Vista de la sede central del Banco de España en a Plaza de Cibeles de Madrid
La economía española crece más de lo previsto. También los precios. El Banco de España acaba de mejorar sus previsiones de actividad y de empeorar las de inflación. Son dos noticias que caben perfectamente en el mismo informe, aunque el Gobierno tendrá cierta inclinación a leer en voz alta la primera y pasar de puntillas por la segunda. El problema es que la gente recibe ambas juntas. Y la segunda les llega con una puntualidad admirable: cada vez que pagan.
El organismo prevé un crecimiento del 2,6 por cientoeste año y del 2,2 el próximo, pero sitúa la inflación armonizada media en el 3,9 y el 3,7 por ciento respectivamente. Son previsiones para España, no estimaciones específicas para Canarias. La economía mantiene capacidad para avanzar, mientras el encarecimiento de la energía y los servicios complica la recuperación del poder adquisitivo. Crecer es una buena noticia. Pero el crecimiento del país no equivale a una mejora automática de cada hogar. Una familia puede tener más miembros trabajando y seguir encontrando dificultades para llegar a fin de mes. Puede aumentar sus ingresos y descubrir que la vivienda, el transporte y la compra han aumentado aún más. La prosperidad se mide después de pagar las facturas. Ahí es donde la fiesta macroeconómica se somete a comprobación.
En Canarias, el último dato definitivo disponible, correspondiente a agosto, situaba la inflación anual en el 3,8 por ciento, cinco décimas por debajo de la media española. Estamos mejor en esa comparación, pero con una subida considerable, y la tasa ha pasado del 2,1 de febrero a rondar el 4 por ciento en agosto. La diferencia con otras comunidades ofrece poco consuelo cuando los sueldos tiene que alcanzar para los gastos.
Además, los precios no se mueven todos juntos. Según el ISTAC, el transporte personal se encareció un 13 por ciento interanual en agosto y los huevos casi un diez, mientras descendían otros productos y servicios. La inflación media mezcla esas evoluciones. Cada hogar, sin embargo, compra una combinación distinta. Quien necesita desplazarse diariamente en coche no puede sustituir el combustible por un artículo que haya bajado de precio. Las estadísticas permiten entender el problema; las obligaciones de cada familia determinan cómo se padece.
Tampoco una moderación de la inflación devuelve los precios a donde estaban. Si algo que costaba cien pasa a costar ciento diez y después sube menos, seguirá costando más. Esa confusión ha servido para anunciar demasiadas veces “lo peor ha pasado”, mientras la gente sigue pagando el encarecimiento acumulado. Para recuperar capacidad de consumo hacen falta ingresos que compensen esa subida. Cuando no llegan, el ajuste lo hacen los hogares: aplazan compras, reducen gastos y renuncian.
La vivienda lleva esa distancia entre las cifras y la vida cotidiana a otro nivel. El índice del INE que mide los precios de compraventa de vivienda libre registró en Canarias una subida interanual del 11 por ciento sólo en el segundo trimestre de 2026. Es un indicador diferente del IPC y no mide los alquileres. Pero revela la magnitud del obstáculo para quienes intentan comprar una casa: en un año, el precio ha avanzado a un ritmo que exige un esfuerzo extraordinario de ahorro.
El Banco de España vuelve a señalar restricciones que frenan la construcción: costes, falta de trabajadores, lentitud urbanística, suelo disponible y dificultades de conexión eléctrica. El precio elevado debería estimular nuevas promociones, pero la oferta responde con dificultad. Esa rigidez convierte cualquier mejora de ingresos en una carrera muy desigual. El comprador ahorra para poder pagar una entrada que se aleja de sus posibilidades mientras ahorra. Y las ayudas para financiarla no compensarán el problema si no se acompañan de más oferta para evitar alimentar las subidas de los precios.
Conocemos bien la diferencia entre anunciar viviendas y entregar las llaves. El suelo debe estar preparado, los permisos resueltos, las obras financiadas y los servicios disponibles. Todo eso exige coordinación y gestión. Los decretos y los planes no levantan edificios por sí solos. Tampoco los discursos contra la especulación resuelven un atasco administrativo ni proporcionan los trabajadores necesarios. La respuesta al encarecimiento necesita esa misma precisión. Ayudas dirigidas a quienes soportan mayores dificultades, atención al transporte y la energía, políticas de vivienda que produzcan resultados y una vigilancia seria sobre la evolución de los ingresos. No todo depende de Canarias, ni tampoco está en manos del Gobierno nacional. Por eso conviene saber qué puede hacer cada administración y exigir que lo haga, en lugar de convertir cualquier dato favorable en una ceremonia de autoelogio.
El Banco de España describe una economía que resiste. Pero necesitamos algo más que resistir. Necesitamos que el trabajo permita tener una casa, desplazarse y llenar la nevera sin convertir cada mes en un ejercicio de supervivencia. Podemos crecer mucho y seguir viviendo con apuros. La economía del bolsillo tiene esa mala costumbre: no mejora porque el Gobierno anuncie que va bien.
