La bajadita está bastante más abajo

por | 29 diciembre, 2023 | A babor

La consejera Candelaria Delgado, responsable de Bienestar Social y –entre otras muchas cosas- Infancia, probablemente volvió ayer de Madrid con la impresión de que el Gobierno de la Nación no tiene mucho interés en cumplir los acuerdos suscritos con Coalición Canaria para el pacto de legislatura con Sánchez, la famosa Agenda Canaria. Ayer se celebró la reunión de la Conferencia Sectorial de Migraciones, que debía ocuparse de atender al reparto por el territorio nacional de 4.400 menores inmigrantes hoy bajo responsabilidad exclusiva del Gobierno de Canarias. La reunión no ofreció el más mínimo avance en este asunto, algo que dejó bastante claro la consejera Delgado, supongo que frustrada y un poco harta de que la ministra siga dando largas a uno de los asuntos que más preocupan en las islas, quizá el de mayor calado social de los asumidos por el PSOE en el compromiso de apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

La ministra Saiz se limitó ayer a pedir a los consejeros que participaron en la reunión, que compartan con el Gobierno central y las regiones los recursos de los que disponen y las inversiones realizadas en estos últimos años en emigración para ofrecer “una respuesta más eficiente”. ¿Y eso que significa? La respuesta del Gobierno nacional son más palabras, más politiqués encadenado, y una meliflua propuesta de crear un grupo de trabajo técnico que se ocupe de estudiar las preocupaciones canarias tras lo que calificó como el miniparón navideño.

Poco antes del encuentro, el ministro Ángel Víctor Torres, convertido en la novia de todas las bodas (o el muerto de todos los entierros, según se mire) había manifestado su confianza en una respuesta común de todas las Comunidades Autónomas al reparto territorial de los menores no acompañados. Torres está empeñado en participar en todos los saraos, uno no sabe si como ministro o como secretario general del PSOE canario, pero su buenismo y candor no parece que vaya a servir de nada para resolver el problema. Y tampoco va a resolverse implantando por vía legal ese oximorón absurdo que es la solidaridad obligatoria.

En realidad, aquí no se trata de falta de solidaridad del resto de las regiones españolas, no es que haya una negativa a repartir por el resto de España a los menores migrantes no acompañados arribados a Canarias. Lo que ocurre es que nadie está dispuesto a pagar la factura que supone acoger, cuidar y mantener a esos chicos. Las regiones aceptarían el reparto, pero si se financia por el Estado, quizá con fondos europeos que permitan la creación de una red estable de acogida. Lo que nadie acepta es asumir la abultada factura de atender a los niños y jóvenes, que por una redacción poco razonable del sistema de reparto de competencias, depende hoy en exclusiva de la región donde arriben.

Canarias ha casi duplicado el número de menores no acompañados en tan sólo unos meses, en lo que podría considerarse una de las más graves crisis humanitarias a las que se ha enfrentado nunca el archipiélago, unas crisis que resulta difícil atajar con los escasos medios de que dispone la comunidad autónoma, si cada seis meses las necesidades se duplican. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en estos momentos.    

La ministra sabe que la situación tiene mal arreglo, pero tampoco quiere ver a la diputada Valido pendiente en la bajadita. Por eso explicó ayer Saiz que el Gobierno va a cumplir sus pactos con Coalición y planteará una reforma en las Cortes para que las Comunidades Autónomas dejen de ser las únicas responsables de la custodia y atención de los menores extranjeros no acompañados, y que entonces tocara a los grupos políticos posicionarse. Saiz ha anunciado también que visitara Canarias inmediatamente después de Reyes, para saber de primera mano lo que está ocurriendo en las islas. Y también se nombró a la consejera Delgado vicepresidenta de la Conferencia Sectorial, con el voto del PSOE…

Resulta bastante obvio que el Gobierno no quiere enfadar a Coalición, pero tampoco parece muy dispuesto a comprometerse en una fecha para modificar la legislación sobre acogida de menores no acompañados. Por eso -a pesar de la insistencia de alguno de los asistentes al encuentro de la Conferencia sectorial de Migraciones-, la ministra no quiso adelantar cuando enviará el Gobierno al Congreso su proyecto. Pero seguro que no será antes de que llegue a la Carrera de San Jerónimo otra reforma, esta del reglamento de la ley de Extranjería, que permita simplificar los trámites y procesos de repatriación. Y es que una cosa son los discursos, y otra bien distintas las intenciones.