La diputada Esther González, de Nueva Canarias
El cinismo se ha convertido en la herramienta principal de la política en todos lados. Una política basada exclusivamente en la resistencia y la trinchera, que Pedro Sánchez ha logrado convertir en la única que hoy se práctica en España, la que contagia a todos. Los propagadores de bulos y fakes acusan a los demás de mentir bellacamente, cuando son ellos quienes lo hacen; los que controlan la televisión pública a golpe de talonario, y compran medios a tanto la pieza, acusan a los otros de querer hacer lo que ellos ya hacen. Puigdemont amenaza con reventar los presupuestos si el PSOE no cumple lo que prometió sobre financiación, sobre emigración, sobre la amnistía, y Podemos asegura que no apoyará las cuentas de 2025 si el PSOE no implanta el impuesto a las energéticas, mientras el Gobierno dice que los únicos problemas del país son los de una oposición que no acepta la verdad objetiva de que el Gobierno gobierna, y las cosas van cada vez mejor…
El cinismo sustituye a la realidad y bloquea cualquier aproximación objetiva a los hechos. Es como un polvo fino que obstaculiza ver lo que de verdad sucede, que se mete en los engranajes del sistema e impide que las cosas funcionen. Pero no es el mismo ‘polvo finito’ al que se refería Esther González, la diputada de Nueva Canarias que ayer advirtió a Pedro Pacheco en el Parlamento regional lo que ocurrirá cuando intervengan ante la Comisión los auditores que bloquearon la aprobación del informe sobre las compras del Covid de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
No, no es el mismo polvo. Ayer, fuimos obsequiados por otra ración de cinismo superlativo: los grupos parlamentarios socialista y Nueva Canarias, los que votaron para que no se aprobara el informe de la Audiencia de Cuentas, ese informe que denuncia lo que estaba ocurriendo con las compras de mascarillas y epis, acusaron a la misma Audiencia de actuar con “intencionalidad política” al presentar el informe. Pájaros contra escopetas. Hace falta ser caradura para acusar de intencionalidad política a quienes prepararon el texto del informe de la Audiencia, frente a la intencionalidad política de quienes lo bloquearon, precisamente para evitar que se supieran cosas como que seis de las empresas con las que se contrató carecían de capacidad para contratar con la administración y aún así lo hicieron. Ya cuando se bloqueó la aprobación del informe, resultó patente que el Gobierno había pedido a los auditores del PSOE y Nueva Canaria que evitaran aprobar un texto que revelaba los desmanes cometidos en los contratos de la pandemia. Algo –el abuso, la contratación a las empresas de los amigos, el despilfarro- que ya no es una sospecha, sino un hecho que ni todo el cinismo del mundo va a poder ocultar.
¿Hace falta recordar a estas alturas que aquel informe elaborado en julio de 2022, no pudo ser debatido hasta el pasado 11 de noviembre, porque lo impidieron el PSOE y Nueva Canarias? ¿Hace falta recordar que fueron esos dos partidos que entonces controlaban el Gobierno los que bloquearon con su voto que la Audiencia señalara la existencia de once contratos de más de dos millones de euros que no fueron sometidos a la autorización del Gobierno, para evitar al Gobierno cualquier responsabilidad? ¿Qué en 35 contratos no se justificó ni el gasto ni tampoco su emergencia? ¿Qué se autorizaron dos libramientos ‘a justificar’ por dos millones cada uno a la empresa RR7, el segundo reactivando el contrato después de que el primero fuera resuelto por incumplimiento? ¿Qué aquella broma nos costó cuatro millones de euros a todos los canarios? ¿Qué a pesar de las declaraciones en sede parlamentaria de la presidenta del grupo socialista, Nira Fierro, ese dinero ni se ha recuperado ni se va a recuperar? ¿Conviene recordar que una de las empresas señaladas en el informe de la Audiencia sobre fiscalización de las compras durante la pandemia, fue Soluciones de Gestión, el tinglado corrupto de Koldo García, Víctor de Aldama y el ministro José Luis Ábalos? ¿Que otra de las empresas fue Innjoo Technology S.L., liderada por el empresario chino Chen Shouting, que facturó 45,6 millones de euros a las mismas administraciones públicas españolas a las que facturaba el tinglado de Koldo? Sí, al ministerio de Transportes, a Puertos del Estado, a Adif, al gobierno balear y el Gobierno floral canario. ¿Qué sólo Innjoo –declarada en quiebra al acabar la pandemia- facturó al Servicio Canario de Salud la décima parte de todo lo que se compró para frenar el Covid?
Hay que tener un rostro diamantino para pretender darle la vuelta a las cosas: Esther González y Manuel Hernández pueden seguir insistiendo en que reducirán a ‘polvo finito’, el informe de la Audiencia. Sus Señorías son pájaros disparando palabras contra las escopetas. Pero los hechos no cambian. El Gobierno que ellos apoyaban se gastó millones enriqueciendo a Koldo, Aldama, Tapia y socios. Y a otros más. No sé qué polvo van a sacar de eso.
