50.000 inmigrantes han sido devueltos ya a Marruecos, tras su entrada masiva en Ceuta
72 muertos: conviene empezar por ahí, porque esa cifra terrible ha sido sepultada bajo la montaña de declaraciones, acusaciones y mezquindades que ha producido la crisis de Ceuta. 72 personas han muerto ahogadas o aplastadas mientras intentaban alcanzar territorio español, pero la política nacional, entrenada desde hace años para convertirlo todo en argumento frente al contrario, apenas ha necesitado unas horas para encontrar en la tragedia otra oportunidad de continuar la carajera monumental que hoy define el debate público español. Los partidos han seleccionado la parte de lo ocurrido que puede perjudicar al otro y han escondido todo lo que podría incomodarles a ellos. No les importa lo qué ha sucedido, proteger a Ceuta o impedir que vuelva a ocurrir. Lo que les importa es ganar la miserable pelea de relatos de la tarde.
El Gobierno ha descargado su responsabilidad sobre el Centro Nacional de Inteligencia. Lo ha hecho su ministro, el simpar Marlaska, aseguró que el CNI no alertó de que la entrada masiva que desbordó Ceuta iba a ocurrir. Es una forma bien pobre de explicar el fracaso de un Estado incapaz de anticipar la movilización de decenas de miles de personas en sus fronteras. Sobre todo, porque la inteligencia española lleva años advirtiendo recurrentemente de que Marruecos usa la inmigración sobre Ceuta, Melilla y Canarias como instrumento de presión política. Ocurrió en mayo de 2021, cuando Rabat permitió la entrada en Ceuta de más de 8.000 personas para responder a la decisión del Gobierno Sánchez de dar atención médica al líder del Polisario. Nadie puede sostener seriamente desde entonces que el Gobierno español desconoce la capacidad de Marruecos para abrir y cerrar el grifo migratorio según sus intereses.
La segunda explicación oficial ha consistido en derivar la responsabilidad hacia la sentencia del Supremo y su interpretación por las mafias. Es posible que la sentencia fuera usada como reclamo en las redes, como lo es la regularización en marcha. Pero es miserable presentar al Supremo como responsable de la avalancha: su sentencia establece algo muy razonable, que no puede aplicarse automáticamente el mismo procedimiento a quien salta una frontera que a quien es interceptado en el mar o alcanza la costa a nado. La legislación sobre el rechazo en frontera se refiere a forzar elementos físicos de contención. El mar no es una valla y una cámara o un dron tampoco lo son. El tribunal no abrió las fronteras ni concedió a nadie el derecho a quedarse en España. Se limitó a exigir que las devoluciones se realicen con garantías cuando no concurran los supuestos para el rechazo inmediato. Cualquier persona decente compartirá ese criterio. Que este Gobierno lo ponga en tela de juicio es repugnante. Convertir la sentencia en el motivo de esta crisis sirve, eso sí, para continuar deteriorando la confianza de los ciudadanos en la Justicia. Es ya una costumbre: cuando una resolución judicial crea problemas al Gobierno, el problema no es del Gobierno, está en la ley o en los jueces.
La derecha tampoco puede presumir: ha reaccionado con estrépito ante la cobardía de Sánchez con Marruecos (y sus probables motivos), pero con sospechosa discreción ante la decisión de la señora Meloni de restablecer los controles sobre los viajeros procedentes de España por vía aérea o marítima. La medida italiana es cosmética: Italia puede controlar a quienes lleguen directamente desde España, pero no a los que lo hagan por Francia, Austria, Eslovenia o cualquier otro país europeo. No protege realmente a Italia, pero perjudica a España, alimenta la alarma y alimenta la idea de que somos incapaces de controlar muestras fronteras. Me pregunto cómo habría reaccionado nuestra derecha si esa decisión la hubiera adoptado un gobierno socialdemócrata. Descubriríamos entonces que el sentido de Estado depende de quién gobierne en Roma.
Algo similar sucede con Vox. El partido de Abascal no ha mostrado ningún entusiasmo para responder a la basura difundida por el ala más radical del republicanismo estadounidense. Hace meses que el trumpismo cuestiona la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Michael Rubin, exasesor del Pentágono. ha propuesto que Marruecos organice una nueva Marcha Verde sobre ambas ciudades. Uno esperaría una respuesta atronadora de los patriotas. Pero enfrentarse a los de Trump resulta menos rentable que agitar la bandera contra Sánchez. La soberanía española es negociable si quienes la cuestionan pertenecen a tu propio bando.
Desde Canarias contemplamos esta crisis con angustia: sabemos lo que es recibir en meses a decenas de miles de personas, improvisar alojamientos, atender a menores y escuchar después a quienes mandan que no era para tanto. En 2006 llegaron a las islas 31.678 migrantes; en 2007, otros 12.478. Fueron 39.910 en 2023 y el récord de 46.843 en 2024. Las cifras son de Interior. Y estamos cansados de política carroñera. Hay 72 muertos, una ciudad española asaltada y conmocionada y una frontera europea en entredicho. Ante algo así, los ciudadanos tenemos el derecho a esperar de nuestros dirigentes algo más que propaganda, silencios interesados y cálculos de partido. Tenemos derecho a exigirles decencia, lealtad, compromiso y sentido de Estado. Aunque pedir eso suene a creer en los milagros.
