Traslado de menores que han solicitado asilo al Centro Canarias 50
Ciento diecinueve días. Y no va de Sabina: es lo que ha tardado el Gobierno de España en comenzar a cumplir, siquiera sea parcialmente, la sentencia del Tribunal Supremo. Esa que, desde el pasado mes de marzo, le obliga a hacerse cargo de los menores migrantes solicitantes de asilo en Canarias. Cuatro meses de silencio, excusas, bloqueos administrativos, promesas incumplidas y notables dosis de desdén. Cuatro meses de mirar para otro lado mientras más de mil menores permanecen varados en un limbo jurídico y asistencial, saturando los centros del archipiélago. Ayer, por fin, se inició el traslado de los primeros cincuenta pibes al centro de tránsito Canarias 50, en La Isleta grancanaria. Allí serán evaluados antes de su reubicación en Península. Se anuncia también que habrá otras 750 plazas adicionales en Pozuelo y otras ubicaciones aún no especificadas. Todo parece ponerse en marcha, por fin. Es un avance, pero no puede celebrarse cuando llega con tanto retraso, ha sido necesario amenazar con nuevos recursos judiciales, y lo aprobado en el Consejo de Ministros aún carece de calendario, garantías y de concreción territorial.
El Gobierno ha anunciado a bombo y platillo que destinará 140 millones de euros para afrontar la crisis de los menores no acompañados: 40 millones para crear 1.200 plazas en Península y 100 millones para sufragar los traslados, como establece la reciente reforma de la Ley de Extranjería. Muy bien. Pero esos fondos no pueden ocultar el hecho de que el Gobierno ha actuado con absoluta indolencia, incumpliendo sus obligaciones legales: llega tarde, mal y a empujones.
El ministro Torres, nombrado portavoz del relato, afirma que todo se ha hecho “a pesar del bloqueo del PP”, en referencia a la negativa de varias regiones gobernadas por el PP a asistir a la última Conferencia Sectorial de Infancia. Se trata sólo de una coartada para justificarse, porque el fallo del Supremo no está condicionado al consenso regional: obliga de forma imperativa a que el Estado actúe. Y el Estado ha esperado 119 días para mover el primer expediente de traslado. Si Torres se conforma con eso, es porque ha elegido poner primero su propio papel como tiralevitas del sanchismo, antes que intentar ofrecer una salida a la hartura e indignación de sus vecinos.
La apuesta del Gobierno ha sido tan clara como vergonzosa: ganar tiempo, aguantar el chaparrón, y ensayar la técnica del “yo lo intento pero no me dejan”, mientras el sistema de acogida de Canarias seguía desbordado, con más de 5.500 menores tutelados, mil en espera de derivación y decenas de informes alertando del colapso. ¿Y qué ha hecho el Gobierno central? Hasta ayer, NADA. Y ayer, movilizar a un puñado de chiquillos desde sus centros al Canarias 50, con la promesa de que dentro de quince días, cuando haya 150 menores amontonados en el Canarias 50, iniciara los traslados definitivos. No es para tirar voladores.
Sandra Rodríguez, directora general de Infancia del Gobierno canario, lo expreso ayer con claridad: “Solo pedíamos compromisos concretos”. Y esos compromisos llegan solo después de que el Supremo amenazara con meter en un brete (o en chirona) a quienes se nieguen a ejecutar sus sentencias. Mientras se desatasca esta derivación parcial e insuficiente conviene recordar que no fue la voluntad política lo que movió al Ejecutivo, sino una sentencia. No fue la iniciativa del Gobierno, sino la amenaza de los jueces. No fue la coordinación institucional la que hizo que el Gobierno diera por fin el paso, sino el miedo a un nuevo varapalo legal, esta vez con consecuencias personales para los responsables de la inacción.
Canarias tiene motivos de sobra para la desconfianza. España es uno de los pocos países europeos que aún se opone a la derivación de inmigrantes fuera de la Unión. Y mientras se opone, mantiene en la España africana y tropical el escándalo que suponen millares de chiquillos abandonados y sin futuro. Canarias funciona para Moncloa como un gigantesco centro de retención, cerca de los países de donde llegan los menores. Lo que se aprobó en Consejo el martes puede ser “un avance”, pero no es aún una solución. No hay fechas concretas para la puesta en marcha de las plazas peninsulares, ni se conoce dónde estarán ubicadas, ni qué comunidades asumirán los traslados.
Lo peor no es la incompetencia, sino la indiferencia moral. Estamos hablando de menores, niños y adolescentes que han llegado solos a nuestras costas y que merecen protección. Que sea el Gobierno quien incumpla sus propios compromisos legales es una señal alarmante del deterioro moral que contagia y pudre a esta Administración. La instrumentalización de la crisis como arma arrojadiza contra las regiones del PP, sin asumir ninguna responsabilidad, es pura miseria política que debería avergonzar a cualquiera. El primero, al ministro Torres: debería preguntarse si las políticas que defiende y los argumentos que esgrime sirven para apuntalar el derecho básico de los chicos a ser atendidos, o sólo para justificar los incumplimientos de su Gobierno y el cinismo de Sánchez. Ayer empezó el traslado -dentro de Canarias-, después de 119 días de espera. Esperemos que no sea otra cortina de humo.
