La decisión de suspender ayer las clases en Tenerife y otras islas por el temporal anunciado, antes de que los vientos nos volaran los tejados o cayera una sola tromba de agua significativa, ha reabierto un debate ya recurrente en Canarias. Nos apuntamos a cerrar los coles y dejar a los pibes en casa, sin prestar demasiada atención a las molestias y dificultades que esa decisión comporta. Porque no está nada claro que una medida que se pretende protectiva de los menores lo sea en realidad, o al menos lo sea tanto. Miles de padres y madres cargan con sus hijos, los trasladan de un lado a otro, a la caza de abuelos salvíficos o parientes generosos. Por eso, la pregunta que habríamos de contestar es si las instituciones responsables de dejar a los chicos en casa o indultar horas de trabajo y servicio a los funcionarios, actúan con prudente sensatez ante la sospecha de fenómenos meteorológicos incontrolados, o lo que ocurre más bien es que sucumben al pánico.
El Gobierno de Canarias -y esas entidades con autonomía plena que son las Universidades canarias- optaron por decretar el cierre preventivo de colegios, institutos y facultades, ante la previsión de lluvias y fuertes vientos. La decisión no es una sorpresa, se repite con demasiada frecuencia. En los últimos años, la política de las administraciones frente a los avisos meteorológicos sigue una pauta clara: mejor pecar de exceso de precaución, que enfrentarse a la crítica o condena posterior por no haber adoptado medidas cautelares. Tras el desastre de la Dana, parece evidente que la histeria se ha desatado: ahora parece obvio que la decisión de cerrar los centros educativos está menos concernida por la seguridad ciudadana, que por el pánico político a la opinión pública. Una opinión cada día más obcecada en la consideración de que administraciones y gobiernos deben responder ante los ciudadanos absolutamente ante cualquier contingencia.
A estas alturas, nadie va a negar que los temporales en Canarias pueden ser peligrosos. Hay ejemplos en el pasado de temporales catastróficos –como el que asoló Tenerife en 1826, dejando un rastro de muerte –más de 250 personas- y de destrucción extraordinaria, o como la gota fría del 2002, que asoló la ciudad, destruyó instalaciones fundamentales y provocó ocho muertos. La orografía insular, con suelos poco permeables y barrancos traicioneros y a veces invadidos por construcciones ilegales, puede llegar a convertir un aguacero excesivo en una catástrofe. Pero tampoco se debe ignorar que, en la mayoría de las ocasiones, las previsiones resultan excesivas, no se cumplen con la gravedad esperada, y el resultado en muchas zonas se queda en una jornada de cielos grises, vientos excesivos, algún árbol, señal de tráfico o torreta de luz en el suelo, y sobre todo, frustración y desorganización para miles de familias.
Suspender clases no puede convertirse en una decisión trivial. Implica trastornos en la vida diaria de padres y alumnos, supone la interrupción de la actividad académica y, en muchos casos, problemas difíciles de resolver para aquellos que no tienen con quién dejar a sus hijos. Y más allá del impacto económico de miles de horas de trabajo perdido, del trastorno personal que es renunciar a acudir al trabajo con el que nos ganamos la vida, impedir el normal desarrollo de las clases supone asumir el mensaje de que no estamos enseñando a las generaciones más jóvenes a gestionar riesgos, a huir de ellos, a protegerse frente a la dificultad. Es cierto que el temporal, con más de 300 incidencias, no ha sido inocuo, ha dejado a 10.000 personas a oscuras, ha obligado a desviar 15 vuelos y ha provocado hasta tres conatos de incendio. Pero… ¿Habría sido distinto eso si no se hubieran suspendido las clases?
Nadie quiere lamentar pérdidas humanas ni daños que podrían evitarse con medida preventivas. Lo que pasa es qué entre la prudencia razonable y la alarma desmedida, hay un amplio espacio para mejorar la gestión de las alarmas por climatología adversa. Un problema añadido es la falta de criterio uniforme y de claridad en la comunicación de las decisiones del Gobierno frente a estas situaciones. Los anuncios de suspensión llegan siempre a última hora, tienden a ser generales y generan confusión. No todas las zonas de una isla experimentan un temporal con similar intensidad. A menudo tiene uno la impresión de que las medidas a adoptar se deciden en un despacho central sin atender a las condiciones y peculiaridades locales.
Canarias ha estado tradicionalmente acostumbrada a bregar con la furia de su naturaleza. No podemos permitir que la gestión del miedo se convierta en norma, atontando a nuestras sociedades con el espejismo de ofrecer una seguridad total ante cualquier contingencia. La lluvia, los truenos y el viento no tienen por qué provocar miedo. Hay que aprender a tratarlos. A veces, la lluvia es solo y únicamente lluvia. Y la educación, como la vida, debe seguir. Incluso con el paraguas en la mano.
