El presidente del Gobierno, el lunes durante la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.
Sánchez se juega el 29 de noviembre algo más que la Presidencia del Gobierno. Una derrota que le impida seguir en la Moncloa compromete su continuidad al frente del PSOE. Hasta ahora, ambas posiciones se han sostenido mutuamente: el control del partido le proporciona autoridad para gobernar y la Presidencia le permite conservar el control del partido. Si desaparece una de esas dos patas, la otra tendrá que soportar el peso de la derrota por sí sola. Y en medio de un tsunami de procedimientos judiciales que pueden concluir en la imputación del PSOE como persona jurídica, por financiación ilegal.
La información sobre el informe de Anticorrupción en el caso Leire introduce un problema que no desaparecerá cuando termine la campaña. Lo que se está examinando es de una gravedad evidente: la sospecha es si recursos y estructuras del partido se pusieron al servicio de actuaciones mafiosas destinadas a paralizar las investigaciones que afectaban al hermano de Sánchez. Anticorrupción considera necesario completar las pesquisas, incluida la declaración de Santos Cerdán, antes de resolver sobre la posible responsabilidad de la organización. La cuestión alcanza, por tanto, algo más que las actividades particulares de una antigua militante. El juez ha ordenado además volcar de nuevo el móvil del ex jefe de Gabinete de Sánchez, Juanma Serrano, donde hay once mil mensajes con Leire y –alparecer- nuevos indicios contra ‘el One’
Durante meses, la defensa socialista ha intentado separar a Leire del partido. Los pagos que recibió, según Ferraz, fueron por asesoramiento jurídico y consultoría. Esa versión tendrá que cotejarse con contratos, facturas, encargos y servicios efectivamente prestados. El juez ha pedido la relación de abogados y consultoras contratados entre 2021 y 2025, junto con la documentación sobre sus trabajos. La respuesta no puede consistir únicamente en repetir que todo era legal: más tarde o más temprano se sabrá qué se contrató, para qué y quién lo autorizó. Cargar toda la responsabilidad sobre Cerdán tampoco resuelve el problema político de Sánchez. El secretario de Organización no era un empleado periférico. Era el segundo de a bordo en el partido, el capataz del secretario general, situado en un puesto de extraordinaria confianza. Aunque las responsabilidades penales se establecen individualmente, la dirección del partido tendrá que responder por los mecanismos de supervisión, por el destino de sus recursos y por la elección de quienes los administraban. Decir que mandaba Cerdán explica una cadena de mando. No demuestra que su jefe directo –Sánchez- no lo controlara.
A ese frente se añaden las investigaciones sobre pagos en metálico del PSOE y alegaciones de financiación irregular relacionadas con el negocio de los hidrocarburos. El procedimiento existe más allá de los chismes de Aldama, y puede prolongar el desgaste mucho después de las elecciones. El calendario de las urnas no clausura el de los juzgados.
La cuestión es que Sánchez quiere conservar la Secretaría General después de la previsible derrota en las urnas. Dispone de una organización construida durante años alrededor de su liderazgo, con dirigentes territoriales puestos por él en las principales regiones, muchos de ellos ex miembros de su gobierno, una tropa acostumbrada a cerrar filas y aplaudir los relatos y decisiones de Sánchez. Ese control constituye una ventaja real para mantenerse al frente del PSOE. Pero los apoyos internos no son iguales cuando el jefe reparte poder y cuando empieza a repartir las consecuencias de haberlo perdido. En política, la lealtad puede sobrevivir a una derrota. Pero no a la expectativa –o la certeza- de más derrotas.
Desde Moncloa, Sánchez puede presentar su continuidad como garantía de que el PSOE gobierna y de que la derecha permanece fuera del poder. Desde la oposición tendrá que demostrar que sigue siendo la mejor opción para recuperar el poder. Si, además, la Justicia acorrala a la propia organización, sus compañeros se preguntarán si mantener a Sánchez protege al partido o lo marca. No es consecuencia automática, pero sí un conflicto que puede hacerse muy muy cuesta arriba.
Porque ni siquiera volver al gobierno permitiría a Sánchez superar cualquier imputación. Gobernar no cancela una investigación ni resuelve las responsabilidades políticas. Lo que hace es proporcionar autoridad, recursos y mecanismos para mantener la cohesión interna: los electores han respaldado la continuidad. Perderla abre la discusión sobre el balance del liderazgo. Y las explicaciones que durante años se aplazaron pueden empezar a reclamarse también desde Ferraz.
Por eso, los resultados electorales serán decisivos en los dos escenarios: Sánchez desea conservar la Presidencia, pero no sobre todo dirigir el partido mientras afronta las investigaciones pendientes. Después del 29-N seguirán pendientes los contratos, los pagos, las declaraciones y las decisiones judiciales. La pregunta es cuánto tiempo puede sostenerse un liderazgo que hace de su continuidad en la única razón de ser del PSOE.
Perder la Moncloa no implica automáticamente perder Ferraz. Pero fuera de Moncloa Sánchez va a descubrir que Ferraz no es tan confortable.
