No hay ninguna prisa

por | 02 febrero, 2024 | A babor

Parece que es una buena noticia: Fernando Clavijo logró comprometer a Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, a estudiar la propuesta presentada por el Gobierno de Canarias para que sea obligatorio el reparto de menores migrantes entre las regiones. Suena bien. Pero yo no tengo nada claro que ese compromiso ‘de estudio’ signifique realmente mucho, porque una cosa es predicar y otra dar trigo. 

El Gobierno Sánchez tiene una demostrada habilidad para no cumplir sus compromisos, excepto que seas catalán, independentista o prófugo, o las tres cosas al mismo tiempo. Es verdad que últimamente Clavijo parece haber conseguido que  los ministros se le pongan al teléfono, no como antes, que no había forma de que la ministra Belarra descolgara. Pero es que Clavijo cuando él quiere es un dechado de buen rollito y simpatía, lo que no significa necesariamente que eso le sirva para que le hagan repajolero caso.

Por ejemplo, no hay forma de desatascar las pruebas óseas, pendientes de hacer a 1.800 migrantes, para poder determinar su edad. Cada vez que el asunto se plantea, Madrid mira discretamente al horizonte, como si no le importara mucho resolver la situación. 

Y tampoco nadie ha movido un dedo, ni el Gobierno de Sánchez con la sonriente y educada Rejo al frente, ni las regiones, ni siquiera el papa Francisco, a pesar de haberle regalado una bonita bula fotocopiada, para acelerar el traslado de esos menores que dijo la Conferencia Sectorial que serían in-me-di-a-ta-men-te derivados a la península. Eran muy pocos -339-los que iban a salir, pero parecía un buen principio. A la espera de que alguien mueva ficha, se ha disparado el suma y sigue: ya son cerca de 5.500 pibes los que esta región mantiene con recursos de todos. 

Unos 120 millones de euros cuesta sostener el tinglado necesario para que los chicos reciban la mínima atención, un tinglado de centros siempre insuficientes y mal dotados, que ha sido necesario duplicar esta legislatura. Hay mucho primavera que piensa que esto puede mantenerse sine die, pero no puede. Los recursos son finitos, son lo que son, debe atenderse con ellos muchas necesidades. Con el dinero que se destina a atender de aquella manera a estos jóvenes, Roman Rodríguez prometía hace unos años erradicar la pobreza severa de las islas. Cuatro veces. A treinta millones por vez. 

La propuesta del Gobierno regional, compartida en Canarias por todas las fuerzas políticas (excepto Vox, que siempre opta por llevar la contraria para hacerse notar) es derivar a la península a la mitad de esos 5.500 niños. Y la única opción realista de hacerlo es cambiar el Código Penal, trasladar las competencias sobre menores al Estado, y hacerlo por decreto ley, para que el asunto no se eternice más. 

Aunque esa propuesta patina: es verdad que la ministra Rego es una señora muy agradable y condescendiente, pero ya dejó claro que la decisión sobre cómo se tramitará el plan canario debe adoptarla los Ministerios interesados. Y que no hay tanta prisa, que ya los convoca ella para una ‘kermesse’, unas jornadas, o un concurso de ideas en los próximos tres meses. 

En otras palabras: los decretos leyes son solo para resolverle los problemas a Puigdemont y los suyos. A Clavijo y a los canarios se nos aplica la legislación vigente, que es la que nos obliga a seguir soportando la llegada masiva de niños empujados por sus familiares a hacer las Europas. Y habrá que seguir soportándolo, por lo menos hasta que Coalición consiga jubilar a Román, pactar con los canaristas y montar un grupo parlamentario en Madrid que cuente de verdad.  

La ministra cree que hacer que el reparto sea obligatorio aflojará la tensión existente en Canarias, y que mientras la tensión no se afloje siempre se puede aflojar pasta. Se refirió doña ministra a los 20 kilos que el Gobierno va a repartir entre las distintas regiones (15 para Canarias) mientras ella negocia con Europa la llegada de nuevas ayudas. 

No hay prisa. Todo puede hacerse con calma, cree la ministra. Y mientras, siguen llegando cada vez más y más pibes. Llegan  -y es una suerte que lleguen y no pierdan la vida en la travesía- porque sus familias saben que los pibes no pueden ser deportados a sus países de origen, como si ocurre con los mayores. Se convierten así los chicos en un seguro para la inversión realizada por sus familias. Un seguro que Canarias sostiene hasta que cumplen los dieciocho años, y entonces el Estado los tira a la calle para que se busquen la vida camino de Europa. Y se la buscan. Vaya que sí.