La declaración del hermanísimo -David Azagra- ante la juez que instruye su caso, se ha convertido en uno de los éxitos de la temporada. Uno no sabe si se trata de un triller judicial o de una comedia surrealista, o –ahora que está de moda lo no binario- es género hibrido. Todo eso da exactamente igual, como también da igual que el hermano de Sánchez sea incapaz de explicar en qué consiste su trabajo en la jefatura del departamento de Artes Escénicas, dónde trabaja a diario, a quién o quienes manda en calidad de jefe, o qué se habría hecho en los años en los que a él le han pagado por no hacer nada. Es muy fuerte, pero las respuestas (más bien no-respuestas) del hermanísimo a la jueza, lo que hacen es poner de manifiesto que quien tiene una buena cuña, un pariente que mande lo suyo, no tiene por qué prepararse la tarea, aunque esta sea tan crucial como saber qué contestar a un juez cuando acudes a declarar en calidad de investigado.
Coincidiendo con el logro de Azagra al demostrar que no sabe ni qué, ni dónde, ni cómo, ni cuándo, Patxi López presentaba en el Congreso de los Diputados una proposición de ley cuya función principal es desmontar los procedimientos en curso contra la mujer del César, su hermano y su Fiscal, un proyecto presentado por el PSOE y no por el Gobierno para evitar tener que someterse al filtro previo del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal. Sánchez pretende cargarse la acusación popular como mecanismo de llevar a alguien a los tribunales, y de paso evitar que puedan usarse las informaciones periodísticas para iniciar un proceso de investigación. Llega tarde, porque eso es algo que ya admite el Supremo, que exige más que meros recortes de prensa para iniciar un procedimiento.
En realidad, lo que plantea el sanchismo es un traje a medida para evitar que los casos judiciales que afectan a la familia presidencial y al Gobierno puedan prosperar. Se trata, lisa y llanamente, de forzar en medio del partido un cambio de reglas ‘ad hoc’, que impida que los juicios concluyan, y que –en el caso del Fiscal- que pierdan parte de su enjudia. Se trata de otra muesca en la culata del pistolón de Sánchez para lograr el control de la Justicia y el retroceso del Estado de Derecho.
El Gobierno lleva años –prácticamente desde que Sánchez logró la presidencia con la censura a Rajoy que iba a acabar con la corrupción- haciendo todo lo que puede por controlar el poder judicial. Ahora el PSOE se adelanta con su propuesta de Ley Orgánica a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se quiere eliminar la capacidad de los jueces para instruir, dejando la iniciativa exclusivamente a la fiscalía. Es un modelo que funciona en otros países con tradiciones jurídicas diferentes a las nuestras. Pero con el sometimiento explícito de la Fiscalía al Gobierno, cuando Sánchez ha colocado a un mandado en la Fiscalía General, no parece razonable plantear ese debate. Además, está el control total del Constitucional, el reparto a pachas del Consejo General del Poder Judicial y dos años metiendo el miedo en el cuerpo a jueces y periodistas.
La ley orgánica que propone ahora el PSOE es otro peldaño más en el desmontaje del Estado de Derecho, y el deslizamiento creciente hacia la arbitrariedad y el autoritarismo, de un Gobierno construido sobre concesiones políticas a sus socios y apoyos en el mismo límite de la legalidad. Primero fue la alteración de leyes clave, como la derogación de la sedición o la reducción de penas por malversación, para favorecer al secesionismo, algo imprescindible para que el gobierno Sánchez mantuviera sus apoyos parlamentaria. Después la amnistía, que pasó en el propio discurso del PSOE de ser anticonstitucional a un acto de responsabilidad, y se planteó –como las decisiones previas- a cambio de amarrar los votos para que Sánchez pudiera continuar en Moncloa, ajustando la legalidad al interés personal de Sánchez. Y ahora, tras la apertura de causas judiciales a su entorno familiar y político, Sánchez y sus ministros se han lanzado a una operación de sistemático acoso a la independencia judicial y a la separación de poderes, para blindar al poder político y reducir los contrapesos del sistema.
A eso se une la trasformación del PSOE en un partido cesarista, en el que ha desaparecido la democracia interna, y todos los procesos los decide el secretario general, un discurso viciado del mismo populismo que se atribuye a los otros y una polarización impostada, cuyo objetivo es hacer desaparecer el centro político, y situar a los partidos nacionalistas en su bando. Sánchez hace un uso indebido del poder, erosiona las instituciones y crea un ambiente político polarizado y autoritario, ninguneando el papel de la oposición, y de la cultura política del consenso y el acuerdo. Y cuando ni eso es suficiente, manipula con descaro las leyes.
