La primera, en la frente

por | 12 diciembre, 2023 | A babor

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián

Ayer se celebró una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que no se debatió la financiación regional. La cita quedó bastante ensombrecida por las sospechas que despertó la ausencia de la consejera catalana de Hacienda, que explicó su inasistencia al encuentro, el primero que celebra el Consejo en año y medio, en la existencia de un acuerdo bilateral entre Cataluña y el Gobierno Sánchez para resolver la situación de la financiación catalana. La propia ministra tuvo que desmentir que el Gobierno se haya reunido para tratar ese asunto con ERC (es cierto que no se ha producido ninguna reunión) pero los hechos no desmentirán nunca el acuerdo de financiación firmado por el PSOE y Esquerra para rebajar la deuda catalana con el Fondo de Liquidez Autonómica en 15.000 millones y pico de euros, la quinta parte de la deuda total.

Ya con eso, Cataluña debería darse por servida, y en cuanto a las demás regiones, habrá que ver si Hacienda está en disposición de cumplir la promesa del PSOE de quitas de deuda como las de Cataluña. De momento, lo que salió ayer del Consejo fue un desacuerdo entre el conjunto de las regiones (excepto las dos gobernadas por el PSOE y que se rigen por el sistema común de financiación) por la diferencia de trato en torno al déficit que podrán asumir el Estado y las regiones, que -por cierto- tiende el Gobierno Sánchez a olvidar que también son Estado: por eso se ha impuesto a las autonomías, con la complicidad innecesaria de las federaciones del PSOE de Asturias y de Castilla-La Mancha, que el Estado pueda alcanzar hasta un 2,9 por ciento de déficit, frente al misérrimo 0,1 por ciento establecido para las regiones. Es la ley del embudo: Sánchez podrá moverse con un déficit treinta veces superior al de cualquier región española.

Se trata de una hábil golfada, de esas a las que no se presta demasiada importancia, pero que implica muchísimas cosas: las competencias en atención social a los ciudadanos son cosa de las autonomías, el dinero que gastan las regiones se va fundamentalmente en Sanidad, Educación, Servicios Sociales y en menor medida en infraestructuras. Se trata de los rubros que más preocupan a los ciudadanos. El Estado, sin embargo, no se gasta un euro en esas áreas sociales, pero quema pasta en saraos y festejos y acumula un déficit que al final se paga con los impuestos de todos.

Sánchez comienza a definir el tipo de mecanismo con el que va a actuar su Gobierno rodeado de regiones pintadas de azul: impedir gastar a las Autonomías todo el dinero que consigan por encima del presupuesto, o el que llegue del Estado sin estar incorporado a los presupuestos. Cualquier ahorro no previsto, o incluso cualquier recaudación por encima de lo presupuestado, tendrá que dedicarse a pagar deuda, reduciendo así la deuda total, mientras el Estado podrá endeudarse hasta el 2,9 por ciento del PIB para financiar operaciones como la quita de la deuda catalana.

Sánchez se reserva la acción política, deja a las regiones sin capacidad de gasto, e intenta compensar la jugada con una operación de trilerismo financiero que es puro maquillaje: como ejemplo, Canarias supo ayer mismo, en plena reunión del Consejo, que en 2024 recibirá más financiación que en cualquier otro año del pasado: 6.017 millones saldrán del propio sistema, con mayores recursos que nunca, y 1.320 serán resultado de la liquidación del Estado por lo no abonado en el año 2022. En total, suponen unos 230 millones más de lo que la señora Asián consiguió incorporar en los presupuestos regionales para el próximo año, que están a punto de terminar de tramitarse en Parlamento. No es que se haya tenido un trato extraordinario con Canarias, es que la inflación hincha el dinero público: se recauda más, porque los impuestos indirectos gravan productos que cuestan más. Pero esos recursos de más –que no permiten hacer más, sino hacer lo mismo pagando más por ello, llegan lastrados, cautivos: si el Parlamento no consigue introducir el aumento en los presupuestos, y ya es difícil que lo logre, la mayor parte de esos recursos no podrá gastarse en 2024 –lo impide la regla de gasto, que vuelve por sus fueros este próximo año- y tendrán que dedicarse a amortizar deuda. La operación se hace con todas las regiones: las cifras a repartir suponen 20.000 millones más, casi un 15 por ciento por encima de este año.

Personalmente, no me parece mal que se pague deuda: al contrario que la mayoría, creo que todos los gobiernos despilfarran. Lo que me parece una vergüenza es que la deuda la vuelvan a pagar los territorios que más han cumplido, mientras Sánchez y sus socios catalanes pueden seguir quemando pólvora de rey.