Toca pagar

por | 20 marzo, 2024 | A babor

Julio Pérez, Antonio Olivera, Blas Trujillo, Alberto Pazos, Conrado Domínguez y Ana María Pérez.

Hace unas semanas, con todos los focos apuntando a la presidenta del Congreso, Francine Armengol, la noticia de que el Gobierno de Baleares había renunciado a fondos europeos, por 3,7 millones -la cantidad vinculada a las compras realizadas por intermediación de  Koldo- sorprendió a medio país. Porque… ¿tiene sentido renunciar a algo cuando aún no hay ninguna sentencia judicial?

Pues resulta que si, que lo tiene, y mucho. Cuando el Gobierno de Baleares, ahora bajo control del PP, decidió iniciar la descertificación del gasto producido por el contrato de compra de mascarillas, lo que hacía era proteger su contabilidad y su balanza de pagos con la Unión Europea. Descertificar, palabrejo inmundo para evitar explicar que la Unión descontará ese dinero de futuras transferencias, supone lisa y llanamente renunciar a la ayuda europea que sirvió para financiar las compras sometidas a sospecha. Y se renuncia para no colocar en riesgo la llegada de futuros fondos europeos: los Feder, por ejemplo. Europa es extremadamente rigurosa en el rechazo a que sus dineros sean utilizados de forma o con intenciones fraudulentas, y suele sancionar con dureza las infracciones vinculadas con prácticas corruptas.

Es por eso que la Hacienda Canaria anunció el lunes que también renuncia a diez millones en fondos investigados por Europa, para evitar líos con Bruselas. Complicaciones es la palabra usada por la consejera Matilde Aisán. Resulta que el dinero fue consignado por el Gobierno de las Flores para comprar mascarillas a la empresa vinculada a la trama Koldo. Y el actual Gobierno revoca la consignación ante las irregularidades detectadas que se están investigando y para evitar el cabreo de las autoridades europeas. De los 12,3 millones que se pagaron a la empresa, se ha decidido dejar fuera de la financiación hasta diez millones, que se corresponden las compras que investiga la Fiscalía Europea por haberse realizado a un precio sensiblemente superior al precio de mercado y porque varias partidas del material que llegó a Canarias no era de la calidad prevista en el contrato.

La consejera ha sido bastante explícita al aclarar que lo que está en el foco de las investigaciones en curso es el hecho mismo de la contratación y no la gestión de la Intervención general de la Comunidad Autónoma, que habría aplicado todos los mecanismos de fiscalización previstos para el estado de emergencia. Este apunte de la consejera no es baladí, trata de descargar de responsabilidad al departamento responsable de vigilar si las adquisiciones de la administración cumplen con los debidos requisitos. Escándalos reiterados, como la compra de material sanitario a una empresa pendiente de constituir, que incluso facturó antes de existir legalmente, hacen necesaria esa puntualización de la consejera, que choca con la cantinela tradicional de los responsables señalados, aseverando que los informes de los funcionarios y la intervención avalaron las compras. Y es que un informe de intervención puede avalar la legalidad de una compra corrupta. Porque una compra puede ser absolutamente legal y responder a intereses mafiosos o incluir prácticas corruptas difíciles de detectar por la administración, como pagos de mordidas en ‘B’.

El PP ha señalado como responsable último de estos negocios fraudulentos -que ahora tendremos que pagar todos- al expresidente del Gobierno regional Ángel Víctor Torres, al que acusan de haber sido premiado con el cargo de ministro para pagar su obediencia al encargo de sus superiores de comprar material sanitario a empresas concretas.

Se trata de una acusación frívola, de esas que no conviene realizar sin pruebas, y que hoy se han convertido -por desgracia- en moneda corriente en el mercado de la política. No existe indicio alguno que vincule las compras fraudulentas a una posible financiación ilegal del PSOE. Lo que existe es la evidencia de comportamientos alegres y descuidados en el gasto público, consecuencia de varios factores encadenados: la necesidad perentoria de adquirir material sanitario, la caída de los controles por la aplicación de la urgencia, y el compadreo recurrente entre políticos y empresarios, que alentó la golfería y disparó la voluntad de enriquecimiento rápido. Al Gobierno de Torres no se le puede señalar -al menos no sin pruebas- por corrupto. Pero si por primavera. En el mejor de los casos actuaron como incautos que se dejaron embaucar por la cuadrilla de sinvergüenzas que acudieron al panal de rica miel (europea) a hacer su agosto. Y eso es suficiente para que tengan que dar explicaciones, rendir cuentas, pedir perdón. Y a los demás nos toque pagar la fiesta de las prisas y la impunidad.