La brecha entre jóvenes y mayores: los nuevos jubilados cobran ya más que los trabajadores menores de 35 años
Francia ha vuelto a abrir ese debate que los gobiernos europeos prefieren mantener silenciado. Con unas cuentas públicas sometidas a presión creciente y con mercados que exigen más intereses por financiar su deuda, el Gobierno francés plantea congelar en 2027 las pensiones más altas o, al menos, revalorizarlas por debajo de la inflación. La propuesta afectaría, en principio, a los jubilados con mayores ingresos y preservaría las pensiones más modestas. No es todavía algo decidido, pero basta con mencionar la posibilidad para provocar un incendio. En Francia, como en España, los pensionistas constituyen un grupo electoral numeroso, políticamente activo -los mayores participan más en las elecciones que cualquier otro grupo de edad- y por tanto, decisivo. Cualquier gobierno sabe que tocar las pensiones -incluso las elevadas- tiene un coste inmediato. Por eso se traslada la factura al futuro. Para que la paguen los que vengan después.
Pero el hecho es que ya no puede garantizar indefinidamente una revalorización automática de todas las pensiones, sea cual sea su cuantía, sin considerar la evolución de los salarios, la productividad, el empleo, los ingresos públicos y el número de trabajadores que sostienen el sistema. Europa envejece: vivimos más años, tenemos menos hijos, que se incorporan más tarde al mercado laboral. La generación del baby boom se jubila. Cada pensionista cobrará durante más tiempo y la relación entre cotizantes y beneficiarios seguirá menguando. Ocurre desde hace décadas, pero actuamos como si acabáramos de descubrirlo.
España representa perfectamente esta política del avestruz. El Gobierno presentó hace un par de años como “reforma de las pensiones” lo que, en realidad, no era más que una operación para no afrontar la reforma. No se atendió al desequilibrio provocado por el envejecimiento. Lo que se hizo fue elevar las cotizaciones, crear nuevos recargos, aumentar las transferencias del Estado y esperar que el empleo, el crecimiento y la inmigración parcheen unos años más el sistema. Se cambió la forma de financiar las pensiones, pero llamar a eso reforma constituye otra demostración del cinismo de una política cada vez más construida a base de cuentos chinos: basta con ponerle a una decisión el nombre conveniente y fingir que la realidad ha sido transformada.
Las pensiones no van a tocarse: es más fácil para el Estado subir los impuestos, reducir otras partidas y seguir endeudándose, sin pararse a pensar en lo que se sacrifica para poder hacerlo. El dinero para cubrir el creciente déficit del sistema no se empleará en vivienda, educación, sanidad, dependencia, infraestructuras o ayudas a una esos jóvenes que cobran salarios más bajos, se emancipan más tarde y difícilmente tendrán acceso a las prestaciones de sus mayores.
La AIReF calcula que el gasto bruto en pensiones se situará alrededor del 14,6 por ciento del PIB como promedio entre 2022 y 2050. Sus previsiones indican, además, que las transferencias necesarias para sostener el sistema alcanzarán el 3 por ciento del PIB. Sin embargo, el Pacto de Toledo -que nació para separar las pensiones de la pelea partidista-, se ha convertido en un decorado. Nadie asume hoy que garantizar el sistema exige combinar medidas difíciles: más empleo y mejores salarios, retrasos efectivos de la jubilación, revisión de las cotizaciones, estímulo del ahorro complementario, protección especial de las pensiones bajas y alguna forma de moderación para las más altas. Probablemente no exista una única solución, pero con seguridad no existe ninguna solución indolora.
No se trata de enfrentar a jóvenes y mayores: precisamente para impedir ese enfrentamiento es necesario distribuir el esfuerzo con justicia. No es razonable tratar de la misma forma a quien cobra una pensión mínima y a quienes perciben más de tres mil euros al mes. Y tampoco lo es exigir a trabajadores con salarios precarios aportaciones cada vez mayores.
Francia empieza a hablar de lo que pronto tendrán que discutir todos los países de Europa. Nosotros también. Llevamos tres décadas aplazando una conversación que cada año es más difícil. La política del avestruz tiene la ventaja de que evita ver el peligro. Su principal inconveniente es que el peligro no desaparece porque escondamos la cabeza.
