Sala del Consejo de Ministros, en La Moncloa
Hubo una época en la que las huelgas generales se hacían para exigir responsabilidades a los gobiernos, las derrotas parlamentarias obligaban a negociar, las ruedas de prensa institucionales servían para explicar decisiones institucionales, y que una anciana de 87 años muriera no se convertía en siniestra propaganda electoral…
No es normal: la ex viceMontero ha explicado que la huelga general se convoca contra la oposición. Lo ha dicho expresamente, reconociendo que se trata de una situación inédita, aunque perfectamente lógica: la oposición ha derribado los decretos de vivienda y debe responder por ello. El Gobierno, después de ocho años en el poder, queda situado al lado de los manifestantes. Dan ganas de ofrecerles una guagua para que acudan a protestar contra quienes no les han dejado gobernar.
No es normal: los sindicatos pueden reclamar lo que crean oportuno. Los ciudadanos tienen sobrados motivos para cabrearse por el precio de alquileres y viviendas. Pero resulta que los alquileres no empezaron a subir el viernes en que el Congreso rechazó los dos decretos Maricarmen, ni los desahucios surgieron cuando Junts voto contra ellos. Hay una gestión previa de la que el Gobierno debe responder. Convertir a quienes gobiernan en víctimas de quienes todavía no gobiernan, exige una notable flexibilidad de miras.
No es normal: presentar al Parlamento como una institución que no representa a nadie. Sánchez contrapone el rechazo de los diputados a sus decretos con la voluntad protectora de su Gobierno. El Congreso ha abandonado a los ciudadanos, mientras él sufre con ellos: de una parte, está el presidente con la gente; de otra, un Congreso que impide el presidente haga lo que la gente necesita. Es una forma sorprendente de entender la representación. Todos los diputados han sido elegidos por gente que vive en calles, paga alquileres y tiene problemas. También los que votan contra el Gobierno. Sánchez no dispone de un certificado de representación popular que pierdan los demás cuando discrepan de él. La gente no es propiedad de Moncloa.
No es normal: el Consejo de Ministros (re)aprobó ayer dos decretos que -lo dice el propio Sánchez- conservan en esencia lo que planteaban los decretos rechazados. Se someterán a la aprobación de la Diputación Permanente, un órgano que asume la operatividad del Congreso tras su disolución. Pero resulta estrambótico e inaceptable usarlo para darle la vuelta al rechazo del Congreso en Pleno. Jamás había ocurrido: el Gobierno pierde una votación, convoca elecciones y vuelve a presentar lo esencial de las mismas medidas ante un organismo de gestión. Convierte la disolución de Las Cortes en el mecanismo para sortear su derrota. Pero el Congreso ya se ha pronunciado sobre los decretos. Eso es gobernar al margen de la soberanía nacional, llevándolo a sus últimas consecuencias.
Después de Ceuta, el Gobierno cuestionó la capacidad de anticipación de los servicios de inteligencia y el alcance de sus avisos, exponiendo a los servicios secretos con revelaciones inauditas. Habrá que investigarlo, pero esa investigación debe conducir a saber quién recibió la información, ante quien reportó, qué se decidió, y por qué se hizo. No es normal que el Estado señale a sus agentes.
La ley prohíbe a los poderes públicos utilizar actos institucionales para hacer propaganda electoral. También a Moncloa. Cabe preguntarse dónde termina la explicación del Consejo de Ministros y dónde empieza el mitin del candidato Sánchez. La condición de presidente exige especial cautela para cruzar esa frontera. La sede del Gobierno pertenece a todos. No es normal que quien manda se pase la ley por el refajo.
Y no es normal tampoco que el primer anuncio de campaña sean los diez mil millones para financiar préstamos sin intereses destinados a primera vivienda. Tendrán que devolverse, aunque el anuncio invite a escuchar el ruido que hace una lluvia de dinero al caer. Trump ha prometido cinco mil dólares a cada adulto estadounidense, si los republicanos conservan el Congreso. La música resulta familiar: una enorme cifra, una necesidad real y un presidente dispuesto a tirar de caja.
No es normal que el Constitucional amnistíe a Puigdemont, no es normal que los que proclamaron la inconstitucionalidad de la amnistía la celebren, no es normal la guerra contra los jueces, las listas de periodistas afectos y desafectos, no es normal que el hermano del presidente sea condenado por colarse en un trabajo hecho a medida por los subordinados de su hermano, no son normales los negocios de la parienta o las saunas de Sabiniano, no es normal lo que todos los hombres del presidente -Ábalos, Cerdán, Koldo- estén en la cárcel o a la espera, no es normal lo de las joyas, no es nada normal lo de la fontanera Leire, de profesión sus cloacas… ni son normales las amistades peligrosas con Delcy, las baladronadas de Puente, las impertinencias de Bolaños… Nada de lo que esta pasando es normal.
Pero tengo la sospecha de que lo más anormal de esta nueva normalidad de ahora consiste, precisamente, en que nos hayamos acostumbrado a dejar que todo pase sin pedir explicaciones.
