Todos nos equivocamos. Todos. Pero yo desconfío de las equivocaciones que favorecen siempre al mismo. Y cuando esas equivocaciones se producen en un organismo público, financiado con el dinero de todos y presidido por un antiguo dirigente del partido que gobierna, resulta difícil despacharlas como accidentes estadísticos. Una cosa es equivocarse al medir la opinión pública -en este país las encuestas fallan siempre- y otra es que los errores respondan sospechosamente a los objetivos de campaña de quien ocupa el poder. La encuesta publicada ayer por el CIS adolece de los mismos defectos que la última publicada durante la campaña de 2023. Parece hecha con escuadra y cartabón para mantener las expectativas del PSOE de mantenerse en el Gobierno.
El 17 de julio de 2023, sólo seis días antes de las elecciones generales, el Centro publicó su último sondeo electoral, una ‘encuesta flash’ dirigida personalmente por Tezanos. Era la última oportunidad legal para publicar estimaciones antes de que los españoles acudieran a las urnas. Y el CIS aprovechó la ocasión para anunciar que el PSOE ganaría las elecciones con el 32,2 por ciento de los votos, frente al 30,8 del PP. Sumar alcanzaría el 14,9 y Vox se quedaría en el 11,8. Pero el resultado de las urnas fue justo al revés: el PP ganó las elecciones, con el 33,1 por ciento de los votos. El PSOE sacó el 31,7, Sumar el 12,3 y Vox el 12,4. El CIS había colocado al PSOE por delante del PP, y los electores decidieron lo contrario. Pero lo más llamativo no fue la diferencia entre los dos grandes partidos, sino la distribución del voto entre bloques. Según Tezanos, PSOE y Sumar reunían el 47,1 de los sufragios, frente al 42,6 de PP y Vox. Una ventaja de cuatro puntos y medio para la izquierda gubernamental. Las urnas, sin embargo, otorgaron el 45,4% a PP y Vox y aproximadamente el 44% a PSOE y Sumar. La distancia entre bloques se había invertido. Entre la fotografía que ofrecía el CIS y la realidad electoral había casi seis puntos de diferencia.
Vuelvo y repito: las encuestas se equivocan. También la pifiaron muchas otras empresas demoscópicas en las elecciones de 2023, casi todas sobrevalorando las posibilidades de la derecha. Pero ninguna de las empresas que la pifiaron como el CIS, era un organismo del Estado, ni estaba mantenida con los impuestos de los ciudadanos, ni tiene la obligación institucional de actuar con absoluta independencia respecto del Gobierno. El CIS sí tiene que hacerlo.
Y ese es el problema. No se trata de acertar en un pronóstico, sino de la utilización política de un organismo que debe estar al servicio de la sociedad. Una encuesta electoral no solo describe la realidad: también influye sobre ella. Puede movilizar a los partidarios, desanimar a los adversarios, alimentar expectativas de victoria o reforzar la idea de que un determinado resultado es inevitable. Las encuestas forman parte de la conversación electoral y, por tanto, tienen consecuencias políticas.
Es absurdo pretender que un sondeo determina por sí solo el comportamiento de millones de electores. Pero también es ingenuo negar que las estimaciones publicadas durante una campaña contribuyen a crear el clima en el que los ciudadanos se deciden. Por eso resulta imprescindible que un organismo público no confunda la investigación sociológica con la comunicación política.
Tezanos no llegó al CIS desde una universidad extranjera o un centro de estadística. Llegó después de una larga trayectoria vinculada al PSOE, del que había sido miembro de su Ejecutiva Federal. Eso le obliga a extremar las garantías de independencia y a mantener una distancia escrupulosa respecto de los intereses electorales de su partido. La independencia no se demuestra proclamándola: hay que ejercerla y conseguir que resulte creíble. Durante la etapa Tezanos, el CIS ha sido objeto de constantes críticas por sus métodos de estimación electoral y por la orientación de sus pronósticos. Tezanos rechaza las acusaciones de parcialidad y defiende sus procedimientos, mientras los ciudadanos se preguntan por qué un instituto público acaba convertido, elección tras elección, en protagonista de controversias sobre su neutralidad.
Lo ocurrido en julio de 2023 nos proporciona un ejemplo perfectamente documentado de una estimación que, en el momento decisivo de la campaña, ofreció una imagen electoral más favorable al bloque gubernamental que la que reflejaron las urnas. Ese comportamiento se repite en todas las citas con las urnas, y el CIS es hoy percibido como una pieza más del aparato de comunicación socialista.
La democracia no necesita encuestas que levanten la moral de los gobernantes. Necesita instituciones en las que puedan confiar también quienes no los votan. Cuando un organismo público pierde esa confianza, el daño es bastante más importante que equivocarse por dos o tres puntos en un pronóstico. Lo que se pierde no es una apuesta demoscópica. Es otra parte de la decreciente credibilidad de un Estado en abuso permanente.
