Un parón al turismo aplaudido por los hoteleros

por | 04 abril, 2024 | A babor

No es esta la primera vez que el Gobierno de Canarias intenta embridar el alquiler vacacional: ha habido otros intentos, bloqueados por los tribunales, poco partidarios hasta ahora de una legislación restrictiva del derecho de las personas y las familias a alquilar sus propiedades como estimen oportuno. El debate no es baladí: las administraciones por definición intervencionistas, pero les preocupa mucho más mantener declarativamente el control que ejercerlo. A la hora de la verdad, cuando se trata de asumir decisiones complicadas o impopulares, actúan como si fueran personas: tienen a pasarse la pelota de unas a otras. Algo parecido viene ocurriendo con el asunto de la limitación del alquiler vacacional: para interpretar lo que pretende el gobierno con su regulación de la vivienda vacacional, uno puede elegir entre dos opciones. Una es la de asumir que el Gobierno apuesta decididamente por la democracia local y el derecho de los ayuntamientos, como administración más cercana al ciudadano, para decidir sobre los asuntos alojativos. La otra es pensar que el Gobierno de Coalición y el Partido Popular se ha lavado las manos y le ha endosado la papa hirviente del alquiler vacacional a los municipios, para que cada uno haga de su capa un sayo. Porque serán los Ayuntamientos, a partir de la aprobación de la nueva normativa, los que decidan con bastante liberalidad sobre cómo y dónde y cuánto del parque local de vivienda, se puede destinar a uso vacacional.

En la práctica, el anteproyecto de vivienda vacacional, presentado formalmente ayer después de algunos días de filtraciones escogidas, limita de forma clara la transferencia de viviendas de uso residencial al uso turístico, aumenta las exigencias legales y la burocracia a superar para dedicar una vivienda a ser alquilada por turistas, y establece más papeleo y supuesto control de los nuevos proyectos. La ley plantea parar con carácter obligatorio el crecimiento de viviendas de uso turístico hasta que sean autorizadas explícitamente en la planificación urbanística municipal, preservando el 90 por ciento de la edificabilidad prevista por la ordenación urbanística con destino exclusivo para uso residencial. Para habilitar el uso vacacional, los municipios tienen que acreditar que disponen de suelo suficiente para vivienda permanente, y no están afectados por la declaración de municipio tensionado. Pero no todo tiene que ver con limitaciones a futuro. Las viviendas vacacionales ya declaradas ven endurecidos los requisitos que deben cumplir para seguir siéndolo, y adaptarse a la ley y al planeamiento municipal en diez años. Es verdad que la regulación se ve compensada con calendarios prorrogados de cumplimiento de las medidas y mecanismos para obviarlas, algunas muy específicas, como la de que poner una casa en el mercado de alquiler vacacional resulte mucho más fácil colocando otra en el mercado residencial, u otras medidas que parecen sacadas del manual político de Casimiro Curbelo, como la de duplicar con carácter general los porcentajes permitidos en las islas verdes.

A pesar de esas excepciones, en general el proyecto está básicamente dirigido a impedir que el alquiler vacacional siga creciendo y llegue a superar al turismo convencional, el negocio de la industria hotelera. Los empresarios del sector turístico parecen haber ganado la pelea que mantienen desde hace unos años contra el sector vacacional, que estaban perdiendo de forma clara, ante la pujanza de un sistema que nación con internet, y que –como tantas otras cosas vinculadas al mundo de las redes digitales-, evoluciona expansivamente y a una velocidad vertiginosa.

Canarias cuenta hoy con un parque de más de 1.075.000 inmuebles en el que la vivienda vacacional, con 555.000 plazas, representa ya el 37 por ciento del mercado total. Para los hoteleros, que durante los primeros diez años de este siglo reinaban con apenas competencia dentro del sector, el asombroso crecimiento de las viviendas destinadas a atender las necesidades de hospedaje del turismo, ha supuesto una amenaza creciente. Por eso, sería idiota intentar ocultar que son ellos, los hoteleros, los principales favorecidos por el límite que establece la nueva ley, aunque la consejera de Turismo, Jéssica de León, ha insistido en venderle al respetable la idea de que su propuesta persigue la sostenibilidad del modelo turístico de las islas. Un modelo que ha cambiado también, democratizando la participación en la propiedad y los beneficios que aporta el sector, aunque mucha gente siga empeñada en considerar que la actividad turística no genera riqueza para el isleño de a pie, como si los 20.000 millones que aporta al PIB se los llevaran crudo las grandes empresas del sector.

No es así, no ha sido nunca así, y lo que esta nueva regulación demuestra es que los grandes propietarios del sector son conscientes del desarrollo de una competencia popular, que les ha obligado incluso a intervenir en una actividad que antes despreciaban.