Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrada ayer en Madrid.
Canarias apoyó una reforma de la financiación autonómica que no tiene asegurados los votos necesarios para convertirse en ley. Ocurrió ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el Gobierno central pudo sacar adelante su propuesta -el Estado cuenta con la mitad de los votos del Consejo-, pero no donde se decide si el nuevo sistema llegará o no a entrar en vigor, que es en el Congreso de los Diputados. Eso aleja los millones anunciados de los millones disponibles. Es una política en la que cada vez más, se celebran resultados que no se van a producir.
Canarias fue la única región con presidente no socialista que respaldó el modelo. Ni siquiera la mayoría de las regiones gobernadas por el PSOE lo respaldaron. Sólo lo hizo Cataluña. Castilla-La Mancha y Asturias no apoyaron al Gobierno de Sánchez. No estamos, por tanto, ante una división entre gobiernos del PSOE y el PP. La financiación enfrenta intereses territoriales que no siempre obedecen instrucciones de Moncloa.
En Canarias, con un Gobierno integrado por Coalición y el PP, y con el PP beligerantemente enfrentado al PSOE en el sistema de financiación (yo diría que también en todo lo demás) se encontró una solución particularmente imaginativa: el Gobierno en su conjunto apoya la propuesta, pero su consejera de Hacienda, Matilde Asián, del PP, no acudió a Madrid. Manuel Domínguez confirmó que está de vacaciones, aunque añadió que tampoco habría ido si estuviera trabajando. A Domínguez, eso sí, no le parece reprochable que Clavijo haya negociado con el PSOE. Su trabajo es lograr mejores condiciones para Canarias, ha dicho. Clavijo ha anunciado 726 millones adicionales al año y el reconocimiento de que los dineros del REF van aparte.
Es discutible presentar esas expectativas como ingreso conquistado. Porque el acuerdo necesita recorrer un camino no despejado: para ser operativo, el nuevo sistema exige modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y otras normas. La reforma necesita mayoría absoluta en una votación final sobre el conjunto: 176 diputados. No basta con ganar en el Consejo, ni con conseguir que algunos adversarios se abstengan. Hay que reunir votos afirmativos suficientes, y eso no parece hoy posible. El PP rechaza el diseño y Junts también, por motivos distintos: reclama que Cataluña salga del régimen común y avance hacia un concierto económico. No es una discrepancia que se resuelva añadiendo una partida, afecta a la arquitectura del sistema. Sin el PP, los votos de Junts resultan decisivos, y el acuerdo con ERC no los incorpora automáticamente. Mientras esas posiciones no cambien, la reforma presenta un horizonte muy oscuro. No se debe confundir la aprobación del primer trámite con la solución de un problema que arrastra doce años de retraso. Esto es reiterar lo más cansado de nuestra conversación pública: un problema real, necesidades reales y un reparto que atribuye beneficios antes de disponer de ellos y prepara ya la acusación, como munición electoral, contra quien impedirá cobrarlos. Cada cual obtiene su titular, mientras los ciudadanos y sus problemas siguen esperando. Canarias no pasará, como se anuncia, de estar entre los territorios peor financiados a superar la media estatal, ni aumentará de 611 a 1.337 millones sus recursos adicionales. Y podrá quejarse por ello. Y usar esta negociación fracasada como punto de partida para la que en su día haga el PP.
La decisión de apoyar la financiación, a la que Clavijo se oponía inicialmente, se produjo el mismo 27 de julio pasado, en el que –reunido en Madrid con el ministro Arcadi España- se desbloqueó la aprobación de parte del ‘decreto Canarias’, que será aprobado por el Consejo de Ministros, el próximo martes. Las cifras de ese modesto maná se han explicado hasta el aburrimiento: son cien millones de euros para continuar con la recuperación de La Palma, la bonificación del 60 por ciento del IRPF para los residentes en la isla, además de permitirnos el uso de 600 millones de euros de nuestro superávit, lo que ampliará el gasto regional en servicios esenciales. Aquél 27 de julio se desbloquearon también otros 196 kilillos, un paquete que ya aprobó el Consejo de Ministros, con los 30 millones para amortiguar la pobreza, 45 para el Plan Integral de Empleo o 23 para paliar los efectos económicos del desastre de Ormuz
Tendría que ocurrir un milagro para que la financiación saliera adelante este año. La secuencia política, sin embargo, resulta bastante transparente: al gesto inútil de apoyarla en el Consejo de Política Fiscal y Financiera le ha acompañado el desbloqueo del minidecreto canario. Clavijo ha cambiado una promesa de 1.337 millones que no dispone de votos en el Congreso por unos acuerdos mucho más modestos, pero con posibilidades ciertas de llegar al BOE. Para una fuerza política con el alma ideológica de una albóndiga, como es Coalición, no se trata de una contradicción, es su doctrina: pájaro en mano.
