Sentado frente a la tele, escuchando al pobre Broncano tartajear de puro terror a defraudar a los suyos, superado por la situación que él mismo había creado, me juré no escribir ni una palabra sobre la pseudo entrevista a Abascal. Sabía que en este país de chiflados, el encuentro catódico de estos dos iba a ser convertido por las redes y los colegas en otro episodio capital de la historia universal. No quería entrar en ese juego. Además, el programa me importa una higa, lo ví por pura curiosidad morbosa.
Broncano se confió, acudió sin prepararse la cita, probablemente sobrado, la conversación fue básicamente un intercambio de tuits, el programa perdió su tono habitual y la decisión de cambiar al público merece una repensada. Como resumen, lo que queda es que Abascal se merendó sin esfuerzo a Broncano, para frustración de la izquierda mediática (y la otra). Nada grave. Un mal día lo tiene cualquiera.
Otra cosa son las preguntas con las que una ofendidita Silvia Intxaurrondo levantó la liebre en TVE: si la extrema derecha debe tener cabida en la televisión pública, si TVE puede ser neutral en la defensa de los derechos fundamentales y la igualdad, y dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de discursos discriminatorios. Son preguntas que algunos tenemos contestadas, pero son perfectamente legítimas. Lo que me inquieta es más bien la respuesta que apuntan: que la televisión pública debería decidir qué representantes políticos merecen un micrófono, según el criterio ideológico de quién controla la televisión pública en cada momento.
La polarización está haciendo estragos en el periodismo cuando ya no discutimos las ideas de un político, sino si debemos permitirle hablar. El pluralismo no consiste en darle la razón a todo el mundo. Consiste en que las ideas puedan exponerse, contrastarse y recibir respuesta. Una televisión pública que selecciona a sus invitados según quién considera que es digno de ser escuchado deja de ser árbitro para convertirse en parte.
Yo no creo que todas las ideas sean respetables, mucho menos que un periodista deba aceptar sin réplica falsedades o provocaciones. Pero no se trata de eso, sino de algo elemental: si un dirigente representa a una fuerza política significativa, el público tiene derecho a escuchar qué defiende. Y el periodista tiene la obligación de preguntarle, de discutir sus argumentos y de dejar en evidencia sus contradicciones. Una entrevista no convierte al entrevistado en único propietario de la verdad, ni una cámara transforma en admirable a cualquiera que se siente frente a ella.
Las leyes que regulan el funcionamiento de la tele encomiendan al servicio público promover el pluralismo y garantizar el acceso al medio de los grupos sociales y políticos significativos. El mandato marco de la Corporación establece que la programación debe dar cabida a las distintas opciones y opiniones presentes en la sociedad. No es un privilegio concedido, ni una concesión. La presencia de Abascal y de cualquier otro candidato con representación parlamentaria en el mismo programa en el que participó Sánchez entre bromas, risas y aplausos de un público felizmente entregado, es una obligación democrática de la televisión pública. En periodo electoral, además, el pluralismo se somete a reglas y controles. Eso no convierte a la Junta Electoral en árbitro de todas las decisiones editoriales, pero si nos recuerda que la presencia de los candidatos no depende del capricho o del veto de un presentador.
Creo firmemente en la necesidad de defender los derechos humanos y la igualdad desde los micrófonos públicos y privados. Pero invocar derechos para excluir del debate a los adversarios, puede terminar volviéndose contra esos mismos derechos. ¿Quién decide qué ideas son incompatibles con la democracia? ¿Quién determina cuándo una propuesta discutible cruza la frontera y deja de poder ser escuchada? Si la respuesta es que cada periodista, cada cadena o cada mayoría política de turno puede decidirlo, la libertad queda sometida a una aduana ideológica que acabará aherrojándola.
Personalmente, lo tengo claro: soy periodista, entrevistaría al diablo, a Hitler o al estrangulador de Boston si tuviera la oportunidad de hacerlo. No digo que Abascal sea el diablo, Hitler o el estrangulador de Boston, la comparación me sirve para expresar un principio profesional: poner a alguien frente a lo que ha hecho y lo que defiende no supone blanquerarlo. Un político que concurre a unas elecciones y cuenta con el voto de millones de personas, debe poder responder ante el público. El silencio no ha refutado jamás ninguna idea.
Y luego está la otra cuestión central: ¿De qué queremos proteger a la sociedad? ¿De las ideas que nos desagradan o de la posibilidad de que puedan ser examinadas en público? Si creemos en la democracia y la tolerancia, la respuesta no debería ser apartar del discurso al que piensa diferente a nosotros. Debería ser escucharlo, preguntarle y rebatirlo. El micrófono no puede ser un premio, ni el debate público depender de que nos guste quien lo ocupa. La verdadera democracia no funciona con atajos. Recuerdo una frase antigua, pero aún ejemplar: “No comparto tus ideas en absoluto, Pero siempre defenderé que puedas expresarlas”.
