Las milongas de Nira Fierro

por | 12 marzo, 2024 | A babor

Fue Nira Fierro, presidenta del grupo parlamentario socialista, la que dijo el otro día en la radio, muy solemnemente, que todo se hizo bien y que Canarias había recuperado un millón y medio de euros de los cuatro que la empresa RR7 United Limited se quedó por la cara tras cerrar un acuerdo para comprar a cuatro euros por pieza un millón de tapabocas. Nunca llegó a entregarse el material, comprado sin que Koldo tuviera nada que ver, y sin cumplir ninguna regla, a una empresa dedicada a la venta de coches. La broma se pagó con dinero europeo, y por eso la causa, después de iniciarla la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, saltó a la Fiscalía Europea. Se dijo cuando eso ocurrió, que era muy bueno para el Gobierno que el asunto dejara de estar en el número 7 de Las Palmas, porque la Fiscalía Europea actuaría sin prejuicios. Supongo que -quien lo dijo- expresaba más un temor y un deseo que una certeza. En fin, que todo este embrollo de los contratos de la pandemia ha sido tratado con mucha ligereza y desdén por la verdad.

Lo cierto es que el Gobierno regional no ha logrado recuperar ni un solo euro de aquellos cuatro millones que se usaron para tapar agujeros de un par de tipos no muy listos que se habían metido en deudas peligrosas. El dinero se esfumó inmediatamente, y el Gobierno se tomó con una calma infinita lo de recuperarlo. Por eso, a pesar del boliche de la señora Fierro, la verdad es que la Hacienda Canaria no ha logrado aún ingresar nada. En marzo de 2022 se intentó embargar en varios procedimientos las cuentas corrientes de los directivos de RR7, para descubrir que todas las cuentas de la empresa habían sido ya canceladas a principios del año anterior. Y tampoco funcionaron los embargos de crédito, a pesar de realizar más de una docena de intentos. Hacienda no se rindió, siguió inútilmente la pista de los cuartos, y al final planteó el embargo preventivo de tres viviendas y un garaje, propiedad de los directivos de RR7. Ese es el dinero que Fierro dice que se ha cobrado, poco más de 1.300.000 euros que podrían ser llevados a subasta. Pero es improbable que se obtengan las cantidades por las que se valoraron los inmuebles. En este tipo de subastas, los compradores van a por la ganga, y la Administración a recuperar lo que se pueda.

Uno tiene la impresión de que lo ocurrido en la mayor parte de los casos –en el primer caso mascarillas de los cuatro millones, en el segundo de Koldo, en el tercero de Ramírez y Bravo de Laguna, y en todos los que vienen detrás-, sigue un patrón común: la Intervención General ha encontrado en todos ellos irregularidades reiteradas, sin demasiada lógica. Por ejemplo, a nadie pareció importarle que sea frecuente que las empresas contratadas carecieran de capacidad legal para realizar transacciones con la Administración. Y todos los contratos se tramitaron sin serlo como contratos menores, los que hacen las administraciones por cantidades inferiores a 15.000 euros, que tienen un sistema de adjudicación y trámite mucho más simple, sin necesidad de licitación. En realidad, eran contratos multimillonarios, resueltos saltándose a la torera todos los controles, incluso las más obvios. Quien redactara los contratos consideró en todos los casos que bastaba con la instrucción del consejero para tramitar la adjudicación de forma directa. No se siguieron los procedimientos establecidos para situaciones de emergencia, prescindiendo de los preceptivos informes para justificar la necesidad de compra, de la resolución motivada que la explica e incluso de la evidencia de que lo comprado llegó. Las compras se realizaron sin informes, sin orden de contratar, sin que la recepción se recogiera en actas, sin la publicación –es obligatoria- de los contratos en la plataforma del sector público o en el portal de transparencia. Es como si bastara con la decisión política de comprar a una empresa, a cualquiera, para que todos los trámites desaparecieran, incluso el registro de facturas o las actas de recepción. Con esas condiciones no es de extrañar que se colaran materiales inservibles, de los que aún hay millones de unidades durmiendo su inutilidad en los sótanos de los hospitales del Servicio Canario de Salud.

Por eso, una de dos: o los funcionarios responsables de la contratación hicieron en bloque una interpretación muy errónea de las reglas para tramitar compras en situación de emergencia, o alguien dio las instrucciones para que se hicieran así. Entiendo que es mucho más probable lo segundo. Y entiendo también que no debió ser casual que el Gobierno de Canarias se convirtiera en la segunda instancia del país que gastó mal más dinero. Y eso sin entrar en lo de las obras inacabadas del Royal, que va por otro camino.

Doña Nira, no se hizo todo bien. Se hizo todo mal. No nos cuente usted más milongas por encargo.