Resulta un punto espeluznante que haya tenido que ser un medio de comunicación –Maldita.es-, quien descubra y documente la circulación de material sobre abuso sexual infantil en TikTok. Durante 35 días de investigación, sus periodistas localizaron 1.183 publicaciones que acumulaban 48 millones de visualizaciones. También identificaron miles de perfiles vinculados al intercambio de estos contenidos y comprobaron que los propios mecanismos de recomendación de la plataforma les facilitaban el acceso. De una muestra de 50 publicaciones denunciadas a TikTok, solo se retiraron inicialmente cinco. Cinco de 50. No parece precisamente un ejemplo de eficacia en la protección de la infancia.
La Fiscalía ha presentado ahora una denuncia judicial para investigar los posibles delitos cometidos y determinar sus responsables, solicitando la retirada urgente de los contenidos denunciados. Es lo que había que hacer. Pero… ¿qué habría ocurrido si los periodistas de Maldita.es no hubieran realizado su investigación? ¿Cuánto tiempo más habría seguido circulando ese material? Esa pregunta resulta pertinente en un país donde el gobierno lleva años anunciando medidas para proteger a los menores en internet. Hemos escuchado promesas de regulación, restricciones de acceso, verificaciones de edad, responsabilidades penales para los directivos de las plataformas y sanciones ejemplares contra quienes incumplan sus obligaciones. Cada cierto tiempo, el Gobierno descubre solemnemente que las redes sociales pueden resultar peligrosas y anuncia medidas, pero los resultados no llegan.
En febrero, Sánchez anunció en Dubái nuevas decisiones sobre las plataformas digitales, incluida la prohibición de acceso a las redes sociales para menores de 16 años. La iniciativa se presentó como una medida política de gran alcance, aunque parte sustancial de lo anunciado ya figuraba en un proyecto de ley que llevaba meses tramitándose en el Congreso. Una curiosa forma de gobernar: presentar como novedad lo que ya se ha presentado antes. Recuerdo aun otro anuncio del Gobierno: que se regularía el acceso a la pornografía en internet, para proteger a los menores. Provocó debates demoledores, pero no llegó a materializarse en ninguna decisión. Se han insinuado iniciativas legislativas, mecanismos de supervisión y actuaciones administrativas. Pero sigue sin existir ningún sistema que impida o siquiera reduzca el acceso de los jóvenes a contenidos porno. Lo que si existe es una regulación europea que establece obligaciones concretas para las plataformas, aunque resulta cuestionable la distancia entre los compromisos públicos y su cumplimiento. Porque la protección de los menores no consiste en ofrecer más ruedas de prensa. Consiste en lograr que las tecnológicas retiren los contenidos delictivos, impidan su difusión y respondan por sus incumplimientos.
Buena parte del debate político sobre las redes sociales se ha desplazado hacia la desinformación, los discursos de odio y la conveniencia de limitar lo políticamente incorrecto. Son asuntos preocupantes, pero no tienen nada que ver con la persecución de delitos. Una opinión desagradable, la mentira política o una afirmación disparatada no son equiparables a la distribución de material de abuso sexual infantil. En el primer caso hablamos de límites a la libertad de expresión. En el segundo, de conductas delictivas y repugnantes.
Sería deseable que el gobierno mostrara tanta preocupación por la eficacia de su protección a los niños, como entusiasmo manifiesta al anunciar nuevas fórmulas para vigilar lo que se dice en internet. Proteger menores no puede ser la excusa para ampliar el control político sobre la conversación pública. Y tampoco puede obviarse la responsabilidad de las plataformas: TikTok no es un inocente tablón de anuncios donde millones de personas depositan contenidos sin intervención alguna de la empresa: sus algoritmos seleccionan y recomiendan cantidades ingentes de basura. Si la investigación judicial confirma que contribuyen a difundir material delictivo, estaremos ante un problema mucho más allá de la presencia de delincuentes usando internet. Estaremos ante un sistema de distribución de contenidos al que no parece preocuparle difundir abusos.
El comportamiento de TikTok tampoco es precisamente nuevo: la Comisión Europea ya comunicó en julio sus conclusiones preliminares sobre las deficiencias de la red en la protección de las cuentas de menores. No se refería Bruselas a los delitos denunciados ahora, pero sí evidencia que la inseguridad de los menores era conocida por las autoridades.
El Gobierno ha reaccionado a la investigación de Maldita.es planteando suspender TikTok en España. Es una medida extraordinaria que exige argumentos jurídicos, proporcionalidad y garantías. Por ahora, lo que tenemos es una denuncia judicial, declaraciones políticas en campaña y promesas de contundencia. Habrá que comprobar en qué se concreta eso. Quizá haya llegado el momento de que nuestros líderes dejen de explicar cuánto les preocupa lo que pasa en las redes y empiecen a demostrar qué hacen por evitarlo. Porque los menores no necesitan otro discurso, otra comisión interminable u otra fotografía con ministros. Lo que necesitan es que alguien los proteja. De verdad.
