Luis XIV, rey absoluto de Francia
No existe constancia de que fuera el joven Luis XIV, monarca absoluto de La France, quien dijera ante el Parlamento de París aquello de ‘el Estado soy yo’. Sus adversarios le atribuyeron la ocurrencia, bastante descriptiva de lo que el hombre podía sentir, pero no existe fuente documental alguna que pruebe que de sus reales labios saliera tal sentencia durante la sesión del Parlamento aquel 13 de abril de 1655, en la que se discutía el desafío del Parlamento al rey, planteado por la asamblea apenas unos meses antes, y que desembocó en el primer Lit de justice celebrado por el monarca.
En aquellos tiempos previos a la Revolución y la guillotina, el Estado aún no se había escindido en tres poderes -legislativo, ejecutivo y judicial-, y el Rey resolvía sus problemas con el Parlamento desde un lecho instalado en la Cámara, pero era bastante común que los Parlamentos sacaran con cierta frecuencia los colores a los monarcas.
Lit de justice celebrado por Luis XV en el Parlamento de París en 1715.
Hoy, los Parlamentos funcionan como una prolongación sin fisuras del poder Ejecutivo, y este tiende a actuar como si fuera el único poder del Estado. Algo falla en las últimas décadas -y lo hace estrepitosamente- en el orden surgido de la caída de las monarquías absolutas: las democracias tienden cada vez más a un populismo disruptivo y sin complejos, el populismo persigue con denuedo la confusión e instrumentalización de los tres poderes, y el poder es ejercido sin diferenciar los intereses del Estado del de los líderes que lo gobiernan.
Lo que sucede en España es un fiel reflejo de esa tendencia, cada vez más extendida: Pedro Sánchez ha dirigido -durante las cuatro convulsas y breves legislaturas en las que ha mandado y aún manda- la mayor ocupación de los poderes del Estado jamás llevada a cabo por un político español en democracia.
Antes de que Sánchez convirtiera el Estado en su finca y al PSOE en sus medianeros, habíamos visto abusos y excesos en la ocupación de las empresas públicas, las representaciones exteriores o los medios de comunicación pagados con nuestros impuestos, pero nunca antes de la llegada de este campeón del narcisismo, se habían producido modificaciones legales ‘ad hoc’, de dudosa constitucionalidad y únicamente destinadas a mantener al que manda en el poder; ni tampoco un intento tan premeditado y salvaje de controlar las instituciones judiciales y a los jueces.
Desde luego que García-Ortiz no es el primer Fiscal General del Estado al servicio de su señorito, pero si el primero que ha rozado comportamientos delictivos con su babosería y servil cumplimiento de las órdenes recibidas. El control del Constitucional, la intervención de las leyes para impedir la aplicación de la Justicia, o el inaudito acoso al que se somete a fiscales y jueces desde un Gobierno lanzado a realizar inauditas acusaciones de lawfare o prevaricación, eso sí es algo inédito.
Y más inédito aún que un presidente recurra a la Abogacía del Estado para intervenir en el pleito que la justicia mantiene con su mujer, acusando de prevaricación al juez Juan Carlos Peinado. Eso es exactamente lo que ha hecho Sánchez, utilizar los resortes del Estado para defender ‘lo suyo’. Tras exigir declarar por escrito porque es el presidente, y negarse después a declarar ante el juez porque es el marido, Sánchez utiliza ahora la Abogacía del Estado para intentar sacar al juez de la causa.
La verdad es que hasta eso lo tiene bastante complicado: hay suficiente jurisprudencia contraria a permitir que una querella interpuesta tras la apertura de unas diligencias provoque el cambio del juez instructor. Aun así, la Abogacía del Estado se emplea a fondo: acusa a Peinado del delito de haber obligado a Sánchez a declarar en persona en vez de por escrito (en realidad no lo hizo, se negó a prestar testifical no solo sobre lo que afecta a su esposa, sino también sobre lo que le afecta a él), y elabora toda una teoría sobre la voluntad del juez de construir una causa política, en la que el objetivo no es dilucidar la responsabilidad de la investigada -Begoña Gómez- en los delitos de corrupción y tráfico de influencias, sino perjudicar política y electoralmente a su marido -Sánchez- en la instrucción del procedimiento.
El argumento no se para ahí, sino que incorpora línea por línea las disquisiciones de la defensa, también hechas suyas por el fiscal García-Ortiz. No sé cómo le irá al juez instructor, pero ya tiene enfrente al PSOE, al Gobierno, al Fiscal General y a la Abogacía del Estado. Todos repitiendo los mismos argumentos, basados en uno del que parten todos los demás: que el Estado es él. Pues sí. Y cada vez se nota más.
