Edificios de viviendas en Gran Canaria
El impacto del turismo masivo, la especulación inmobiliaria y las políticas fallidas ha agravado estos últimos años la crisis de la vivienda, convertida hoy en uno de los problemas más difíciles de resolver a los que se enfrenta la gente, especialmente en zonas turísticas como Canarias.
Con 18 millones de visitantes este último año, esta región es sin duda un ejemplo paradigmático de cómo el turismo puede tensionar el mercado inmobiliario. La proliferación del alquiler vacacional, ha transformado el uso de numerosas propiedades. Casas que se destinaban antes al alquiler residencial ahora son explotadas como alojamientos turísticos, lo que reduce drásticamente la oferta para los residentes. Esa situación ha provocado un aumento significativo del precio del alquiler, que en las islas se han incrementado un 40 por ciento en los últimos cinco años, muy por encima de las posibilidades de la mayoría de las familias. Esto es muy preocupante en las islas turísticas, donde está la mayor parte de la demanda. Los trabajadores del sector turístico, enfrentan serias dificultades para encontrar viviendas cercanas a sus lugares de empleo, lo que incrementa sus costes de transporte y reduce su calidad de vida.
A la presión del turismo se suma la especulación inmobiliaria. Además, la construcción de viviendas asequibles ha sido escasa: el Instituto Canario de la Vivienda, considera que menos del 20 por ciento de las viviendas nuevas construidas en la última década son protegidas o de precio asequible. Eso produce una creciente desigualdad y exclusión residencial, ante la que los gobiernos han anunciado medidas que jamás han cumplido. El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 incluía ayudas al alquiler para colectivos vulnerables y programas para la construcción de vivienda social, pero su ejecución se ha estallado frente a la escasez de recursos públicos y la burocracia. Menos de la mitad de los fondos asignados se han materializado en ayudas reales. En Canarias, el Gobierno regional lanzó el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que prometía construir 5.000 viviendas sociales que no se hicieron.
Ahora, el PP y el PSOE se entretienen en otra ridícula guerra de trincheras, culpándose mutuamente de la situación: mientras la derecha responsabiliza a Sánchez en exclusiva, la izquierda acusa al sector de la construcción de no haber hecho nada. Se trata de visiones bastante sectarias. La crisis no es fruto sólo de la inacción política. Es un fenómeno que acompaña el desarrollo urbano y el retroceso de lo rural, en todas las latitudes. Hunde sus raíces más cercanas en la profunda crisis financiera de 2008, que paralizó el mercado inmobiliario y bloqueó el acceso al crédito. Durante los años anteriores al colapso, España vivió un periodo de auge sin precedentes de la construcción, impulsado por el acceso fácil al dinero, la especulación desenfrenada y una fortísima inversión extranjera. Entre finales de la década de los 90 y el año 2007, el mercado inmobiliario español experimentó un crecimiento explosivo. Los bancos y cajas de ahorro ofrecían préstamos sin evaluar la solvencia de los prestatarios. Eso impulsó la compra de vivienda residencial y la inversión especulativa. En ese contexto, la construcción alcanzó cifras récord: se levantaron más viviendas en España que en Alemania, Francia e Italia juntas. La idea de que los precios crecerían indefinidamente alimentó una burbuja especulativa insostenible. La crisis de 2008, precipitada por el colapso de las hipotecas subprime en EEUU, derrumbó los activos inmobiliarios, y el impacto fue devastador: los precios se desplomaron, dejando a miles de propietarios con hipotecas que superaban el valor de sus viviendas. Los bancos y cajas de ahorro, financiadores de la burbuja, se enfrentaron a falta de liquidez y problemas de solvencia, que provocaron un endurecimiento drástico de las condiciones de crédito, que afectó por igual a compradores y promotores inmobiliarios.
El aumento del desempleo durante la recesión posterior a 2008 provocó la caída de la demanda de viviendas. Muchas promociones se paralizaron, y el stock de vivienda vacía alcanzó niveles históricos. Al mismo tiempo, miles de familias fueron desalojadas por no poder hacer frente a sus hipotecas, alimentando una crisis social sin precedentes.
A pesar de la recuperación económica que comenzó en 2014, las secuelas de la crisis son todavía evidentes. El acceso a la vivienda se ha vuelto más complicado para las nuevas generaciones, con salarios bajos, contratos precarios y precios de alquiler en constante aumento. Además, la financiación hipotecaria sigue siendo más restrictiva que antes de 2008. Y es que la crisis y sus repercusiones en el mercado inmobiliario español dejaron lecciones claras: es necesario regular el mercado para evitar nuevas burbujas especulativas. Y el papel de las entidades financieras debe ser supervisado. para evitar prácticas crediticias irresponsables. El Gobierno y las administraciones locales deben construir viviendas asequibles, regular el alquiler vacacional y alentar un urbanismo que privilegie el interés colectivo. Para superar una crisis originada hace más de una década, pero que sigue afectando a millones de personas.
