Concretación en la plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife, previa a la salida de la manifestación por la huelga general.
En España da igual que se paralice el país, que sólo se detengan algunas fábricas o que la mayoría de los trabajadores acuda a su puesto: las huelgas generales se ganan siempre. Al terminar la jornada, los sindicatos comparecen para anunciar un éxito extraordinario, las patronales aseguran que prácticamente nadie ha dejado de trabajar y los ciudadanos que hemos vivido las consecuencias de la huelga, nos quedamos sin saber muy bien qué ha ocurrido, más allá de nuestras propias percepciones. Es una tradición tan arraigada como discutir de fútbol o desconfiar del Gobierno.
La huelga general de ayer no es la excepción. Los sindicatos han ofrecido porcentajes de seguimiento que en algunas regiones o sectores superan el 70 por ciento, mientras las patronales niegan la mayor. La de Tenerife ha situado la participación en el sector privado de la provincia en un insignificante 0,23 por ciento. Entre la valoración de seguimiento de sindicatos y patronal hay una distancia tan descomunal que resulta difícil creer que se esté describiendo el mismo acontecimiento. Por supuesto, cada cual defiende sus intereses, pero sería de agradecer que alguien intentara explicar lo ocurrido sin necesidad de inventar falsas victorias.
Hay un indicador objetivo que, a pesar de sus limitaciones, permite aproximarse a la realidad, y es el consumo eléctrico: cuando se para la actividad de las fábricas, los talleres, las oficinas de la administración, los colegios y una parte de la actividad económica, la demanda de electricidad disminuye. No es una medición exacta del seguimiento que ha tenido una huelga, pero resulta bastante más certero que los comunicados de los sindicatos y organizaciones empresariales.
Ayer, la demanda eléctrica cayó cerca de un 9,5 por ciento a primera hora de la mañana respecto al día anterior. A las diez, la diferencia se había reducido al 6,6 por ciento y a las dos de la tarde apenas rozaba el 0,25 por ciento. Respecto a las previsiones de Red Eléctrica, el consumo a esa hora era un 2,37 inferior. Son referencias distintas, que no deben confundirse, pero que apuntan a una pérdida progresiva del impacto inicial de la convocatoria. En todas las huelgas generales de la democracia, la caída del consumo fue mucho más pronunciada, aunque hay factores como la climatología o la transformación del sistema eléctrico que impiden establecer comparaciones automáticas.
En Tenerife disponemos de algunas cifras adicionales. En el Cabildo secundó la huelga el 8,4 de la plantilla, mientras en Titsa el seguimiento fue del 3 por ciento y en el tranvía del 6. No son datos extrapolables al conjunto de la economía, pero tampoco parecen apuntar a una insurrección proletaria. Más bien describen una movilización de alcance bastante limitado, al menos en los ámbitos donde disponemos de información comprobable. La paradoja es que una convocatoria presentada como una gran demostración de fuerza, alentada desde el propio Gobierno y desarrollada en un ambiente de extraordinaria polarización, no parece haber alcanzado, según los indicadores disponibles, la capacidad de paralizar el país de anteriores huelgas generales. Eso debería provocar alguna reflexión en las organizaciones convocantes, aunque sospecho que resultará más sencillo proclamar otra victoria histórica y pasar página.
Pero la clave no si esta huelga -la primera apoyada explícitamente por el gobierno nacional, por su presidente y sus ministros- ha sido un éxito o un fracaso. Lo interesante es preguntarnos qué sentido tenía una huelga general convocada dos días antes de la campaña electoral, respaldada públicamente por las altas jerarquías del Estado, presentada explícitamente como ‘huelga política’, y dirigida expresamente contra una oposición de derechas que todavía no gobierna. Porque esa es una de las singularidades de esta convocatoria raruna: hemos asistido a una movilización que no sólo no se enfrenta al gobierno, sino que ha contado con el aliento del propio gobierno.
Los trabajadores pueden legítimamente protestar contra políticas económicas o contra amenazas futuras, pero lo que resulta bastante más discutible es convertir ese derecho en instrumento de confrontación electoral, hasta el punto de que la protesta parezca concebida para respaldar a quienes gobiernan y combatir a quienes aspiran a sustituirlos. Durante los últimos años, los sindicatos han convivido con la creciente dificultad de acceso a la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo, la precariedad laboral y la incertidumbre de los jóvenes. Eso justifica sobradamente la movilización social, pero es raro que llegue ahora, a la puerta de las elecciones, cuando el Gobierno se somete al juicio público.
Quizá por eso convendría preguntarse si los sindicatos no han terminado siendo víctimas de su politización. Una cosa es movilizar a los trabajadores en defensa de sus intereses y otra pretender incorporarlos disciplinadamente a un bando de la pelea electoral. Los trabajadores pueden estar descontentos con sus salarios, con el precio de la vivienda o con el funcionamiento de los servicios públicos sin sentirse obligados a militar contra la oposición. Y pueden compartir algunas -o todas- las reivindicaciones sindicales, sin aceptar que se les utilice como figurantes del relato electoral de quienes hoy gobiernan.
