Palabra de ministra

por | 04 enero, 2024 | A babor

Fernando Clavijo, con Alfonso Cabello y la ministra Elma Saiz durante una visita a un centro de emigrantes

La ministra Saiz, responsable de migraciones, se vino a Canarias con la lección aprendida y dijo por aquí justo lo que la gente aquí quiere escuchar, que es lo que vienen haciendo los ministros del Gobierno Sánchez desde que se firmó el acuerdo con Coalición Canaria, ese que incorpora la agenda más completa de Canarias, que ya no es la del secretario de Estado, perdón, jefe de Gabinete Olivera.

La cuestión es que la ministra no ha dicho nada nuevo cuando asegura que las regiones tendrán que acabar asumiendo el reparto de los menores no acompañados. Y no es nuevo, porque es exactamente lo mismo que dijo el otro día, tras la reunión de la comisión sectorial de migraciones. Pero una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo: en la reunión de Madrid no se avanzó ni medio centímetro en dirección a una política de reparto de los menores amontonados en Canarias –alrededor de 4.500 en estos momentos-, sólo se dijo que se avanzaría, que el Gobierno presentaría una ley a las Cortes para que las regiones tuvieran que aceptar el reparto territorial, pero sin llegar a establecer el más mínimo compromiso ni calendario concreto. Esta vez, la ministra ha ido un poco más allá, pero –como siempre- sólo en sus palabras: ha asegurado que el Gobierno cumplirá su compromiso, y logrará en las Cortes los apoyos para que la ley convierta la solidaridad interterritorial en obligatoria: “el reparto de menores ya no es una cuestión de solidaridad opcional, es una cuestión de Estado”, dijo doña Elma.

Vaya…¡que bien! Los últimos años el Gobierno de Sánchez se ha negado a hablar de ese asunto con el de Canarias, incluso se negó a recibir al entonces (y ahora) presidente Clavijo, cuando Clavijo tuvo el atrevimiento de pretender interrumpir las vacaciones de Sánchez en La Mareta, al inicio de lo que parecía (y se convirtió en un par de años) en el mayor récord de llegadas de emigrantes ilegales jamás visto en a las islas. El discurso del Gobierno central siempre ha sido hasta ahora más o menos el mismo: que la atención a los menores es un asunto transferido, y que Canarias debía ocuparse de resolverlo. Punto. Incluso nos visitó un secretario de Estado (podemita, por más señas) para hacerse la foto con Noemí Santana y decir que había que ver cómo nos poníamos los canarios por tener que atender a un puñado de niños, que qué egoístas éramos, que vaya comportamiento de ricos. Algunos nos endemoniamos con aquella analfabeta reprimenda: demostraba el absoluto desconocimiento del secretario de Estado podemita, no ya a la realidad de las islas, sino a lo que significa costear la atención que debemos (insisto en el “que debemos”) afrontar. Porque no es lo mismo hacerse cargo de la seguridad, hospedaje, manutención, sanidad y educación de 450 niños que de diez veces más. Canarias no es sólo un territorio limitado, donde una de sus islas –El Hierro- ha recibido más inmigrantes en este último año que toda su población residente. Canarias es también una de las regiones más pobres de España, y está destinando una parte de su presupuesto -más de cien millones, un uno por ciento- a hacer frente al coste que supone atender a esos niños en las mejores condiciones posibles.

La ministra puede decir misa, o leerse de cabo a rabo el Estatuto y el REF que Cristina Valido le ha mandado a todos los miembros del Gobierno, y puede prometer futuros cambios en la política de atención a menores no acompañados, pero lo primero que debería hacer es pagar la factura: el Gobierno de Canarias ha calculado que la atención a menores no acompañados supone un gasto de 78 millones solo en recursos y atención básica, a los que hay que sumar otros 14,5 para atención sanitaria y tres millones para escolarización. Son más de cien millones de euros, tres veces lo que costaba el plan contra la pobreza que pedía Román Rodríguez cuando estaba en la oposición. Cien millones que el Gobierno central debería asumir en cumplimiento de los compromisos adquiridos para garantizar la investidura de Sánchez. Y la ministra nos dice que sí, que no tenemos de qué preocuparnos, que “Canarias ni está ni ha estado sola” (jajajaja, da risa) y que seguirá llegando dinero del Estado y de los fondos Next Generation.

La ministra es muy poco precisa con eso: el Gobierno ha hecho efectiva una transferencia por 50 millones, menos de la mitad de los recursos gastados este año por Canarias en atender a los pibes, como es nuestra obligación. No hay ningún compromiso oficial de cubrir lo que falta. Ninguno.

Cristina Valido debería ampliar su regalo de reyes y mandar a los ministros también un cuaderno de ejercicios, para que practiquen matemáticas. La mitad de algo es más que nada, sin duda. Pero la otra mitad no se va a cubrir sólo con palabras.