Reunión de la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, presidido por el ministro de Hacienda, Arcadi España, que contó con la presencia del ministro Torres.
La reforma de la financiación autonómica debería responder a una pregunta sencilla: ¿cuánto dinero necesita cada región para prestar a sus ciudadanos los servicios públicos fundamentales? A partir de ahí, habría que calcular el coste de la sanidad, la educación y los servicios sociales, ponderar factores como el envejecimiento, la pobreza, la dispersión territorial o la insularidad y repartir los recursos con arreglo a normas conocidas por todos. Sin embargo, el Gobierno ha convertido la reforma de la financiación autonómica en otra pieza de la negociación que permite a Sánchez seguir en la Moncloa y mantener a Salvador Illa como ‘molt honorable president’ de la Generalitat. El resultado no es un sistema pensado para garantizar la igualdad entre españoles, sino una acumulación de fórmulas, fondos, compensaciones y excepciones destinada a que Cataluña reciba el trato prometido a Esquerra y Junts.
El último análisis de Fedea sobre el borrador del Gobierno permite comprender la dimensión del problema: la reforma incorpora más recursos al sistema, pero conserva una cláusula de statu quo que impide corregir realmente sus desigualdades. Las comunidades conservan sus posiciones relativas y las compensaciones se actualizarán indefinidamente con los ingresos tributarios del Estado. No se eliminan (nadie lo esperaba, aunque sería un debate razonable) las anomalías del sistema anterior: se blindan País Vasco y Navarra, cuyos regímenes forales proporcionan una financiación muy superior a la del resto. Y se añade una tercera singularidad para Cataluña, una de las comunidades con mayor renta. El mapa resultante es difícilmente justificable: los territorios más ricos -con la excepción de Madrid) disfrutarán de sistemas excepcionales mientras las regiones con menor renta seguirán peleando por recursos insuficientes.
Para Canarias, esa inercia resulta especialmente perjudicial. Las Islas llevan años reclamando que se valoren adecuadamente la insularidad, la fragmentación territorial, la pobreza y el coste que supone atender una población de hecho muy superior a la empadronada. Los recursos fiscales del REF no pueden computarse como si fueran financiación de los servicios públicos fundamentales. Son instrumentos destinados a compensar la lejanía y la insularidad, no un regalo que permita al Estado reducir su aportación a la sanidad o la educación de los canarios. El borrador, además, tampoco ajusta correctamente el peso de esos servicios: la sanidad representa aproximadamente el 48 por ciento del gasto autonómico consolidado, pero en la fórmula propuesta sólo pesa un 38. La educación supone algo más del 28 por ciento del gasto real y se queda en el 20,5. En cambio, el padrón recibe una ponderación del 30 por ciento, casi el doble de lo que Fedea considera razonable. Canarias, con bajos niveles de renta, elevadas tasas de pobreza y enormes costes territoriales, precisa que el sistema mida necesidades reales, no que reparta dinero contando habitantes como quien reparte bocatas de mortadela.
La segunda gran trampa está en las llamadas competencias singulares: el Gobierno abre la posibilidad de ceder un tramo adicional del IVA a las regiones, hasta alcanzar el 90 por ciento, para financiarlas. Obviamente, es otro sistema del que Canarias queda fuera, porque aquí no tenemos IVA. Fedea advierte de que la cesión de IVA atenta contra la lógica igualitaria del modelo y favorecerá a los catalanes. No se trata, por tanto, de una sospecha nacida de la habitual bronca entre partidos. Es la consecuencia técnica de una decisión política: crear otra puerta especial dentro del régimen común para cumplir con Cataluña los acuerdos que sostienen la supervivencia de Sánchez. A pesar de todo eso, el Gobierno de Canarias decidió inexplicablemente apoyar la propuesta del Ministerio, que iba a ser aprobada con el único voto favorable de Cataluña.
Lo mejor es el cinismo del Gobierno, cuando asegura que nadie pierde porque Hacienda aportará 21.000 millones adicionales: pero el dinero del Estado no nace bajo las baldosas del Ministerio de Hacienda. Sale de nuestros impuestos. Y se va a distribuir para favorecer a Cataluña. La reforma de la financiación no puede convertirse en el precio a pagar por la investidura o en el pegamento de dos gobiernos. Debería servir para que las regiones atiendan sus necesidades reales. Así no se construye un sistema más federal ni más justo, se levanta una España de excepciones, en la que la capacidad para lograr financiación depende de los votos que necesita el Gobierno. Y en esa España, los que no pueden derribar al Gobierno, pagan las facturas de quienes sí podrían hacerlo.
