Central nuclear de Almaraz.
El Gobierno dice que no ha cambiado su política nuclear. Simplemente ha prorrogado hasta junio de 2030 el funcionamiento de una central que debía iniciar su cierre en 2027. Conviene repetirlo despacio, por si alguien no ha aprendido todavía a manejar el lenguaje de la posverdad: Almaraz iba a cerrar sus dos reactores en 2027 y 2028; ahora ambos seguirán funcionando hasta 2030, pero el Gobierno sostiene que no ha modificado su posición. Ha cambiado las fechas sin cambiar el calendario, ha retrasado el cierre sin prorrogar la energía nuclear y ha incumplido su compromiso cumpliéndolo “a rajatabla”.
La decisión de no cerrar es razonable: España necesita garantizar el suministro eléctrico en un contexto internacional inestable, reducir su dependencia del gas y evitar que una transición energética diseñada sobre el papel termine chocando con las necesidades reales del sistema. El Consejo de Seguridad Nuclear ha informado favorablemente sobre la continuidad de Almaraz. La central produce alrededor del siete por ciento de la electricidad española y proporciona muchos empleos directos en Extremadura. Existen argumentos técnicos, económicos y estratégicos para revisar el calendario aprobado en 2019. Lo que no resulta razonable es negar que se ha revisado.
La central de Almaraz es propiedad de Iberdrola, Endesa y Naturgy. Las tres compañías solicitaron ampliar su funcionamiento hasta 2030 y el Gobierno lo ha aceptado. Sumar sostiene que el PSOE ha incumplido el acuerdo de coalición, y que se ha puesto al servicio del oligopolio energético. La acusación es sin duda excesiva, pero la ruptura del primer tramo del calendario es evidente. La ministra para la Transición Ecológica insiste, sin embargo, en que el PSOE cumple su programa electoral y no altera el calendario nuclear. Para sostenerlo se aferra a que el cierre de la última central continúa previsto para 2035. Es un truco semántico: no se modifica la fecha final del proceso, y se pretende que eso tampoco cambia sus etapas. En fin, más revelador aún es el procedimiento elegido: la prórroga no pasó por el Consejo de Ministros, fue aprobada mediante una orden de la ministra Aagesen y publicada en el BOE: la renovación de la explotación es de su competencia, y la fórmula permite evitar que los ministros de Sumar voten contra el Gobierno al que pertenecen.
Así funciona ahora la coalición progresista. Los asuntos acordados se aprueban en el Consejo y se presentan como conquistas compartidas. Los asuntos que dividen se tramitan por otra puerta, mientras Sumar protesta desde dentro como si la decisión fuera adoptada por un Gobierno ajeno. Sumar denuncia la sumisión del PSOE a las eléctricas, pero sigue en la mesa del Consejo. El episodio no demuestra solamente la debilidad de Sumar. Expresa la extraordinaria tranquilidad con la que Moncloa asume que las palabras ya no necesitan mantener una relación reconocible con los hechos. Antes, los gobernantes cambiaban de posición y trataban de justificar por qué lo hacían, alegaban circunstancias nuevas, reconocían errores de cálculo o invocaban el interés general. Ahora cambian de posición y niegan haberlo hecho. No explican su contradicción, la borran.
La guerra en Oriente Medio, la volatilidad del gas y las necesidades de seguridad energética permiten defender la prórroga de Almaraz. Lo honesto habría sido decir que el contexto ha cambiado y que el Gobierno adapta su política a una realidad distinta. Eso no constituye necesariamente una traición ideológica. Rectificar ante hechos nuevos puede ser muestra de responsabilidad. Lo inadmisible es presentar la rectificación como prueba de perseverancia.
Pero el PSOE sanchista ha llegado a la conclusión de que reconocer una contradicción resulta más costoso que mentir. Cuenta, además, con la fidelidad de una parte de su electorado, dispuesta a aceptar hoy lo que denunciaría incendiando las calles en protesta si lo hubiera hecho el PP. La verdad ya no depende de lo sucedido, sino de quién lo decide. Si lo hace Sánchez, prorrogar una central nuclear forma parte del calendario de cierre; gobernar sin presupuestos significa estabilidad; perder una votación es ganarla entre aplausos y cualquier incumplimiento es una forma especialmente inteligente de cumplir.
No estamos ante una simple mentira. Las mentiras tradicionales intentaban ocultar los hechos. La posverdad exige más: que los hechos permanezcan a la vista y, aun así, aceptemos que significan lo contrario de lo que vemos.
