Inmigrantes al otro lado del espigón, preparados para entrar en Ceuta
El 30 de julio Marruecos celebra el Día del Trono, aniversario de la proclamación de Mohamed VI en 1999. Hay ceremonias oficiales, juramentos de lealtad y exaltación de la Corona por todo el país, destinadas a recordar que el rey encarna el poder del Estado. Pero la celebración más impresionante tuvo lugar al otro lado de la frontera: mientras Marruecos festejaba al monarca, miles de personas entraban en Ceuta después de que la policía marroquí abandonara sus puestos. Se trata de una demostración de poder del monarca: el día de Mohamed: una exhibición brutal de hasta dónde alcanza el poder del rey sobre una acobardada España. Mohamed se siente protegido por un Trump, cada día más decidido a castigar la política exterior y de seguridad de España, y está envalentonado.
España ha recibido su mensaje con claridad: decenas de miles de personas no aparecen de repente en los alrededores de Ceuta. Hay que trasladarlas, concentrarlas y permitir que recorran los últimos kilómetros hasta una de las fronteras más vigiladas de África. Muchos de los jóvenes llegaron en camiones y autobuses a Castillejos y otras poblaciones cercanas. Después, la policía marroquí se retiró y dejó expedito el camino. Atribuir lo ocurrido a unas mafias que descubrieron la sentencia del Supremo, exige bastante credulidad. Las mafias no pueden retirar a la policía de la frontera ni garantizar a miles de personas que no encontrarán resistencia. Eso solo puede hacerlo el Gobierno del rey.
Marruecos colabora ahora para devolver la avalancha. Es puro cinismo diplomático: abre el grifo, contempla cómo Ceuta se desborda y después se presenta como socio imprescindible para volver a cerrarlo. Provoca el incendio y cobra por hacer de bombero. No es la primera vez: en abril de 2021 –pandemia-, España permitió que Brahim Ghali, líder del Polisario, recibiera atención médica en Logroño. Rabat montó en cólera y un mes después, abrió la frontera y permitió que 8.000 personas, alrededor de 1.500 de ellas menores, entraran en Ceuta en dos días. Entonces ni siquiera se esforzó en disimular: la embajadora marroquí advirtió que había “actos que tenían consecuencias”.
España entendió el mensaje: en marzo de 2022, Pedro Sánchez liquidó mediante una carta la posición española sobre el Sáhara y asumió la propuesta marroquí de autonomía como la “más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto. Aquel cambio no figuraba en el programa del PSOE, no fue debatido en el Consejo de Ministros, ni en el Parlamento, ni consultado con los socios del Gobierno. Y nunca ha sido explicado: aún ignoramos por qué Sánchez adoptó una decisión tan trascendente, qué contrapartidas obtuvo y qué pasó para que una política mantenida décadas fuera liquidada con una carta al rey Mohamed con faltas de ortografía.
Ahora, pocos días después de que Sánchez viajara a Argelia para comprar gas al gran rival regional de Marruecos y principal aliado del Polisario, la frontera de Ceuta vuelve a desbordarse. Puede discutirse si es una represalia directa o una advertencia preventiva. Lo absurdo es creer que se trata de una coincidencia. La avalancha de 2021 logró modificar la política exterior española y Mohamed VI ha repetido lo que –por experiencia- sabe que le funciona. La cesión del Sáhara enseñó a Rabat que España cede cuando se utiliza la inmigración para presionar.
Pero lo más repugnante no es la presión diplomática, sino la munición elegida. Marruecos ha utilizado a sus propios ciudadanos y, entre ellos, a miles de menores. Muchachos conducidos hasta la frontera y empujados a meterse en el mar con flotadores de juguete para servir a los intereses de un régimen que después los presenta como víctimas. Entre quienes intentaron alcanzar Ceuta había niños y adolescentes. Algunos no sabían nadar. Mas de una treintena de ellos han perdido la vida en el agua o durante la estampida. Los inmigrantes no son responsables de esta agresión: Marruecos los ha convertido en proyectiles humanos, sabiendo que España deberá rescatarlos, acogerlos y asumir las consecuencias jurídicas, sociales y humanitarias. Mientras aparecen cuerpos flotando en las aguas de Ceuta, el Gobierno español habla de colaboración “leal, permanente y plena” con Marruecos. Es posible que necesite a Rabat para cerrar la frontera y aceptar las devoluciones. Esa dependencia explica la prudencia, pero no convierte en verdad una declaración manifiestamente absurda. Si la colaboración existiera, miles de personas no habrían llegado jamás al Tarajal y los policías marroquíes no se habrían retirado a su paso.
La imagen final resulta desoladora. Marruecos celebra a su rey demostrando que puede abrir la frontera cuando le conviene, lanzar 40.000 personas contra Ceuta y poner en jaque a una ciudad española que es –junto a Melilla- el último baluarte que protege a Canarias de ser primera línea en el juego marroquí. Y nuestro Gobierno responde agradeciendo la ‘colaboración’ de quien uso la llave que lanzó esta avalancha.
El chantaje de Mohamed VI es intolerable. Y la docilidad con la que España acepta ese chantaje resulta indigna.
