Clavijo y Feijóo cerraron ayer en un plis-plas (pero agotando la redacción hasta el último minuto), un acuerdo para hacer frente a la crisis migratoria y a la sobresaturación de menores inmigrantes no acompañados en los centros de las islas.
Se trata de un acuerdo que implica la disposición del PP –y las regiones que gobierna- a admitir el reparto de menores inmigrantes, de acuerdo con criterios de solidaridad y justicia. Pero el acuerdo va más allá, responde a una voluntad de afrontar el problema en su globalidad y no sólo una de sus partes –la situación de los menores- que es la que más conflicto e ideología ha movido estos últimos meses. El acuerdo incorpora las exigencias del PP para apoyar la toma en consideración de la reforma de la Ley, que un PSOE en clara minoría, abandonado a su suerte por Junts- se negó siquiera a discutir.
Entre los asuntos clave, la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes –que Sánchez se niega a convocar, quizá porque está convencido de que el único presidente que cuenta es él mismo-, además de la más que razonable declaración de emergencia migratoria nacional, y mejorar el control de fronteras con medidas como el aumento de recursos humanos, especialmente del personal dedicado a tramitar el retorno de los migrantes a sus países, el despliegue de la Guardia Civil y la Policía en los países emisores para colaborar en la erradicación de mafias, negocios y chanchullos que son la esencia del tráfico, desplegar el Frontex sin más dilaciones, excusas y mentiras, el uso de pasaporte de tránsito, y más voluntad política y recursos de acción exterior en los países de origen, con acuerdos y convenios de cooperación.
Feijóo y Clavijo se mostraron ayer bastante satisfechos del acuerdo alcanzado y convencidos de que la pelota queda ahora en el tejado de Sánchez. En efecto, para el Gobierno va a ser muy difícil de explicar el no recoger el guante que supone este acuerdo para la solución de los problemas de la inmigración ilegal. De hecho, muchos de los aspectos que se incorporan son aspectos asumidos por el PSOE durante las interminables negociaciones -secretas o no- en las que se apuntó el ministro Torres, cuyas competencias parecen reducirse por el momento a acompañar al jefe al Valle de los Caídos y otros lugares más o menos siniestros y ejercer de ministro de Asuntos Canarios.
El acuerdo incorpora, no podía ser de otra forma, la propuesta realizada por Clavijo a Torres en la reunión secreta con la que nos han tenido entretenidos la semana pasada. Cuando una región supere el 150 por ciento de su capacidad de acogida de menores, el resto pasarán a ser atendidos directamente por el Estado, con instalaciones y recursos del Estado. Se trata de una cláusula de salvaguardia para garantizar el reparto de menores por el resto de las regiones, y activar los mecanismos que permitan ese reparto. Si el Estado se duerme en eso, le tocará cargar con las consecuencias de su pereza.
Personalmente, del acuerdo, más allá de su elegante literatura en correcto politiqués, lo que más me pone –y supongo que a muchos- es la exigencia de que todos cumplan con la obligación común. Ni ERC ni Junts deberían poder alegar una negociación directa con el Gobierno de Sánchez para no admitir lo que les toque. Dicho eso, conviene ser justos y recordar que Cataluña ha cumplido más que otras comunidades autónomas con Canarias, por ejemplo. Pero se trata de garantizar que no se aceptaran privilegios. Desde un punto de vista político, el acuerdo supone también la profundización en la ruptura con las políticas maximalistas de VOX, con esa torpeza casi colonial en la que se ha instalado la ultraderecha con su negativa a considerar Canarias como parte del Estado.
Así las cosas, lo que nos queda es por fin la oportunidad de cerrar un acuerdo. El PSOE tiene dos opciones: una es mantenerse en la guerrilla descalificatoria y en intentar obtener rentabilidad política de este asunto. Pero lo tienen más difícil que hace unos meses para esconderse en la supuesta negativa del PP para alcanzar acuerdos. Frente a la falta de claridad y la demora en las respuestas a las propuestas de aquella reunión que se quiso ocultar, el acuerdo entre el PP y Coalición, viene a ponerlo todo negro sobre blanco. Ya no se puede discutir sobre la reproducción del cangrejo, hay que hacerlo sobre propuestas cuyo coste económico e impacto social se puede medir. Con eso no puede hacerse como con las simulaciones del ministerio que se han perdido en los vericuetos de la burocracia. Sánchez está obligado a retratarse y retratar a su partido con una respuesta al acuerdo del PP y Coalición. Por el bien de todos, ojalá se sumen. Y lo hagan cuanto antes.
