Josué de Castro fallecido en 1975, médico, geógrafo, presidente del Consejo Ejecutivo de la FAO y autor de Geopolítica del hambre
Canarias registró en 2025 apenas 11.672 nacimientos, la cifra más baja de su historia reciente. Ese mismo año murieron 18.709 personas. El saldo vegetativo fue negativo en 6.037 habitantes. Si la población de las islas no disminuye no es porque nazcan suficientes niños, sino porque llegan personas desde otros lugares. Sin inmigración, la demografía canaria estaría muerta. La explicación más repetida atribuye el desplome de la natalidad a la pobreza, la precariedad laboral, los salarios bajos y las dificultades para acceder a una vivienda. De ahí se deduce que una política más generosa de ayudas familiares podría llenar otra vez las cunas. Es una interpretación comprensible, socialmente amable y equivocada.
Las ayudas a la crianza son necesarias. Sirven para que quienes tienen hijos puedan atenderlos mejor, reducen la desigualdad y evitan que la maternidad se convierta en una condena laboral y económica para muchas mujeres. Pero una cosa es ayudar a criar y otra muy distinta convencer a la gente de que tenga hijos. Lo primero es una obligación de cualquier sociedad decente. Lo segundo no se ha conseguido de forma relevante y duradera en ningún país europeo. Si la pobreza fuera la causa principal de la baja natalidad, los países más pobres serían los que menos hijos tienen y los más ricos estarían rebosantes de niños. Y ocurre justo al revés. Las tasas de fecundidad más elevadas se concentran en las sociedades menos desarrolladas, mientras las más bajas aparecen en Europa, Japón, Corea del Sur, Canadá o las zonas urbanas de China.
Josué de Castro, médico, geógrafo y presidente del Consejo Ejecutivo de la FAO, recogió en Geopolítica del hambre un antiguo adagio latinoamericano: “La mesa del pobre es escasa, pero el lecho de la miseria es fecundo”. La frase no ensalza la pobreza. Explica que en las sociedades tradicionales, los hijos proporcionan a la familia mano de obra gratis, ayudaban a mantener la economía y constituyen la única protección disponible para la vejez. La mortalidad infantil obliga además a tener muchos hijos para asegurar la supervivencia de algunos. El desarrollo acabó con ese modelo: redujo el riesgo de mortalidad infantil hasta casi hacerlo desaparecer, generalizó las pensiones, escolarizó a los menores, incorporó a las mujeres al trabajo, extendió los anticonceptivos y convirtió a cada hijo en una inversión gigantesca de tiempo, dinero y expectativas. Tener descendencia dejó de ser una necesidad económica y social para convertirse en una decisión estrictamente personal.
Y esa decisión compite ahora con muchas otras. Con la carrera profesional, los viajes, el ocio, el consumo, la libertad de movimientos y el deseo de vivir sin responsabilidades permanentes. Puede resultar cruel decirlo, pero el desarrollo produce sociedades individualistas y menos dispuestas al sacrificio. La crianza exige compromisos y renuncias, y nuestro modelo cultural ha convertido el compromiso y la renuncia casi en anomalía. China ofrece el mejor ejemplo para entender la relación entre pobreza, progreso y natalidad. El control demográfico comenzó durante el maoísmo, con una durísima resistencia social, y culminó desde 1979 en la brutal política del hijo único. Fue probablemente el mayor esfuerzo realizado por un Estado para modificar el comportamiento reproductivo de una sociedad todavía pobre. Pero cuando China se enriqueció y urbanizó, ya no hizo falta prohibir los hijos: dejaron de nacer. Pekín abandonó la política del hijo único en 2015 y ahora ofrece ayudas y anima a tener dos o tres. No lo consigue, ni no la a conseguir. Su fecundidad ronda un hijo por mujer y su población disminuye. Lo mismo ocurre, con desigual intensidad, en todo el mundo desarrollado. La fecundidad media de la OCDE ha pasado de 3,3 hijos por mujer en 1960 a 1,5. España se encuentra en 1,10 y Canarias ronda los 0,82, la cifra más baja del país y una de las bajas de Europa. Ninguna subvención conocida ha conseguido devolver de manera estable una sociedad desarrollada al nivel de reemplazo de 2,1 hijos por mujer.
En Canarias, la única respuesta demográfica que está funcionando es la inmigración. En 2024 nacieron 11.699 niños y casi uno de cada cuatro era hijo de una madre de nacionalidad extranjera. La proporción resulta mayor si se atiende al lugar de nacimiento, porque muchas inmigrantes latinoamericanas ya poseen nacionalidad española. Son personas que llegan generalmente en condiciones económicas peores que las de la población local y, sin embargo, tienen más hijos. La realidad contradice la explicación de que es la pobreza la que vacía las cunas.
Conviene también separar esta inmigración de la que llega del Sahel, aunque la política mezcle fenómenos que son distintos. La inmigración que acapara la atención de los medios no es la que se queda. La población de las islas se sostiene principalmente por la llegada continuada de latinoamericanos y europeos que se instalan, trabajan y forman familias aquí. En menos de una generación, sus pautas reproductivas serán similares a las nuestras. Por eso la inmigración tampoco constituye una solución definitiva, pero sí es la única que produce efectos demográficos reales e inmediatos. Aporta adultos jóvenes, trabajadores y niños a una sociedad que envejece.
Debemos apoyar a quienes deciden tener hijos, pero sin engañarnos sobre el resultado: las ayudas mejorarán la crianza; difícilmente crearán voluntad de criar. El progreso nos permitió vivir más, mejor y con mayor libertad. También nos enseñó a considerar a los hijos como una carga que puede evitable. La paradoja es así, pero los datos son tercos: el lecho de la pobreza sigue siendo más fecundo que muestra confortable estancia del bienestar. Y eso sólo lo cambia la emigración.
