Un Clavijo visiblemente enfadado adelantó ayer en el Parlamento la que va a ser su estrategia para la próxima conferencia de Presidentes: presentar un nuevo documento sobre emigración que incorpora a la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería presentada sin resultados en julio, las condiciones del PP en la negociación con el Gobierno de Canarias, presentadas en formato de preámbulo. Si aun así, a pesar de incorporar lo que PSOE y PP consideran innegociable, los dos grandes partidos estatales fueran incapaces de llegar a un acuerdo, Clavijo propondrá un ‘Plan B’, cuyo contenido no ha revelado, pero que pasaría por pactar con los indepes de Puigdemont un nuevo decreto, para lograr el reparto puntual de menores emigrantes, que estos querrían apoyar.
Más allá del suspense que abre el anuncio de Clavijo, la opción de un ‘Plan B’ supone de hecho un reconocimiento implícito de la enorme dificultad de conseguir que el PSOE y el PP entierren el hacha de guerra en este asunto, y asuman de una vez por todas su responsabilidad con el archipiélago. La que al Gobierno corresponde como Gobierno, y la que corresponde a la oposición como grupo que pretende desplazar al Gobierno. No se trata de una frase: el Gobierno de la nación ha sido incapaz de salvar la reforma de la ley, pero también de ofrecer cualquier alternativa que solucione el hacinamiento y desatención de miles de niños y jóvenes. Y el PP parece preferir mantener el bloqueo que arriesgarse a cerrar un acuerdo de reforma que no defina con claridad cómo se va a financiar esta.
Personalmente, no culpo a los dirigentes del PP por no fiarse un pelo. Es lógico que el PP sospeche que el Gobierno quiere un reparto que no tenga que financiar. Si existen dudas sobre el escaso interés del Gobierno por arrimar el hombro, esas dudas las disipa el retraso en las transferencias pactadas –cincuenta millones incorporados desde hace años al presupuesto y otros 50 millones adicionales pactados con Sánchez- que no acaban de llegar a Canarias. Es lógico que en Génova no se fíen, y que haya regiones gobernadas por el PP que prefieran mantenerse al margen que tener que soportar después una situación como la que Canarias lleva soportando desde hace años: cargar con el coste de la atención a los menores, sin que el Estado ponga de su presupuesto siquiera lo que ha puesto todos los años.
Al Gobierno le conviene mantener este extraño conflicto, aunque demuestre su incapacidad para resolverlo, porque señala también la responsabilidad del PP en el bloqueo. Por eso, y porque el andar de la perrita ha dejado ya el camino hecho unos zorros, parece ilusorio esperar que la reunión de Presidentes del día 13 sirva para nada. Probablemente estemos ante otro encuentro inútil.
Es fácil comprender el hartazgo de Clavijo ante la apatía y desinterés del Gobierno nacional, el cansancio ante la ausencia absoluta de solidaridad, el asqueo por meses de infructuosos intentos de llegar a un acuerdo, de negociaciones demoradas hasta la náusea, en las que Canarias –y su presidente- parece que han quemado ya todas sus opciones. Un año con la atención a los menores emigrantes convertida en principal y frustrada prioridad de la acción del Gobierno regional agotan a cualquiera. No sólo a los protagonistas que sufren este ninguneo constante del Gobierno y su oposición. También a decenas de miles de isleños que observan atónitos como los casi seis mil chicos de los que nadie quiere ocuparse, se han colocado en el podio de las urgencias del Gobierno de las islas, por encima de asuntos como la dependencia, las listas de espera en Sanidad, la falta de vivienda, la desatención a los ancianos, la pobreza severa o la miseria burocrática de la administración. Y así llevamos un año, sin que se vislumbre salida alguna en el horizonte.
¿Qué puede hacer Canarias? ¿Qué ‘Plan B’ podría resolver el problema? Confieso mi despiste total al incorporar a Puigdemoint a la solución de una crisis que el ha sido el primero en crear, al negarse a apoyar a sus socios parlamentarios en una cuestión de extraordinaria importancia. Sospecho que Clavijo se propone incorporar el asunto del reparto de los menores a la negociación pendiente de las transferencias en emigración para Cataluña, un asunto de muy difícil encaje constitucional. Sería sin duda una salida política, aunque –desde mi personal punto de vista- incorpora una negociación con Puigdemont que legitima el sistema de chantajes que Junts ha incorporado a su forma de gestionarse en política nacional. Si ese es el ‘Plan B’… ayudar a Puigdemont a conseguir la total transferencia a Cataluña de competencia exclusivas del Estado, no arriendo a Coalición la ganancia.
