Una vivienda no se construye con un certificado de empadronamiento. El Ejecutivo plantea exigir diez años de residencia ininterrumpida, o quince si hubo interrupciones, limitar a dos las adquisiciones de los no residentes y conceder nuevas facultades para da más autonomía de actuación a los ayuntamientos. Todo ello envuelto en la solemne presentación de una reforma histórica. Pero de momento, lo que único que tenemos es un anuncio. Las casas disponibles siguen pendientes.
El problema de la vivienda es suficientemente grave como para exigir algo más que una exhibición de supuesta voluntad política. Hay trabajadores que no pueden pagar un alquiler, jóvenes que no consiguen emanciparse y familias para las que comprar una casa se ha convertido en una fantasía. Esa emergencia merece medidas cuya eficacia pueda explicarse y evaluarse. ¿Cuántas viviendas saldrán al mercado? ¿Cuánto se espera que bajen los precios? ¿En qué plazo? En las informaciones sobre la propuesta hay requisitos, prohibiciones y autorizaciones. Pero la respuesta a esas preguntas no aparece por ninguna parte.
La filosofía del invento resulta confusa: si la población residente no puede comprar, restrinjamos a quienes vienen de fuera. Es un mensaje de fácil circulación y claro rendimiento político, pero los inconvenientes surgen cuando se pretende convertir esa consigna en norma capaz de distinguir entre inversión especulativa y la necesidad de encontrar un lugar donde vivir. Porque esas dos cosas no se concilian sólo contando los años que alguien lleva empadronado. Por ejemplo: pongamos que una médico foránea e instala en Tenerife, trabaja en la sanidad pública y decide quedarse. Tendría que esperar diez años para comprar una vivienda aquí, y lo mismo le ocurriría a un profesor, a un albañil o a una trabajadora de hotel. Entretanto, pagarían impuestos, atenderían pacientes, darían clases, levantarían edificios o servirían desayunos. Su vinculación con Canarias sería suficiente para hacer todo eso, pero no para comprar una vivienda. Durante esa década tendrían que vivir en algún otro sitio, previsiblemente, de alquiler: impedir comprar a una persona que puede hacerlo no elimina su necesidad de vivienda. La desplaza hacia otro régimen de acceso. Si una parte de los que podrían comprar permanece obligatoriamente en el alquiler, habrá que preguntarse qué consecuencias puede tener sobre ese mercado. También para los residentes a los que se pretende proteger.
Mientras tanto, una persona empadronada desde hace años podría comprar con intención especulativa. El calendario no convierte a nadie en propietario socialmente responsable. Confundir arraigo administrativo con comportamiento económico permite redactar un discurso muy vistoso, pero deja bastante mal identificado el problema que se quiere combatir. La propuesta incorpora, además, una excepción no explicada: las sociedades podrán adquirir viviendas para venderlas a particulares o destinarlas al alquiler. Habrá que conocer las condiciones concretas del borrador, pero, tal como nos lo cuenta el presidente Clavijo, al trabajador que llega para quedarse se le impondrá una espera de diez años, mientras una empresa puede comprar para desarrollar su negocio inmobiliario. A mí que me lo piquen menúo, porque de momento la fórmula me resulta bastante extraña de combatir la especulación.
Tampoco se entiende bien cómo encajan la reserva de compra para quienes acrediten diez años de residencia y la posibilidad de que los no residentes adquieran hasta dos viviendas, siempre en localidades diferentes. Nos dicen que esa relación se concretará en la redacción definitiva, luego estamos discutiendo restricciones cuyo funcionamiento conjunto aún precisa de explicación. Deberían haberla ofrecido antes de anunciar la transformación histórica.
Seamos rigurosos: limitar compras puede reducir parte de la demanda, pero no demuestra que cualquier diseño de limitación permita el acceder a vivienda a quienes hoy no lo tiene. Sostener que ocurrirá eso precisa conocer el peso de las operaciones afectadas, su distribución territorial, los precios de los inmuebles y las posibles vías para eludir la restricción. El entusiasmo del Gobierno con su propuesta no le exime de hacer las cuentas. Canarias tiene un territorio limitado y una presión residencial que justifica estudiar medidas específicas. Necesita políticas que enfrenten los obstáculos: suelo utilizable, plazos administrativos, rehabilitación, promoción pública e infraestructuras. Cada una de esas tareas obliga a gestionar, presupuestar y asumir responsabilidades. Prohibir sobre el papel, no resuelve nada.
El último ingrediente es enviar borradores a Madrid y señalar que ahora todo depende de la voluntad del Estado. Fuerte descaro: la operación permite presentar la iniciativa y situarse sin culpas al margen de que prospere. Pero el Gobierno canario está obligado a demostrar que su propuesta es coherente y servirá para algo. Calificar de ‘histórica’ la reforma no abarata precios. Multiplicar las restricciones no garantiza que se construyan más viviendas. De momento, lo único que se ofrece es más ruido electoral. Parece que no sólo Sánchez se ha apuntado a esta fiesta. Pero quienes buscan casa necesitan una llave, no más declaraciones.
