Pedro Sánchez ha rendido cuentas de su mandato, con un triunfalismo insultante, ignorando que España vive instalada en una de las etapas más convulsas de su historia reciente. La fragmentación política, la crispación social y la creciente polarización, dan forma a un escenario que agrava las tensiones estructurales del país y no ayuda a afrontar los problemas. En el epicentro de la tormenta se mantiene imperturbable Sánchez, inmune al rechazo creciente de miles de españoles, a la dificultad para mantener la estabilidad del Gobierno, o a la tozuda realidad de que los hechos desmontan la ficción que ha construido.
Desde que asumió el mando en 2018, tras la moción de censura contra Rajoy, Sánchez ha recorrido una senda de decisiones cambiantes, discursos enfrentados y relatos antitéticos, que han agravado la fractura política y social. Su capacidad para mantenerse en el poder ha dependido de alianzas con partidos independentistas y con una izquierda populista y artificial, poniendo siempre su propia supervivencia política por encima del interés general y el respeto a las reglas del juego tradicionales en la política española. Sánchez ha gobernado con partidos abiertamente independentistas, con los herederos políticos de ETA, ha bordeado la constitución del 78, ha intentado ningunear el papel del rey y –finalmente- ha iniciado un proceso de deslegitimación de la Justicia, cuyo objetivo básico es protegerse frente a posibles sentencias por corrupción contra su familia, dirigentes del PSOE, o miembros del Gobierno. La amnistía a líderes independentistas implicados en el procés catalán es un ejemplo más emblemático de esta dinámica del ‘todo vale’. Defendida por Sánchez como una medida para normalizar las relaciones entre Cataluña y el resto de España, la amnistía ha sido percibida por una amplia mayoría social como una concesión inadmisible que socava la igualdad ante la ley y premia conductas que desafiaron el orden constitucional. Muchos españoles creen que la amnistía fue una traición al Estado de Derecho, fruto de la necesidad desesperada de Sánchez de asegurarse apoyos parlamentarios, tras perder las últimas elecciones.
La polarización es quizás el legado más visible de estos años de gestión política sanchista. La narrativa del Gobierno, diseñada por fontaneros y equipos sin más ideología ni objetivo que la continuidad de Sánchez, ha logrado dividir a los españoles entre ‘progresistas’ y ‘retrógrados’, entre quienes apoyan las medidas de Sánchez y quienes reniegan de ellas. La polarización deja muy poco espacio para un diálogo público constructivo, al que tampoco ayuda el alineamiento del periodismo con posiciones políticas específicas, o el retroceso de los medios frente a las redes, que deja a los lectores sometidos a un ecosistema de desinformación y discursos incendiarios, que erosiona la confianza en las instituciones y la democracia.
La división política provoca además una creciente ineficacia del Estado. Las disputas partidistas bloquean instituciones durante años, convierten otras en caja de resonancia de los partidos, sitúan la democracia en las trincheras e impiden cualquier acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas. Esta parálisis se extiende a la burocracia y mina la credibilidad de las instituciones y alienta el desencanto ciudadano. Sánchez utiliza las instituciones para avanzar en su agenda política: la modificación de leyes clave mediante decretos, el control del Tribunal Constitucional, la politización de la tragedia de la Dana, o la utilización bastarda de la Fiscalía para intentar desviar la atención del ‘caso Begoña’, produce una creciente certeza de que las reglas del juego se ajustan a conveniencia de Sánchez. Ese ‘modus operandi’ no solo profundiza la desconfianza, también debilita el tejido institucional de la democracia y obstaculiza la solución de los problemas.
Sánchez asegura que tras la pandemia, España ha mostrado signos de recuperación. Es cierto, pero persisten problemas estructurales como el desempleo juvenil, la precarización y una deuda pública en máximos históricos. El sanchismo se define además por un enfrentamiento constante, no solo entre partidos, sino también entre regiones, sectores y clases sociales, géneros e incluso generaciones. Las tensiones territoriales, exacerbadas por las concesiones a Cataluña, se han sumado a una creciente desigualdad económica y a un malestar generalizado entre los jóvenes por la precariedad y la escasez de oportunidades. Los avances en igualdad sexual dejan una sociedad confusa y a veces herida. La pobreza crece en una economía que también crece, pero distribuye muy mal. Los impuestos enervan a las clases medias… Sánchez ha convertido en estrategia la gestión de esas tensiones mediante concesiones puntuales, provocando una inestabilidad constante, donde las crisis se suceden sin que se ofrezcan soluciones duraderas. Este es el balance de una gestión, cuyo mayor éxito fundamental ha sido lograr que Sánchez siga en el poder.
