En nuestro país se puede hablar de las pensiones siempre que no se diga algo que pueda inquietar a los pensionistas. Se puede prometer que subirán, garantizar que estarán protegidas y acusar al adversario de querer recortarlas. Lo que no se hace es explicar cómo vamos a pagarlas dentro de veinte años. Esa pregunta, de una vulgaridad contable imperdonable, incomoda. Y en campaña electoral incomodar al ciudadano parece haberse convertido en una conducta incompatible con la democracia.
La discusión vuelve a discurrir por el cauce acostumbrado: Sánchez presenta a la oposición como una amenaza para los jubilados y promete revalorizaciones conforme al IPC, como una gran novedad, cuando es algo que establece la ley. Feijóo responde garantizando también las subidas y la viabilidad del sistema. El resultado es que los ciudadanos reciben garantías por duplicado, pero explicaciones por ninguna parte. Debemos de tener el sistema de pensiones más seguro del mundo: todos prometen salvarlo y casi nadie encuentra el momento de explicar de qué hay que salvarlo y como va a hacerse.
Las pensiones necesitan ajustes para sostenerse a largo plazo, ese debería ser el punto de partida del debate. Vivimos más años, cambia la relación porcentual entre quienes trabajan y quienes cobran una prestación, y aumenta la presión sobre las cuentas públicas. Podemos discrepar sobre las soluciones, sobre cuánto deben aportar los impuestos, sobre las cotizaciones, la edad de jubilación o la protección de las prestaciones más bajas. Pero discutir las respuestas exige permitir primero que nos hagamos las preguntas.
La AIReF ha advertido que cumplir formalmente la regla de gasto de las pensiones no garantiza su sostenibilidad. La distinción tiene importancia. Las prestaciones pueden seguir pagándose mediante cotizaciones, transferencias del Estado y endeudamiento. Sin embargo, cada recurso comprometido tiene consecuencias sobre los contribuyentes, sobre otras políticas públicas o sobre quienes tendrán que devolver la deuda, nuestros hijos y nietos. La garantía del pago no convierte la financiación en gratuita. No lo es. Alguien pagará las facturas que se nos acumulan. Explicar eso debería ser la obligación de cualquier gobernante, pero aquí se considera que hacerlo es una imprudencia. Si un dirigente señala una dificultad, sus adversarios convierten el diagnóstico en programa de demolición. Si propone estudiar una reforma, se les saca la tijera. Y así se consigue que nadie ofrezca nada que no sean promesas imposibles de cumplir.
En mayo de 1940, Churchill compareció ante la Cámara de los Comunes y ofreció sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Los bombardeos sobre Londres confirmaron que no había exagerado. No hace falta equiparar una discusión sobre pensiones con una guerra para apreciar la distancia entre aquella forma de dirigirse a una sociedad adulta y consciente y la nuestra. Churchill entendió que sus conciudadanos tenían que saber la verdad –una verdad terrible- y atenerse a ella. Nuestros dirigentes prefieren pensar que no somos capaces de soportar una explicación desagradable sobre el futuro de las pensiones.
Y eso es responsabilidad nuestra. Nos acostumbramos a reclamar soluciones que no alteren nuestras comodidades. Queremos mejores servicios, menos impuestos, más prestaciones y ninguna renuncia. Pedimos que se construyan escuelas, hospitales, centros de emigrantes, aeropuertos, estaciones de guaguas, y centrales eléctricas. Pero encontramos razones para que no cerca de nuestra casa. Exigimos frenar el cambio climático, pero sin que eso afecte al paisaje o al recibo de la luz.
Gobernar implica -entre otras muchas cosas- responder a demandas contradictorias, explicar qué decisiones pueden tomarse, cuánto cuestan y a quién afectan. Es infantil sustituir la verdad por la promesa de satisfacer todas las necesidades. El ciudadano acaba convertido en alguien frustrado y engañado, a quien hay que distraer, tranquilizar y proteger de cualquier noticia que pueda disgustarle. Y el político, en un vendedor de mentiras que teme perder la clientela si dice la verdad.
Con las pensiones, esa conducta resulta especialmente irresponsable. Hay millones de personas cuya seguridad económica depende de ellas y millones de trabajadores que cotizan esperando recibir mañana una protección semejante. Ambos merecen información y compromisos creíbles. Habrá reformas acertadas y equivocadas. Algunas repartirán mejor los esfuerzos; otras protegerán intereses concretos bajo grandes palabras. Precisamente por eso necesitamos discutirlas. Presentar cualquier cambio como una agresión impide distinguir entre las decisiones que fortalecen el sistema y las que aplazan las dificultades, sin resolverlas. Lo más absurdo es aceptar que de estas cosas no se puede hablar durante una campaña. ¿Cuándo, entonces? Las campañas son el momento mejor para discutir sobre estas cosas.
Una sociedad adulta puede asumir dificultades si se las explican con honestidad y si el esfuerzo se distribuye de forma justa. Lo que acaba debilitándola es digerir paletadas de demagogia.
