena fuera de los despachos lo que dicen. La Justicia tendrá que determinar que hay sobre las joyas. A los ciudadanos, entretanto, se les pide igualar moralmente el quedarse un souvenir protocolario con guardar una fortuna en la caja fuerte. Si Ángel Víctor Torres busca productos típicos, tiene uno delante: el más típico del sanchismo es pretender que comulguemos todos con ruedas de molino.
