Capacidad de carga

por | 31 marzo, 2023 | A babor

Fue Román Rodríguez, en sus felices tiempos como presidente del Gobierno regional, entonces por Coalición Canaria, quien puso en marcha la estrategia de la moratoria turística. Si uno repasa hoy los informes y discursos que jalonaron el debate previo a su entrada en vigor, la moratoria supondría el fin del turismo masivo, la capacidad de atraer a un turismo con mayor capacidad de gasto, la reforma de nuestra obsoleta planta alojativa y hasta la mejora de los salarios en el sector. Llegó por fin la moratoria -por cierto que duró menos que el debate que la precedió- y solo trajo una consecuencia clara: los hoteleros más avisados hicieron su agosto adelantando licencias y construyendo hoteles cuando a su competencia se le prohibió hacerlo. La historia conventual de Lanzarote, pero también de otros sitios, está plagada de odios jacobinos entre empresarios que consiguieron permisos previos y los que tuvieron que esperar al final de la moratoria para seguir haciendo crecer su negocio. Y de todo lo otro que iba a ocurrir: contención del turismo masivo, reforma de la planta, turismo de mayor calidad y mejores salarios para los trabajadores… nada de nada. Y en cuanto a la reducción de plazas: cuando acabó la moratoria, hoteleros y constructores se pusieron a levantar los hoteles que no pudieron construir durante el parón, y aquí paz, y en el cielo gloria.

Román Rodríguez quiere ahora reintroducir otro debate de fin de legislatura, sobre la conveniencia de poner límites al turismo, con argumentos parecidos: todo mejorará en el sector si “dejamos de contar turistas” y aprobamos unas cuantas leyes y normativas que impidan que el turismo siga creciendo sin freno. Román se descolgó con este asunto -que es de esos que seducen con recurrencia al izquierdismo insular- aprovechando el último pleno parlamentario de esta legislatura, a la que le quedan menos de dos meses de precampaña y campaña. Sacar el asunto cuando ya su Gobierno no tiene opción alguna de hacer nada, aprovechando que su colega Yaiza Castilla ha dicho que se va, y siendo él vicepresidente del Gobierno, demuestra más interés por introducir un elemento nuevo en los debates de campaña, que voluntad política real de cambiar el modelo de desarrollo turístico. Un modelo que a este Gobierno -concretamente a la consejería que Román maneja- le llena los bolsillos.

No se trata sólo de que al patrón de Nueva Canarias le ponga lo de calentar las campañas con discusiones que ocupen el tiempo que debería dedicarse a analizar la gestión del ejecutivo en todos esos años… es que a Román le gusta arrogarse una influencia sobre la agenda política de Canarias superior a la que tiene. Es un especialista en provocar debates de escaso recorrido, pero mucho ruido y titulares, aunque vida limitada. Alguien recordará todavía la carajera que montó hace unos años con su propuesta de aumentar el Igic a los productos de perfumería… mucho ruido, escasas nueces.

Ahora lo que toca es incorporar el concepto de capacidad de carga a nuestro arsenal discursivo, hablar de si 15 millones de turistas son demasiados o pocos o suficientes para esta región, sacar a relucir el ejemplo de Singapur, poco más grande que la isla de La Gomera (pero con cinco millones y medio de habitantes y la mayor renta del Sudeste asiático), y gastar saliva en una inútil reflexión sobre cuánta gente cabe en las islas.

Porque la capacidad de carga es un concepto que solo tiene sentido si se relaciona con un concreto modelo de vida y desarrollo. El nuestro sería impensable sin la existencia del turismo, que aporta de forma directa o indirecta más de las dos terceras partes de nuestros ingresos exteriores, si no se cuentan los recursos públicos transferidos de Madrid y Bruselas. Es una obviedad (aunque a veces resulte necesaria), insistir en que el actual desarrollo isleño, la producción de riqueza y la creación de empleo, dependen de manera fundamental del turismo.

No estaría mal tener la capacidad para limitar (por una ley del Parlamento, por ejemplo) la capacidad de carga a la mitad de la actual (que desconocemos cuál es), o poder vetar la compra de viviendas a extranjeros, o incluso establecer un mecanismo para que los naturales de Canarias tuvieran prioridad en su contratación en las empresas de aquí. Lo que ocurre es que ninguna de esas decisiones es siquiera remotamente posible ponerla en práctica. Puede discutirse mucho de todo, y tener a nuestros próceres ocupados en algo. Pero nada más. Es otro brindis al sol.