Mil días de bloqueo

por | 07 septiembre, 2021 | A babor

La de este año ha sido la apertura del curso judicial más polémica y crispada de los últimos años: el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, censuró ayer –sin llegar a pronunciar su nombre-, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez –y otros políticos cercanos a este- calificaran la oposición de los jueces a los indultos a los independentistas condenados en el procès, como una “revancha”. Lesmes, reivindicó la independencia judicial como garantía de la democracia, pidió respeto de los partidos a las resoluciones judiciales; y exigió que se materialice ya un acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación se encuentra bloqueada desde hace más de mil días, por la incapacidad de Gobierno y oposición de ponerse de acuerdo en los nombres que deben integrar órgano de gobierno de los jueces.

Esa situación de bloqueo persistente provocó el fallido intento del PSOE de modificar el sistema de elección para eliminar la mayoría parlamentaria cualificada que se precisa hoy y dejar así en manos del Gobierno los nombramientos. La propuesta fue inmediatamente cuestionada por la Unión Europea, y retirada por el PSOE.
Aún así, y a pesar de varios intentos frustrados de negociación, no ha habido forma de que Gobierno y Oposición desatasquen la actual situación, que comienza a provocar una creciente paralización de la Justicia, dado que la ley que regula el funcionamiento del Consejo establece que este no podrá realizar nombramientos cuando su mandato se encuentre vencido.

Casi tres años después de arrastrar ese bloqueo, y no poder proceder a ningún nombramiento nuevo, la situación es ya insostenible. El PP ha planteado ahora la sustitución del actual sistema de elección parlamentaria -que no aplicó cuando gobernaba, a pesar de haberlo anunciado-, para que se acerque a los estándares europeos, donde son los jueces los que eligen a los jueces. La izquierda se mantiene en la defensa del sistema de elección por los partidos, aunque ayer el Gobierno se avino a aceptar que el sistema que propone el PP podría ser planteado en el futuro si en esta ocasión se produce la renovación parlamentaria, propuesta a la que el PP se opone, probablemente porque desconfía de que Sánchez acabe haciendo lo que ellos mismos no hicieron cuando mandaban.

El sistema de elección parlamentaria, que sustituyó a la corporativa de los jueces, se implantó en 1986, al final del mandato del primer gobierno socialista, que contaba con la holgada mayoría lograda en 1982 por Felipe González. En el momento en que se produjo ese cambio, gran parte de la magistratura era declaradamente franquista, por lo que parecía obvio que cierto control del Parlamento sobre la judicatura contribuiría a lograr una mayor democratización de la institución judicial. De hecho, así ocurrió: la Justicia española se ha instalado en la democracia y ha actuado con estándares europeos en lo que a su propia independencia del poder se refiere. Pero el sistema ha degenerado: en la actualidad los partidos eligen en las Cortes a propuesta de las asociaciones judiciales a 12 de los 20 vocales del Consejo, y los ocho restantes son nombrados directamente por el Parlamento entre juristas ‘prestigiosos’, que ni siquiera tienen necesariamente que ser jueces. Con ese sistema, los partidos han colocado directamente a cargos orgánicos suyos en el gobierno de los jueces, una aberración que no sólo ha politizado al Consejo, también lo ha convertido en una instancia por cuyo control los partidos se enfrentan con creciente ferocidad. Eso, unido a la dependencia de la Fiscalía General del Gobierno, contribuye al creciente deterioro público de la percepción que los ciudadanos tienen de la Justicia.