La tercera pata

por | 19 julio, 2023 | A babor

La teoría económica clásica establece dos sistemas para reducir la desigualdad. El más directo serían los salarios: incrementando los más bajos –entre ellos el Salario Mínimo Interprofesional- se produciría una mejora instantánea de la igualdad. Lo que ocurre es que las decisiones políticas sobre aumento del salario mínimo no siempre consiguen sus objetivos decolarados. Un trabajador a salario mínimo contratado hoy por seis horas no cobra más que un trabajador con salario mínimo contratado hace tres años por ocho horas. Muchas empresas, incapaces de hacer frente a las subidas decretadas por el Gobierno recurren a ese procedimiento, y algunas de ellas –especialmente empresas de pocos trabajadores- recurren a ese procedimiento de forma fraudulenta, pagando seis horas y exigiendo el trabajo de ocho. Aún así, las subidas acaban por implantarse en la mayoría de las empresas con carácter general, si las empresas sobreviven a la presión de pagar más.    

El segundo de los sistemas para combatir la desigualdad son los impuestos, cada día más presentes en la vida económica: el Ministerio de Economía de España calcula que la presión fiscal estará en 2024 por encima del 40 por ciento del PIB. De hecho, en el año 2022, siempre según datos del propio Gobierno, la presión fiscal se situó en el 38,7 por ciento del PIB, y en 2023 se espera que esté en el 39,7. En todos los sistemas impositivos de los países desarrollados –en todos sin excepción- se cobra más por la renta a los ricos que a los pobres. Decir lo contrario es pura demagogia. Lo que ocurre es que los más ricos –muchos de ellos, al menos- no tributan sus ingresos por renta sino por otros medios, y a veces sus economistas y abogados consiguen burlar el principio de solidaridad que define los sistemas fiscales modernos. Otro problema es la tendencia creciente de los gobiernos a establecer ayudas que no tienen nada que ver con la renta. Ayudas para todos, tipo cheque bebé, bono cultural o esa nueva especie de la herencia universal que se ha sacado de la manga la candidata Yolanda Díaz. 

Luego están los impuestos que gravan el consumo, como el IVA, el IGIC, los impuestos a combustibles, al alcohol, al tabaco, que todo el mundo paga por igual, en función de lo que compra. Hoy, ese tipo de impuestos, supone cerca de la mitad de lo que el Estado recauda, y en el caso de Canarias más de lo que se consigue por IRPF. Aunque la tendencia parece cambiar: el Gobierno de España asegura que los impuestos que gravan personas y empresas ganan peso en el PIB frente a los que gravan el consumo de bienes y servicios. Es un cambio muy importante de la fiscalidad española, que apunta en dirección a reducir la desigualdad. Los impuestos directos más importantes –IRPF, sociedades, patrimonio, y en menor medida sucesiones y donaciones, que el Gobierno de Clavijo liquidó ayer- recaudaron en 2022 hasta 164.569 millones, un porcentaje del 12,4 por ciento del PIB, frente al 12,1 por ciento que suponen los impuestos indirectos. En 2026, según Economía, los impuestos directos representaran el 14,3 del PIB y los indirectos el 11,8. Y si se cumplen las promesas del nuevo Gobierno de Canarias y se reduce el tipo general del IGIC, quizá algo parecido pueda ocurrir en las islas: que la mayor carga fiscal la soporten los que más tienen.  

Pero hay otro sistema menos conocido, que ahora sabemos influye también en el aumento de la desigualdad: la inversión pública, más rentable para las regiones más ricas. Las comunidades autónomas con mayor nivel de renta se benefician más de la inversión en infraestructuras, según estudios realizados por encargo del Banco de España, que demuestran que el efecto multiplicador de la inversión pública en infraestructuras productivas, en las regiones con PIB per cápita superior a la media es mayor. Aun así, el Gobierno de España ha favorecido estos años sanchistas a Cataluña y País Vasco, dos de las regiones más ricas. Eso provoca el aumento de la desigualdad entre territorios y quienes los habitan.

Si lo que realmente se pretende es promover la convergencia entre los distintos territorios del país, entre la España rica y poblada y las España más pobre, lo correcto sería que las regiones con menor PIB per cápita recibieran más inversión en infraestructura pública que las más ricas.

Salarios e impuestos, pero también inversión pública en infraestructuras. Si se trata de ser keynesianos, mejor seámoslo en todo.