Pedro Sanchez, durante el anuncio sin periodistas del adelanto de las elecciones.
Pedro Sánchez ha anunciado elecciones para el 29 de noviembre y ha señalado a los enemigos contra los que piensa disputarlas: las élites económicas y sociales, la derecha y la ultraderecha, los fondos de inversión, los tecnooligarcas y otros poderes que nadie elige pero que pretenden controlar el país y el planeta.. Después de la derrota parlamentaria de sus decretos de vivienda, Sánchez reclama una mayoría progresista más amplia con la que doblegar a todos esos poderes confabulados contra él. La convocatoria llega envuelta en una explicación muy conveniente: lo que le ha faltado para gobernar mejor han sido votos. Es una manera bastante audaz de presentar el balance de ocho años en el poder. Sánchez vuelve a ofrecerse como la solución a problemas que han crecido durante su mandato. En vivienda, esa operación exige una considerable confianza en la desmemoria del personal. Quien lleva años presidiendo el Gobierno comparece ahora con el ímpetu de un recién llegado, dispuesto a enfrentarse a los intereses que impiden a los ciudadanos vivir decentemente. Uno esperaría alguna explicación sobre lo que hizo mientras esos intereses se fortalecían.
Sánchez ha decidido cambiar el eje del conflicto: esta legislatura se ha construido sobre la negociación territorial, las concesiones a los nacionalismos y el trato singular reclamado por los socios catalanes y vascos. Eso servía para argamasar los votos de la investidura y prolongar la estancia en la Moncloa, pero tiene escasa capacidad para entusiasmar a un currito de Valladolid, una chicharrera con pensión no contributiva, o un joven sevillano que no puede pagar su alquiler. Llegado el momento de movilizar, Sánchez descubre de nuevo el valor de la lucha de clases: las élites, los magnates tecnológicos y los fondos buitre proporcionan un repertorio de adversarios muy útil para la campaña. Permiten hablar de los de arriba y los de abajo, de privilegios y derechos, de ricos y pobres, de una mayoría social amenazada por una minoría poderosa. Hay abusos económicos reales y problemas sociales gravísimos. Precisamente por eso convendría exigir al Gobierno resultados y responsabilidades, además de escuchar sus proclamas. La existencia de un adversario no convierte automáticamente a Sánchez en defensor eficaz de quienes lo padecen. El presidente es un jugador: tiene olfato para detectar las oportunidades y ningún reparo para cambiar de discurso. La movilización por la vivienda le ofrece una ocasión para recuperar la iniciativa, convertir una derrota parlamentaria en agravio colectivo y pedir a los ciudadanos que reparen en las urnas lo que él no ha conseguido resolver en el Congreso. La hipótesis electoral es más que reconocible: transformar la frustración de la izquierda en miedo a la derecha, y ese miedo en voto socialista.
No parece que hoy esté cerca de una remontada para volver a reunir una mayoría de gobierno. El barómetro de Sigma Dos atribuye 140 diputados al PP y 63 a Vox, frente a los 103 del PSOE, los nueve de Sumar y los dos de Podemos. Para seguir gobernando necesitaríarecuperar muchos apoyos y que esos apoyos produzcan escaños suficientes junto a los de sus posibles aliados. Y ahí aparece la primera contradicción de su estrategia. Sánchez puede crecer absorbiendo electores de los partidos situados a su izquierda y, al mismo tiempo, quedarse lejos de una suma parlamentaria viable. El éxito del PSOE y el éxito del bloque que podría investirlo no son necesariamente la misma cosa. Quitarle votos a Sumar, a Podemos o al Frente Amplio, puede mejorar la fotografía del candidato socialista, pero no garantiza más diputados disponibles para sostenerlo.
Sánchez parece dispuesto a asumir el riesgo: su campaña buscará que ningún elector de izquierda le abandone. Las decepciones con su gestión, los incumplimientos y el desgaste quedarán subordinados a una urgencia superior: impedir que gobiernen los otros. Es una apelación que ya conocemos, la ha usado antes. Cuanto más difícil es defender el balance propio, más se precisa describir la alternancia como una catástrofe.
Cabe esperar, por tanto, una campaña de confrontación creciente. Cada discrepancia sepresentará como una defensa de los privilegiados; cada crítica, como un apoyo a la ultraderecha. El ciudadano tendrá que elegir entre sumarse al presidente o soportar que le atribuyan ser cómplice de ‘los fachas’. Esa simplificación evita que la gente se pregunte por qué habría que confiar ahora en que resolverá los problemas quien ha dispuesto de tantos años para hacerlo.Convocar elecciones era necesario para salir de una legislatura incapaz de sostener alguna acción de gobierno coherente. Pero la necesidad de convocarlas no hace que sea cierto -ni siquiera convincente- el relato con el que Sánchez pretende ganarlas. Sigue teniendo capacidad para movilizar, sorprender y disputar cada voto, y haría muy mal la oposición en despreciar esa capacidad. También haría mal el país en confundir esa habilidad con una garantía de buen gobierno.
Sánchez y su partido van a incendiar sin escrúpulo alguno el patio político español para conservar el voto de la izquierda, en riesgo tras la corrupción, Ceuta y la acampada. Probablemente logre su propósito y nos asegure una buena hoguera. Pero después serán los ciudadanos quienes decidan si van a encargarle apagarla.
