Venía yo de leer una noticia sobre el descenso de la natalidad en el mundo. Durante décadas nos han anunciado que la sobrepoblación provocará una guerra por los alimentos y los recursos. Pero ahora sabemos que ese no va a ser el gran problema del mañana: lo que preocupa ahora es que cada vez nazcan menos niños. La fecundidad se desploma en los países desarrollados a un ritmo alarmante. Y en los países pobres también, aunque a un ritmo más reducido. La población mundial seguirá creciendo por inercia durante varias décadas, pero en toda España –en Canarias también- mueren hace ya años más personas de las que nacen. La media de hijos por mujer supera por poco el uno por ciento, y eso contando con la aportación de la emigración.
Hay menos parejas que hace una década, crece el número de solteros y se dispara el de adultos jóvenes que eligen tener una mascota antes que tener un hijo. Según los datos de Naciones Unidas, dentro de medio siglo comenzará a descender la población en el conjunto del planeta. Yo no lo veré, pero mis hijos sí: vivirán en una sociedad envejecida, con menos trabajadores, más dependiente de los servicios públicos, probablemente aún más insolidaria que esta… La caída de la natalidad es algo que solemos mirar a través de grandes proyecciones: cuántos habitantes habrá dentro de cincuenta años, quién sostendrá las pensiones, cómo cambiarán las familias, cuál será la fiscalidad, o cuanta gente morirá completamente sola en el mundo del futuro.
Con todo eso andaba yo en la cabeza, cuando me encontré con otra noticia –esta de carácter local- todavía más desconcertante. Decía que 28 recién nacidos habían sido entregados en guarda al sistema de protección en Canarias durante el pasado mes de agosto, porque sus madres renunciaron a cuidarlos en el momento del nacimiento. Leí esa frase varias veces, para intentar situarla en su contexto: durante el último año, la media de nacimientos en las islas ha sido de 963 niños al mes. Si había entendido bien, tres de cada cien madres habrían renunciado a criar a sus hijos nada más nacer. Me pareció una enormidad difícil de procesar. En la noticia, la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, aseguraba que nunca se había producido una cifra semejante.
La información no ofrecía los datos de renuncia de otros meses ni otros años. Busque infructuosamente información en internet: el boletín estatal ofrece cifras anuales de medidas de protección en Canarias, pero mezcla edades y motivos de entrada; la estadística de nacimientos del ISTAC tampoco registra si la madre renunció al cuidado. Ninguna información oficial permite calcular los casos equivalentes de 2025, 2024 o 2023. Y la información que me impactó se limitaba a recoger las declaraciones de la directora general en una comisión parlamentaria celebrada ayer. No explicaba qué circunstancias había detrás de esas 28 decisiones: imposible discernir si asistimos a un cambio social perverso o si yo estaba entendiendo mal el significado de “entregados en guarda”.
Una de las (pocas) ventajas de esta profesión es que ante la duda puedes acudir directamente a la fuente: llame a Sandra para preguntarle por las cifras, y la historia cambió por completo: para empezar, sólo tres de los 28 casos corresponden a madres que cedieron voluntariamente la guarda de sus hijos recién nacidos. Los otros 25 son intervenciones de los servicios de protección ante situaciones conocidas de abandono que ya afectan a otros hermanos, avisos procedentes de los hospitales, madres con enfermedades mentales o casos en los que se había detectado la presencia de drogas en los bebés.
Esta sociedad puede ser bastante desastrosa, pero en agosto no hubo en Canarias 28 madres que quisieron entregar a sus hijos. Ni siquiera en los tres casos de cesión voluntaria puede hablarse de renuncia definitiva; las madres disponen de seis semanas para solicitar una revisión de la situación, y el Gobierno espera que eso suceda al menos en alguno de los casos, porque así suele ocurrir. De momento, la guarda permite proteger a los recién nacidos mientras se determina qué es lo mejor para ellos.
La diferencia entre ambas versiones no es fruto de un error de interpretación. La publicada sugería que casi el tres por ciento de las madres canarias no quiere criar a sus hijos. La segunda nos dice que 28 recién nacidos precisaron la intervención del sistema de protección en el mes de agosto, y que solo en tres casos la guarda fue voluntariamente cedida. Cuando empecé a preguntarme en qué sociedad vivimos, lo hice a partir de una premisa falsa. En medio de la inquietud, prevalece ahora un dato esperanzador: el sistema funcionó, y ni uno de los 28 bebés tuvo que ingresar en un centro. Todos fueron acogidos por familias. Sigo pensando que 28 intervenciones en un mes merecen una explicación más completa. Pero ya no pienso que el tres por ciento de madres no quieran a sus hijos. Esa certeza resultaba estremecedora. Y equivocada.
A veces, antes de interpretar una información que nos parece inhumana, hay que ponerla en cuestión.
