Un problema nacional

por | 21 febrero, 2021 | Crónicas canallas

Hay componentes xenófobos en el miedo y el rechazo al otro, al que viene de fuera, al que es distinto… son fobias latentes en una parte de la sociedad y hoy alimentadas por el discurso ultraderechista

Ocurrió nuevamente, esta vez durante una noche furiosa de viento y lluvia. La policía tuvo que intervenir en el campamento de Las Raíces para evitar nuevos conflictos y peleas en la zona donde duerme el grupo que ha venido protestando durante esta semana por las penosas condiciones de acogida. Las protestas habían arreciado el sábado durante todo el día, pero se habían desarrollado con tranquilidad y de forma pacífica, acompañadas por el vuelo de avioncitos de papel, hasta que llegó la noche. Una noche de viento huracanado, bronca de los internos, e intervención de la policía, que el amanecer del domingo había dejado las instalaciones del campamento bastante perjudicadas.

Lo cierto es que la situación en los centros es muy difícil de encarrilar, a pesar de que hoy sólo pernocta en Las Raíces la quinta parte de las personas que podría acoger el campamento. El Gobierno de Canarias no tiene competencias directas en emigración –sólo sobre menores inmigrantes- pero el  presidente Torres lleva una intensa semana de reuniones y encuentros para reconducir un problema que parece inacabable, convenciendo a las autoridades nacionales de que es imprescindible cambiar los criterios que se aplican con Canarias en materia de inmigración irregular. Torres es consciente de la ineptitud de Escrivá –un hombre que reduce todos los problemas a contar números en su cabeza-, y ha sufrido personalmente la soberbia de Marlaska. Tras intentar razonar en Madrid con los ministros de Migraciones y de Interior, ha hablado con Sánchez y se ha presentado ante la Comisión de Insularidad del Senado a explicar la situación y pedir solidaridad al resto de la regiones en la acogida de personas que llegan de forma irregular a las islas, una decisión criticada por la oposición, que considera, probablemente con razón, que es un esfuerzo completamente inútil. Torres está además decidido a intentar convencer a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, con la que se reunirá en Bruselas el próximo uno de marzo, para explicarle también a ella el alcance de la situación explosiva que la crisis migratoria está provocando en las islas.

La reunión de Torres y la presidenta de la Comisión se producirá en el contexto de la redacción del nuevo pacto europeo del asilo y la emigración, una redacción deudora de las crisis migratorias provocadas por las guerras de Libia y Siria y de la forma en que Europa se enfrentó a esas crisis y las sufrió. La Unión quiere ahora medidas mucho más restrictivas de lo que han sido hasta la fecha sus tradicionales políticas de emigración. Se plantea fundamentalmente una mayor limitación de la circulación de irregulares por el continente, y más dureza de la contención en fronteras. Ambas medidas combinadas apuntan a que los que lleguen a Canarias no serán precisamente bien recibidos fuera de las islas, en una Europa que ya no empieza en los Pirineos, sino en ese estrecho de Gibraltar que el Frontex y la Guardia Civil se han esforzado en blindar los últimos meses, desviando en dirección a Canarias más emigrantes de los que entran por ninguna otra parte.

Sorprendentemente, a pesar de la gravedad de la situación que las llegadas masivas están provocado, a pesar de la preocupación por las malas condiciones de las instalaciones de acogida improvisadas a toda prisa por la Delegación del Gobierno –una situación que ya han denunciado dos eurodiputados españoles, López Aguilar y Sira Riego, de Izquierda Unida-, y a pesar de la creciente violencia entre grupos de emigrantes… ni el Parlamento de Canarias ni el Gobierno regional han elaborado propuestas u orientaciones para intentar influir en ese ‘nuevo pacto’, como tampoco lo han hecho los cabildos, las universidades canarias o cualquier otra institución isleña. Solo Torres parece interesado en que el pacto de asilo sea redefinido para repartir solidariamente entre los distintos territorios de Europa las cargas que la emigración irregular supone. Esa es la tesis que ha defendido en el Senado y que quiere llevar a Bruselas a la reunión con Van der Leyen.

El presidente es consciente de que la emigración puede convertirse en la piedra de toque de su legislatura, por encima incluso de los problemas derivados de la pandemia, que afectan a todas las regiones y naciones del mundo, y que los ciudadanos entienden como algo sobrevenido, de lo que no debe responsabilizarse singularmente a nadie. Pero la percepción de inseguridad provocada por los actos vandálicos de algunos grupos de emigrantes marroquíes, los destrozos, peleas y robos, las algaradas en los centros, la presencia creciente en las calles de las ciudades y pueblos de toda Canarias de inmigrantes enfadados por su situación, desesperados por conseguir  que les dejen salir de las islas… toda esta delicadísima situación está provocando un creciente rechazo social en la ciudadanía, no sólo frente al fenómeno de la emigración, sino también ante la deficiente gestión pública de los campamentos, los traslados y la escasa reacción ante los comportamientos incontrolados.

Sin duda, hay componentes xenófobos en el miedo y el rechazo al otro, al que viene de fuera, al que es distinto. Esas fobias, latentes siempre en una parte de la sociedad –generalmente la que soporta más necesidades- es hoy alimentada por el discurso ultraderechista, que señala a los gobiernos –en Canarias, al de Canarias- como responsable de un problema que escapa a su control y capacidad de respuesta: no es una responsabilidad de Canarias ni de su presidente que el Gobierno de Sánchez haya asumido convertir las islas en una cárcel a cielo abierto para emigrantes, la última frontera a sobrepasar antes de alcanzar la Europa prometida.

Por eso, Torres debería distanciarse de cualquier complicidad en materia de emigración con el Gobierno de Madrid, denunciar los errores de bulto que se comete en la gestión migratoria en Canarias, reclamar que se resuelva urgentemente el problema humanitario que la impericia y desgana del Gobierno ha contribuido a crear en las islas.

Y si resultara necesario, Torres esta legitimado para amenazar con medidas extraordinarias, como ya ha hecho: el Gobierno regional tutela por delegación de competencias alrededor de 2.600 menores inmigrantes. Son muchos niños a cargo de una sola comunidad autónoma. Por eso, si el Gobierno de Sánchez no establece políticas y medidas que permitan distribuir a los menores por todo el territorio nacional y disminuir la cifra de niños de los que Canarias ha de hacerse cargo (la mayor a la que se han enfrentado los escasos recursos de acogida y atención de menores de los que disponen las islas), Torres debería devolver de verdad al Estado esa competencia, como ya ha advertido que podría hacer. El Gobierno nacional lleva años lavándose las manos en este asunto, y aquí no se puede tirar de excusas sobre la dificultad de materializar los traslados por la epidemia, sobre la necesidad de mantener a los emigrantes cerca de sus países o con cualquier otro argumento ‘ad hoc’. Aquí hay una responsabilidad transferida que comporta un claro compromiso de solidaridad por parte del Estado. O se cumple o no se cumple. Y si no se cumple, no tiene sentido que Canarias siga haciendo la parte que le toca.