El penúltimo basural

por | 20 junio, 2023 | A babor

Irene Montero, Noemí Santana y Laura Fuentes, este pasado domingo en la presentación de la candidatura de Santana al Congreso de los Diputados

El Consejo de Gobierno aprobó el jueves pasado una auténtica avalancha de ceses dentro del entramado ejecutivo. El más llamativo, sin duda, el de Noemí Santana, que abandona el Gobierno veinte días antes que el resto de sus colegas consejeros, para hacerse cargo de la organización de su propia campaña como flamante candidata de Sumar al Congreso de los Diputados. En un comunicado de Santana adelantando su abandono del Gobierno, la todavía consejera reconocía sentir mucho el dejar un trabajo desde el que –según dice en su nota- ha contribuido a mejorar la vida de miles de ciudadanos de las islas.

Coincidiendo con su salida adelantada del Gobierno, la Fiscalía Anticorrupción ha alertado sobre una investigación que pone en entredicho a la consejera de Derechos Sociales y cabeza de lista de Sumar en Las Palmas. El procedimiento, iniciado por la Fiscalía de Menores, establece que entre los años 2020 y 2022, Derechos Sociales concedió doce millones y medio de euros a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, una entidad teóricamente sin ánimo de lucro, para que –con carácter vicario, atendiendo las obligaciones de la propia consejería- se ocupara de la atención y tutela de menores extranjeros no acompañados. La Fiscalía Anticorrupción considera que al menos una parte del dinero transferido por la consejería a las Fundación se desvió a cuentas y gastos de directivos de la entidad Siglo XXI. Cree la Fiscalía que la consejera no llevó a cabo un seguimiento efectivo de adonde fueron a parar las “ingentes” cantidades de dinero público transferido por el Gobierno a la entidad que gestionaba los centros. “Existen indicios respecto a una falta de seguimiento y control” por parte de Derechos Sociales, considera la Fiscalía en su querella, en la que se hace referencia a transferencias sobre los que no hay constancia alguna de justificación, continuas retiradas de dinero en efectivo e incluso pagos de tratamientos de belleza. La Fiscalía investiga a Siglo XXI, y a cuatro de sus directivos, por administración desleal, malversación y falsedad documental, y afirma que estos aprovecharon el “grosero incumplimiento” por parte de Derechos Sociales del deber de supervisar y controlar el dinero público, para llevar a cabo sacas en metálico y transferencias a las cuentas de los directivos. La entidad querellada ha explicado que sólo hay 41.760 euros sin justificar.

En los últimos días, el caso ha saltado a los medios y despertado bastante expectación, sobre todo al conocerse –por filtraciones internas, como suele ocurrir- el estado indecoroso en que se encontraban las instalaciones, el consumo indiscriminado de alcohol, la escasez recurrente de recursos para alimentación, utillaje y vestido, y en general las condiciones lamentables en las que se mantuvo a los menores, alguno de los cuales habrían sido sobornados con cantidades en metálico para que no denunciaran palizas de sus cuidadores. 

Santana ha respondido con un artículo en el que no contesta nada: ni sobre los sobrecostes pagados por el alquiler de un local semirruinoso sin baños ni cocinas, y en el que se quita vergonzantemente de en medio y asegura que todo lo que pueda haber ocurrido en relación con este caso es responsabilidad del Gobierno anterior, o en su caso, de los técnicos que dieron el visto bueno a todo: quienes trabajan en los servicios administrativos y autorizaron la contratación con Siglo XXI, o los jefes de servicio que informaron del pago de las facturas.  Ella siempre hizo lo posible por mejorar la vida de los niños y niñas. Santana cita incluso lo que califica de rápida reacción suya cuando –en junio de 2021- se detectaron las primeras irregularidades de la entidad Siglo XXI en el ya cerrado centro de Porto Bello, ubicado en unos apartamentos de Mogán, en el que se denunciaron agresiones sexuales y prostitución de menores, y que fue uno de los detonantes del caso actual. Santana se refiere a la transparencia que mantuvo entonces. En realidad, lo que hizo fue volcar sobre la Fiscalía de Las Palmas la responsabilidad sobre lo ocurrido, por –según alegó- no haber separado a mayores y menores en el momento que procedía hacerlo. Porto Bello, gestionado por Siglo XXI, acabó siendo cerrado por la Consejería. Pero las inspecciones no se extendieron a los otros centros.

En fin, lo que habría que preguntarse es si Yolanda Díaz está al corriente de las palizas que –según la Fiscalía- recibían algunos de los chicos de cuya tutela debía responder quien hoy encabeza la lista de Sumar por Las Palmas.

Quizá lo esté: doña Yolanda nunca ha sido muy sensible en asuntos de menores.